La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado de "urgente" la aprobación de la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Lopivi). Durante su intervención en el Congreso, destacó que esta ampliación busca reforzar la prevención y reparación para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Rego anunció que el texto está listo y espera su revisión final por otros ministerios. La propuesta incluye eliminar el límite de edad para escuchar a menores en procesos judiciales, reconocer la violencia institucional y garantizar derechos a las víctimas de violencia sexual. También se amplía el plazo de prescripción de delitos sexuales contra menores y se establece formación obligatoria para profesionales que trabajen con infancia.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado de «urgente» la necesidad de aprobar la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Lopivi). Este esfuerzo busca fortalecer tanto la prevención de las violencias como el acompañamiento y reparación para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.
En su intervención en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, Rego anunció que su departamento tiene listo el texto para ampliar esta ley. Actualmente, se encuentra a la espera de las «aportaciones finales del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes». La ministra enfatizó la importancia de que este texto sea presentado ante el Consejo de Ministros en las próximas semanas.
La titular del ministerio recordó que su propuesta elimina el límite de 12 años para que los menores sean escuchados obligatoriamente en procesos que les afecten. Además, subrayó que existe una responsabilidad social en romper el silencio que durante años ha mantenido oculta la violencia en el ámbito privado, tratándola como un asunto no público.
Rego también hizo referencia a la reciente Encuesta sobre ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España’, publicada por su ministerio. Esta encuesta revela que «la violencia no es simplemente una suma de casos, sino una estructura cultural que se manifiesta en rutinas y relaciones», incluso dentro de algunas instituciones. Por ello, uno de los aspectos más relevantes de esta norma será el reconocimiento de la violencia institucional, asegurando que cualquier omisión o práctica que comprometa la protección infantil sea debidamente identificada e investigada.
Además, Rego destacó que la ampliación de la Lopivi incluirá garantías para el derecho a reparación para aquellos menores víctimas de violencia sexual. Estos serán considerados titulares plenos del Estatuto de la Víctima. El texto legislativo también propone establecer una Comisión para el Reconocimiento de víctimas de violencia sexual, abarcando tanto instituciones públicas como privadas.
Otra modificación significativa es la ampliación del plazo de prescripción para delitos sexuales contra menores. Este plazo se extenderá diez años, comenzando a contar desde los 45 años en lugar de los 35 actuales. Asimismo, se contempla incluir la violencia de género entre los delitos que restringen el ejercicio profesional relacionado con menores.
Finalmente, Sira Rego mencionó que uno de los pilares fundamentales del nuevo marco legal será garantizar formación obligatoria y especializada para todos los profesionales involucrados con menores, incluyendo educación, sanidad y servicios sociales. Esto tiene como objetivo asegurar una detección precoz adecuada y evitar situaciones de revictimización.
Sira Rego ha señalado que es urgente aprobar la ampliación de esta ley para reforzar la prevención de violencias y el acompañamiento y reparación de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia.
La propuesta elimina el límite de 12 años para que los menores sean escuchados obligatoriamente en los procesos que les afecten.
Rego menciona que la violencia no es solo una suma de casos, sino una estructura cultural que se transmite en rutinas y relaciones, incluso en instituciones.
La ampliación garantiza el derecho a la reparación para las personas menores de edad víctimas de violencia sexual, otorgándoles plenos derechos bajo el Estatuto de la Víctima.
Se amplía en diez años el plazo de prescripción de estos delitos, comenzando a contar desde que la víctima cumple 45 años.
La ley contempla formación obligatoria y especializada para todos los profesionales que trabajan con infancia, con el fin de garantizar detección precoz y evitar revictimización.