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Aguirre, Cifuentes y políticos, funcionarios y empresas imputados por corrupción

Aguirre, Cifuentes y políticos, funcionarios y empresas imputados por corrupción

martes 03 de septiembre de 2019, 00:05h
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha imputado por financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en el marco de la trama Púnica, que investiga la financiación irregular del PP regional.

El magistrado ha citado también a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes el 14 de octubre, así como a Indra, como persona jurídica, y a su expresidente Javier Monzón, que tendrán que acudir al juzgado el próximo 4 de octubre. En cuanto a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, deberán declarar el 1 y 18 de octubre, respectivamente.

Una cuarentena de responsables políticos, funcionarios y de empresas conforman el listado de investigados a los que se les imputa hasta nueve delitos como pertenencia a organización criminal, falsedad documental, prevaricación de funcionarios publicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada o apropiación indebida.

Entre ellos, destacan nombres como el del exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, el del exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo, y el de su consejero delegado, José Martínez Nicolás. Por otra parte, el expresidente madrileño Ignacio González tendrá que declarar ante el juez el próximo 17 de octubre.

El auto señala que el PP empleó "mecanismos ilícitos" hasta 2011 para ocultar que sus campañas sobrepasaban el techo de gasto electoral, "sirviéndose del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales".

A Esperanza Aguirrre se le atribuye "la supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería", además se desprende que la presidenta "se habría apoyado en Ignacio González y Francisco Granados para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros".

Por parte de Cifuentes, se advierte la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid: "Participaría en el concierto Cristina Cifuentes y una funcionaria (Tatiana Recoder), quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica.

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