Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno que consulte al Consejo de Estado sobre la adecuación constitucional y a la normativa europea de la comisión de investigación sobre RTVE, impuesta por el Partido Popular en el Senado. Francisco Sierra, portavoz de IU en temas de Comunicación, argumenta que esta comisión podría afectar la independencia de los medios públicos y ser utilizada para presionar a RTVE. La iniciativa busca garantizar la autonomía del servicio público audiovisual y propone crear un Consejo Estatal de Medios de Comunicación. Además, se demanda un marco normativo que proteja a los profesionales de los medios frente a campañas de acoso político y mediático.
Izquierda Unida ha condenado la imputación de Estados Unidos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su supuesta vinculación con el derribo de dos avionetas hace 30 años. IU califica esta acusación como cínica y parte de un recrudecimiento de la hostilidad estadounidense hacia Cuba. La organización política denuncia que estas acciones son una excusa para justificar un posible ataque militar y exige el fin inmediato del bloqueo económico impuesto por EE.UU., que ha causado graves daños al pueblo cubano. Además, IU solicita al Gobierno de España y a la Unión Europea un rechazo contundente a las acciones estadounidenses y llama a la movilización en defensa de la soberanía cubana.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía, ha presentado en Cádiz una proposición de ley para erradicar las 'listas negras' que utilizan algunas empresas para amedrentar a sus trabajadores. Esta iniciativa busca proteger la libertad sindical y el derecho de huelga, prohibiendo la elaboración de listados que discriminen a empleados por su actividad sindical. La propuesta incluye modificaciones al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estableciendo sanciones severas para quienes realicen persecuciones laborales. Maíllo destacó la importancia de esta reforma para garantizar condiciones laborales dignas y combatir la precarización en sectores como el metal y la hostelería.
Francisco Sierra, diputado de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, ha expresado su total apoyo a las demandas de la 'Plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha'. Esta plataforma, que representa a profesionales de los medios públicos en España, busca la implementación urgente del Reglamento Europeo de Libertad de Medios para garantizar la autonomía y calidad democrática en la comunicación pública. Sierra enfatizó la necesidad de un organismo estatal independiente que asegure el pluralismo y la fiscalización democrática, además de instar al Gobierno a cumplir con las exigencias del mencionado reglamento.
Juan Gascón, candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala del PP en Palencia, Laura Lombraña, tras revelaciones sobre su presunto beneficio personal de una adjudicación irregular de un chalé de protección oficial. Gascón critica al Gobierno autonómico por permitir este "sistema de privilegios" y denuncia la falta de transparencia en la gestión del suelo público. La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo planea llevar el caso a las Cortes y propone crear una Sociedad Pública de Vivienda para garantizar el acceso a viviendas a quienes más lo necesitan.
Todos los diputados de Izquierda Unida han firmado una iniciativa en el Congreso para que el Ministerio del Interior aclare si está investigando el acoso y las amenazas de la extrema derecha hacia periodistas. La propuesta, liderada por Enrique Santiago, solicita información sobre las medidas urgentes adoptadas para proteger a los comunicadores ante estos ataques, que se han intensificado y diversificado, afectando tanto a figuras mediáticas como a reporteros locales. Izquierda Unida destaca que esta violencia representa una amenaza para la libertad de prensa y el ejercicio democrático del periodismo, vinculándola al ascenso de grupos de extrema derecha y su impacto en la sociedad.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, critica el mensaje navideño del rey Felipe de Borbón, señalando un "preocupante distanciamiento de la realidad". Maíllo considera que el discurso fue abstracto y carente de contenido relevante, destacando la falta de críticas hacia los causantes de la crisis y temas sociales como la violencia de género. Además, reprocha al monarca su equidistancia entre víctimas y verdugos, lo que refleja una desconexión con las preocupaciones de la sociedad española. El líder de IU califica este mensaje como una "oportunidad perdida" para abordar problemas reales y urgentes.
