12/07/2023@12:27:58
Escaladores de Greenpeace han desplegado una pancarta de 14 metros en la puerta de Alcalá, en el centro de Madrid, en la que se puede ver a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo quemados y sudorosos, sufriendo los efectos del cambio climático en su piel.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se oponen a que, con la excusa de acelerar el despliegue en la energía renovable, se modifiquen las directivas claves para la conservación de la naturaleza.
Greenpeace denuncia que el ritmo de consumo actual implica un derroche de materias primas, de agua potable y de energía, insostenible para el planeta. De hecho, en España consumimos a un ritmo dos veces más rápido de lo que necesitaríamos para poder regenerar el medioambiente.
Ocho oficinas de Greenpeace emprenden acciones legales contra la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la Unión Europea (UE), la taxonomía.
El plan REpowerEU presentado por la Comisión Europea pide potenciar el transporte público para dejar de depender del petróleo ruso, sin embargo, en el último mes la Comunidad de Madrid ha recortado hasta un 15% el servicio en Metro de Madrid, mientras que el Ayuntamiento ha retirado autobuses de 16 líneas de EMT.
La organización denuncia que Naturgy es la mayor compradora de gas ruso en España y le pide, como al resto de energéticas, que dejen de importar y quemar combustibles fósiles rusos.
Greenpeace ha calculado los ‘beneficios inmorales’ de las petroleras, cuyos márgenes han subido desproporcionadamente desde el inicio de la guerra. Solo en España, ingresan 7,6 millones de euros adicionales al día, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras.
En respuesta al Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra presentado hoy en el Consejo de Ministros, Greenpeace considera que son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, pero lamenta la poca implicación de las empresas que se están beneficiando de esta crisis.
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Ante la entrada en vigor del embargo de la UE al crudo ruso, Greenpeace ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y especialmente al Gobierno español y los autonómicos y locales para que introduzcan medidas que reduzcan el consumo de petróleo de forma rápida.
Las organizaciones ecologistas celebran que, al fin, se haya abierto un expediente sancionador a Ecoembes por el organismo competente en la vigilancia de la competencia, ante el comportamiento irregular continuado del único sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para los envases domésticos en España.
En el 50º aniversario de la declaración del 5 de junio como Día Mundial del Medioambiente, Greenpeace España celebra los avances conseguidos durante este medio siglo, aunque denuncia que no han sido suficientes para evitar la actual crisis climática y de biodiversidad.
Gazprom, Lukoil y Rosatom han utilizado estrategias de lobby para influir en la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la categoría de inversiones sostenibles de la UE. Tal y como sostiene Greenpeace, estas empresas se han reunido al menos 18 veces con comisarios y altos funcionarios de la UE.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado en rueda de prensa una batería de diez propuestas para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica.
La Comisión Europea publicó ayer una propuesta para actualizar la Directiva sobre emisiones industriales, una normativa que exige que las instalaciones industriales altamente contaminantes, tales como centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de residuos, fábricas de productos químicos y la ganadería intensiva, reciban permisos nacionales para operar y limitar sus emisiones contaminantes.
La Alianza Residuo Cero lamenta que los grupos políticos no apuesten por medidas concretas hacia la reducción en origen de los residuos, tanto en cantidad como en toxicidad, aunque aplaude la introducción de medidas de fiscalidad ambiental contra los tratamientos finalistas y la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor para que los fabricantes asuman los costes asociados a la gestión y limpieza de los residuos en entornos urbanos y naturales.
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