Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado un protocolo al Gobierno para inspeccionar barcos con destino a Israel en puertos españoles. Este protocolo busca incautar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto palestino. Santiago destacó la necesidad de regular la supervisión de buques civiles y garantizar que no se permita el tránsito de material bélico, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional. La iniciativa surge tras múltiples denuncias y tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica a las autoridades portuarias en su labor de retención de carga militar.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en el Congreso un nuevo 'Protocolo especial de inspección de buques o carga con destino al Estado de Israel'. Este protocolo está diseñado para aquellos barcos que atracan en puertos españoles y que podrían estar transportando material bélico destinado a ser utilizado en el genocidio contra el pueblo palestino. La propuesta será enviada a las autoridades competentes del Gobierno de coalición con la intención de que se evalúe su aplicación y se convierta en ley lo más pronto posible.
Santiago ha señalado que esta iniciativa surge tras haber tenido que combinar advertencias políticas con denuncias ante la Fiscalía General del Estado para prevenir actuaciones ilegales relacionadas con este tema. Hasta ahora, se han registrado cinco denuncias firmadas por Izquierda Unida y como portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar. Con el protocolo presentado, se busca abordar esta problemática: “No pedíamos que los barcos no atracaran en España, sino que lo hicieran y se implementaran las medidas cautelares dictadas por los tribunales para bloquear el material militar dirigido a Israel”.
El portavoz recordó que desde hace 14 meses, la escalada de violencia del régimen israelí contra los palestinos ha llevado a la Corte Internacional de Justicia a emitir varias medidas cautelares. Estas medidas, dictadas el 24 de enero, 28 de marzo, 24 de mayo y 19 de junio pasados, ordenan impedir la llegada de suministros militares que puedan contribuir al genocidio en Gaza. Además, instan a poner a disposición del tribunal los materiales que demuestren la realización de estos crímenes.
Asimismo, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios por crímenes de guerra. Santiago también destacó que España tiene la obligación legal de evitar el tránsito de este tipo de material bélico por su territorio, respaldándose en la legislación nacional y tratados internacionales como la Ley 53/1997 sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado en Nueva York en abril de 2013.
“Desgraciadamente -afirmó- hemos encontrado una situación complicada”, un hecho corroborado no solo por sindicatos y organizaciones como RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina), sino también por autoridades portuarias que han indicado que no existe una regulación clara para impedir este tránsito. Por ello, Santiago subrayó que el protocolo tiene como objetivo principal regular la supervisión e inspección de todos los buques civiles con destino a Israel o su carga cuando hagan escala en puertos españoles.
Además, enfatizó que dada la continua amenaza para la población civil palestina por presuntos crímenes internacionales, es necesario aplicar este protocolo mediante una ley o real decreto que le otorgue carácter normativo. En caso de detectar dicha carga, será esta última y no el barco quien deberá ser retenida, informando tanto a la Corte Penal Internacional como a la Corte Internacional de Justicia sobre lo hallado.
A preguntas sobre las acciones futuras, Santiago reiteró su compromiso: “Haremos todo lo posible” para obtener rápidamente el visto bueno del Gobierno respecto al protocolo. Esto permitiría establecer una “situación de seguridad jurídica” para todas las autoridades portuarias encargadas de intervenir en la retención del material susceptible de uso militar vinculado al genocidio del pueblo palestino.
El protocolo es un 'Protocolo especial de inspección de buques o carga con destino al Estado de Israel', que busca regular la inspección de barcos que atraquen en puertos españoles y puedan transportar material bélico destinado a ser utilizado en el conflicto con Palestina.
El objetivo principal es asegurar que no se permita la llegada de suministros militares a Israel que puedan contribuir al genocidio en Gaza, conforme a las medidas cautelares emitidas por la Corte Internacional de Justicia.
Antes de presentar el protocolo, Izquierda Unida había registrado hasta cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado para tratar de evitar actuaciones ilegales relacionadas con el tránsito de armas hacia Israel.
España está obligada a impedir la circulación de material bélico por su legislación nacional, incluyendo la Ley 53/1997 sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado en 2013.
Si se aprueba, el protocolo deberá tener un contenido normativo que puede ser a través de una ley, un real decreto u otro mecanismo que lo convierta en norma. Se regulará la supervisión e inspección de todos los buques civiles con destino a Israel.
En caso de encontrar carga militar, será esta carga y no el barco lo que deberá ser retenido, y se dará cuenta a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia sobre lo detectado.