El informe, presentado en el marco del proyecto 'Observatorio del derecho de asilo, las migraciones forzadas y las fronteras', financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), concluye que el acuerdo UE-Turquía, junto al cierre de las fronteras en la ruta de los Balcanes y el "inexcusable fracaso del proceso de reubicación", han provocado que más de 62.000 personas se encuentren "atrapadas en un país imposibilitado para garantizar una acogida digna acorde con la Directiva Europea de acogida ni de ofrecer una protección adecuada".
Según la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, Europa "ha jugado con la situación geográfica de Grecia y las fronteras de los países vecinos para convertir a este país en el gran campo de refugiados de la UE, convirtiéndose en un obstáculo insuperable en la ruta de los refugiados".
Tras una misión realizada por CEAR el pasado abril tanto a la península como a varias islas griegas, la organización denuncia que tras la entrada en vigor del Acuerdo UE-Turquía se han producido un total de 899 devoluciones desde Grecia a Turquía. Si el número de llegadas disminuyó drásticamente, el número de muertes tras un año del acuerdo alcanzó las más de 4.800, un 25% más que el mismo periodo del año anterior.
En las islas se ha establecido un procedimiento diferente al de la península, con un criterio basado en la nacionalidad que resulta discriminatorio y contrario a la Convención de Ginebra.
Vulnerabilidad
CEAR se queja también de que los procedimientos de petición de asilo son incapaces de determinar con rigor el grado de vulnerabilidad de los solicitantes, y los recursos de acogida provisionales que se pusieron en marcha en los primeros meses eran dispositivos de emergencia que, en muchos casos, se han convertido en dispositivos de acogida de largo plazo a pesar de no cumplir las condiciones mínimas requeridas para ello.
CEAR ha documentado que los menores no acompañados no están teniendo acceso a recursos de acogida específicos, dado que el Estado griego no cuenta con suficientes plazas, así como casos de trata, abuso y grave deterioro. Ante esta situación, CEAR hace un llamamiento al Estado español y al resto de administraciones públicas para que se impliquen en el traslado y acogida urgente de estos menores.
"Es particularmente grave la situación de las mujeres refugiadas dado que se recoge un aumento en las denuncias de agresiones sexuales, violencia e instrumentalización. A esto se le añade la frustración y a las malas condiciones de vida dentro de los centros", afirma CEAR en un comunicado.
Como conclusión, la coordinadora de Incidencia y Participación Social, y coautora del informe, Nuria Díaz, lamentó que la situación que viven las personas refugiadas en Grecia es la prueba de que "mientras la Europa de los derechos humanos se desvanece, la Europa Fortaleza se hace más sólida".
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