La norma garantiza una financiación pública de la I+D+i estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del Producto Interior Bruto. Además, el Ejecutivo ha aprobado la primera ley estatal sobre los derechos de los animales, que persigue poner fin al maltrato, el abandono y determinadas prácticas consideradas crueles.
