En una rueda de prensa extraordinaria junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, Puigdemont valoró que el órgano fiscalizador que preside Ramón Álvarez de Miranda haya citado para el 25 de septiembre a Artur Mas y otros 10 exconsejeros y altos cargos catalanes para que asuman el coste de la organización del 9-N.
Junto a Mas han sido citados tres de sus exconsejeros -Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau-, así como otros siete altos cargos de la Generalitat, a los que se reclama el pago de 5 millones de euros por usar dinero público para la consulta separatista de 2014.
A este respecto, Puigdemont explicó que esta misma tarde se había reunido, junto a Junqueras, con Mas y las otras personas a las que se reclama que reintegren con su patrimonio el dinero público usado para la convocatoria del 9-N.
CREAR "MIEDO"
El presidente catalán tildó la exigencia de este dinero a estas personas de "represalia económica contra el éxito democrático" del 9-N y estimó que es un "salto cualitativo" del Estado en su estrategia de crear "miedo" para impedir el referéndum del 1-O.
Defendió que el Tribunal de Cuentas ha dado este paso mediante una "interpretación torticera" de la normativa y saltándose "muchas garantías", puesto que, a su juicio, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda no ha podido examinar todos los informes que se le han presentado en esta causa.
En todo caso, Puigdemont aseguró que ni estas multas ni una suspensión de la Ley del Referéndum impedirán la votación del 1 de octubre, sobre cuya convocatoria y aprobación dijo que "va a ser esta semana". Añadió que deja a los diputados de Junts pel Sí la decisión de si el Pleno para aprobar la norma de la consulta y la llamada Ley de Desconexión se hace este miércoles o el viernes.
Si (
No(
