Ciudadanos quiere que el Congreso manifieste su apoyo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña "y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña".
El texto hace extensivo ese apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor "garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña".
Además, insta al Gobierno a impedir "la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum de secesión" suspendido por el Tribunal Constitucional.
Finalmente, expresa el apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, "al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia".
En la exposición de motivos, Ciudadanos desgrana los hechos "más graves" cometidos por los responsables de la Generalitat de Cataluña que imponen a los poderes públicos "el deber de actuar de forma decidida en defensa de la ley, del Estado de Derecho y, por todo lo anterior, de nuestra democracia".
Se remonta a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y a la aprobación en el Parlamento de Cataluña del "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente" y del emplazamiento a "desobecer" a las demás instituciones.
"Tras el poco sorprendente fracaso de esta promesa, el nuevo desafío independentista ahora pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la consiguiente proclamación de la República Catalana, todo ello para el caso de que esta sea avalada en la votación que supuestamente ha de celebrarse próximo día 1 de octubre de 2017", prosigue el texto.
Para ello, se destinaron fondos públicos en marzo, y los independentistas impulsaron una reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña para, "menoscabando los trámites parlamentarios y, por tanto, la democracia, facilitar la posterior aprobación de una Ley de Transitoriedad Jurídica que activará, según aseguraban sus promotores, la ruptura con el Estado español en un plazo de escasas 24 horas" tras esa consulta.
Finalmente, la coalición independentista "impuso su voluntad de forma ilegal y, una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria realmente representativa de los ciudadanos catalanes", y aprobó la ley que regula esa consulta, convocada oficialmente para el 1 de octubre.
Frente a ese "desafío al orden constitucional", la formación quiere mostrar el apoyo a las instituciones, funcionarios y ciudadanos "para que, no ejerciendo otra cosa que la ley, se impida la organización y la celebración del referéndum de secesión de Cataluña, garantizando en todo caso la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, de los ciudadanos de Cataluña".
Una vez que la respuesta del Estado "ya ha comenzado", Ciudadanos subraya que "será la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre la ley" y la respuesta de los demócratas "ante ese golpe insólito a la democracia ha de ser unánime".
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