Alerta: España está en "sequía meteorológica"

Como afirma el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, las aguas subterráneas constituyen ya el 50% del volumen de agua extraída para uso doméstico y el 25% del agua extraída para el riego; no obstante, a pesar de su importancia y de ser una reserva estratégica, la gestión de las aguas subterráneas es deficiente y su estado de sobreexplotación preocupante (WWDR 2022).

En España la situación y gestión de las aguas subterráneas, como la del conjunto de los recursos hídricos, no es buena. De hecho, el propio Gobierno reconoce que un 40% de las masas de agua superficial (ríos, lagos y aguas costeras) y un 45% de las masas de agua subterránea no se encuentran en buen estado (Estrategia España 2050). “Es urgente trabajar y actuar para revertir esta situación. De lo contrario se pone en grave riesgo el abastecimiento humano, la producción de alimentos y la supervivencia de muchos de los ecosistemas de nuestro país”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.

A este problema, ya estructural del estado, de las masas de agua, se une el hecho de que, de acuerdo a los últimos datos de AEMET, España se encuentra en estado de “sequía meteorológica” al haberse registrado en este invierno una reducción de lluvias del 55% y al ser el segundo más seco en las seis décadas de las que tenemos registros. A pesar de las lluvias de los últimos días, el agua embalsada apenas alcanza el 44% y el Gobierno acaba de aprobar un nuevo Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. “La aprobación de un decreto de sequía es siempre una mala noticia, porque es el resultado de la ausencia de estrategias adecuadas de mitigación, planificación, vigilancia y anticipación, que deben y pueden evitar estas situaciones de emergencia”, afirma Pilar Paneque, responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía. En realidad, “la actual sequía —completamente normal en nuestro clima peninsular— no hace sino acentuar el estado permanente de estrés hídrico, sobreexplotación y contaminación de nuestras aguas, que es lo que realmente debería preocupar y ocupar a las administraciones responsables y sobre lo que se debería informar a la ciudadanía”, añade.

Este tipo de situaciones serán cada vez más recurrentes y frecuentes como consecuencia del cambio climático, como recoge el sexto informe del IPCC, publicado este año, que indica que, por cada grado de aumento de las temperaturas globales, aumentarán los riesgos de sequía e inundación y los daños sociales a escala planetaria. Este informe confirma que el impacto de las sequías ha aumentado en todo el mundo y especialmente en las regiones del sur mediterráneo, debido al aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos y a la vulnerabilidad de los sistemas. Además, alerta también del previsible aumento de otros peligros naturales con especial incidencia en España, como las olas de calor y los incendios forestales. En este contexto, “es urgente prestar atención al efecto combinado de las sequías con otros peligros naturales que pueden tener un efecto multiplicador de los impactos y plantear nuevos modelos de análisis y gestión que aborden estrategias de adaptación integrales”, declara Jesús Vargas, desde el Observatorio Ciudadano de la Sequía.

A este contexto de mala calidad de nuestras aguas y de escasez hídrica, se suman otras realidades que debemos recordar en este Día Mundial del Agua como:

• El incremento exponencial de la ganadería industrial en España, que conlleva un aumento de las presiones sobre los recursos hídricos: por un lado, una mayor demanda de agua para dar de beber a los más de 900 millones de animales sacrificados en 2021 y para la producción de los piensos y forrajes que los alimentan y, por otro lado, una ingente producción de excrementos que genera contaminación por nitratos tanto del agua superficial como de los acuíferos. Esto supone un problema grave que ha obligado a la Comisión Europea a llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
• La falta de un control suficiente por parte de las administraciones del más de un millón de pozos ilegales que se reparten por toda nuestra geografía. A través de ellos se estima que se está extrayendo anualmente el equivalente al consumo de agua de 118 millones de personas. Esto supone esquilmar nuestras reservas estratégicas de agua —que ya se encuentran en un estado grave de sobreexplotación y contaminación— y asumir una situación de permanente incumplimiento de la legalidad.
• La emergencia climática aumenta y agrava riesgos como las olas de calor, las sequías o los incendios forestales que, a su vez, empeoran los procesos erosivos y de desertificación. Precisamente, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Bosques y es necesario también recordar la importancia del binomio agua-bosques. La falta de una gestión forestal adecuada genera afecciones en los caudales que aportan las cuencas de cabecera, tanto en el flujo medio anual de los principales ríos españoles como en la infiltración de agua, que es esencial para la recarga de los acuíferos.

Desde Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía proponemos una serie de demandas a las administraciones responsables de la gestión del agua para proteger y garantizar el acceso equitativo y de calidad al agua a todas las personas y ecosistemas de nuestro país:

1. Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica que responda al actual contexto de cambio climático.
2. Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
3. Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío al ser éste el mayor consumidor (80% del total).
4. Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y asambleas ciudadanas.
5. Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
6. Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
7. Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua, a través de una transición hidrológica justa.
8. Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.
9. Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
10. Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal —que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos— para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua (gestión ecohidrológica).