Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.
Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados el pasado 28 de marzo de 2025 en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, por un fraude fiscal multimillonario relacionado con el IVA. Esta sentencia es resultado de la investigación conocida como Goliath, llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo.
Los acusados enfrentaron cargos de asociación delictiva y fraude fiscal a gran escala mediante un esquema denominado "fraude del carrusel del IVA". Este complejo mecanismo se aprovecha de las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, que están exentas del impuesto al valor agregado. Según los informes judiciales, las actividades ilegales de los condenados causaron daños por un total aproximado de 26 millones de euros.
La investigación reveló que los condenados habían creado empresas en Alemania y otros países de la UE, así como en naciones no pertenecientes a la Unión, para comercializar productos electrónicos de consumo, principalmente AirPods. Estas empresas operaban a través de una cadena fraudulenta compuesta por comerciantes desaparecidos que eludían sus obligaciones fiscales. Posteriormente, otras entidades dentro de esta red fraudulentas reclamaban reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión. Además, el tribunal ordenó la confiscación de activos por un valor aproximado de 320 000 euros. Por su parte, el gerente 'de facto', un ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses, con confiscación también establecida por hasta 211 000 euros.
En cuanto al tercer acusado, un ciudadano húngaro, se decidió terminar los procedimientos legales a cambio del pago de una multa monetaria de 75 000 euros, conforme a lo estipulado en la Sección 153a del Código Procesal Penal alemán.
Estas son las primeras condenas en la investigación Goliath, aunque aún están sujetas a apelación. Otros sospechosos siguen bajo investigación.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y tiene como responsabilidad investigar y procesar delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Daño causado por actividades ilegales | €26 millones |
| Sentencia del director formal (ciudadano danés) | 5 años y 2 meses |
| Confiscación de activos del director formal | €320,000 |
| Sentencia del 'de facto' manager (ciudadano turco) | 5 años y 9 meses |
| Confiscación de activos del 'de facto' manager | €211,000 |
| Multa pagada por el tercer acusado (ciudadano húngaro) | €75,000 |
La investigación Goliath es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, que ha resultado en la condena de los líderes de un grupo criminal internacional por fraude fiscal multimillonario relacionado con el IVA.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. El 'de facto' gerente, un ciudadano turco, recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. Además, se ordenó la confiscación de activos por un total de aproximadamente €320,000 y €211,000 respectivamente.
Se trató de un fraude conocido como "carousel fraud" o fraude en cadena del IVA, donde se aprovechaban de las reglas de exención del IVA en transacciones transfronterizas dentro de la UE mediante la creación de empresas que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
El tribunal estableció que el daño causado por las actividades ilegales ascendió a aproximadamente €26 millones.
Los procedimientos contra el tercer acusado, un ciudadano húngaro, fueron terminados tras el pago de una multa monetaria de €75,000.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.