La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han destacado la importancia de abordar la situación de la infancia migrante no acompañada en Ceuta, priorizando siempre el interés superior de los menores. En una reunión reciente, ambas autoridades coincidieron en que es fundamental acoger a estos niños en la península para garantizar su bienestar y aliviar las condiciones en la ciudad autónoma. También se discutieron los retos en la reagrupación familiar y la necesidad de políticas públicas que protejan a los menores frente a la violencia, incluyendo reformas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han coincidido en la importancia de que todas las acciones relacionadas con la infancia migrante no acompañada se realicen «preservando con todas las garantías el interés superior de niños y niñas y asegurando el pleno ejercicio de sus derechos». Esta declaración se produjo durante una reunión celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Ambas autoridades discutieron diversas estrategias para proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. En este contexto, tanto Rego como Peramato subrayaron que el marco legal español e internacional exige que cualquier medida adoptada priorice el interés superior del menor.
La ministra Rego enfatizó la necesidad de trasladar a los niños, niñas y adolescentes migrantes a la península. Según sus palabras, esta acción «contribuiría a garantizar unas condiciones adecuadas para su atención y bienestar y, al mismo tiempo, permitiría aliviar la situación que atraviesa la ciudad autónoma».
Además, Rego abogó por avanzar hacia un enfoque que coloque los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas, promoviendo así una corresponsabilidad entre todas las administraciones implicadas.
Durante el encuentro también se abordaron las dificultades señaladas en diversas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado respecto a los procesos de reagrupación familiar en Marruecos. Este tema es crucial para asegurar que los menores puedan reunirse con sus familias cuando sea posible.
Asimismo, se discutieron otros aspectos relacionados con la protección infantil frente a situaciones de violencia. Las ministras analizaron los avances logrados y los desafíos pendientes para fortalecer los mecanismos destinados a prevenir, detectar y proteger a los menores. También hicieron hincapié en la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que aseguren entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.
Sira Rego y Teresa Peramato trataron sobre la reciente modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada por el Consejo de Ministros. Esta ley busca «reforzar las garantías de protección» para los menores.
Entre las medidas incluidas en esta legislación, Rego destacó «garantías efectivas para que todos los niños sean escuchados sin importar su edad», así como una prohibición explícita del denominado síndrome de alienación parental y sus reformulaciones. Esto busca evitar que tales conceptos sean utilizados en detrimento de los derechos y protección infantil.
La ministra Sira Rego y la fiscal Teresa Peramato coinciden en que cualquier actuación relacionada con la infancia migrante no acompañada debe llevarse a cabo preservando el interés superior de los niños y niñas, garantizando así el pleno ejercicio de sus derechos.
Rego ha enfatizado que acoger a los niños, niñas y adolescentes migrantes en la península contribuiría a asegurar condiciones adecuadas para su atención y bienestar, además de aliviar la situación actual de Ceuta.
Durante la reunión se abordaron las dificultades para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos, según lo expuesto en memorias anuales de la Fiscalía General del Estado.
Se discutieron avances y retos pendientes para reforzar mecanismos de prevención, detección y protección contra la violencia, así como el desarrollo de políticas públicas que garanticen entornos seguros para los menores.
La LOPIVI ha sido modificada para reforzar las garantías de protección infantil, incluyendo medidas como garantizar que todos los niños sean escuchados independientemente de su edad y prohibir el síndrome de alienación parental.