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Izquierda Unida, en colaboración con Movimiento Sumar, ha presentado una proposición de ley en el Congreso para establecer un Impuesto a las Grandes Herencias y Donaciones que supere el millón de euros. Este nuevo gravamen se enfocará en los grandes patrimonios, excluyendo herencias ordinarias, y busca mitigar el 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas, especialmente en regiones como Madrid donde se aplican bonificaciones a favor de los más ricos. La recaudación del impuesto se destinaría a políticas públicas para apoyar a las personas más vulnerables. La iniciativa también propone deducciones para evitar la doble imposición y garantizar una justicia tributaria equitativa.
Toni Valero, diputado de Izquierda Unida, ha denunciado en el Congreso que el Partido Popular y Vox están al servicio de grandes rentistas de la vivienda, acusándolos de aplicar "sadismo social" al votar en contra de la prórroga de los alquileres. Durante un debate sobre vivienda, Valero criticó la falta de apoyo a la clase trabajadora y señaló que en medio de una emergencia habitacional, miembros del PP se han beneficiado de viviendas protegidas. Propuso medidas como la prórroga de los alquileres, aumentar el parque público de vivienda y expropiar propiedades vacías para garantizar el acceso a una vivienda digna. Valero enfatizó que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía.
Izquierda Unida (IU) presenta una iniciativa en el Congreso para crear un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva, con el objetivo de coordinar acciones entre administraciones y abordar la grave situación de los trabajadores migrantes. La propuesta incluye soluciones habitacionales sostenibles, regularización laboral, atención a colectivos vulnerables y campañas de sensibilización. Se busca garantizar servicios esenciales como agua potable y mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales donde residen aproximadamente 5.000 personas. IU destaca la necesidad de colaboración entre diversas instituciones para resolver esta problemática que afecta a la agroindustria en Huelva, clave para la economía española.
Izquierda Unida ha expresado su rechazo a la decisión del presidente Pedro Sánchez de destinar un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en ayudas militares para prolongar la guerra en Ucrania. La formación considera esta medida como un "error político sin justificación" y aboga por una resolución pacífica del conflicto, enfatizando que el alargamiento de la guerra solo incrementará el sufrimiento humano y beneficiará a las empresas de armamento. Además, IU critica que los fondos destinados a la guerra desvíen recursos necesarios para servicios sociales esenciales. La organización pide un enfoque diplomático y negociaciones bajo el auspicio de organismos internacionales como la ONU y la OSCE.
Izquierda Unida ha solicitado al Ministerio de Exteriores que informe a los agentes sociales del Campo de Gibraltar sobre el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, que entrará en vigor el 10 de abril. Los representantes de IU, Enrique Santiago y Toni Valero, destacan la necesidad de que las organizaciones empresariales y sindicatos conozcan los detalles del tratado para prepararse ante los cambios logísticos, aduaneros y fiscales que este implicará. A pesar de la relevancia de estos cambios, persisten incertidumbres sobre su aplicación práctica y su impacto en la economía local y las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha defendido un nuevo modelo de financiación autonómica que priorice la financiación de servicios y personas en lugar de territorios. En una reciente declaración, Maíllo abogó por un aumento significativo en los ingresos transferidos a las comunidades autónomas para garantizar niveles mínimos de atención en Sanidad, Educación y Dependencia. También destacó la importancia de mantener y aumentar el fondo de compensación para ajustar desigualdades entre territorios. Criticó el actual sistema, que data de 2009, por no resolver los desafíos en la financiación pública y rechazó el principio de ordinalidad que favorece a territorios con mayor capacidad tributaria. Maíllo enfatizó la necesidad de un enfoque solidario y equitativo en la financiación, recordando que la calidad del servicio no debe depender del lugar de residencia.
Enrique Santiago, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha denunciado la grave crisis de vivienda en Andalucía, donde los precios han aumentado más del 20%. Desde Córdoba, exigió al PSOE una respuesta proactiva para abordar este problema y proteger a las familias vulnerables. Santiago también mostró apoyo a las movilizaciones agrarias contra recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur, advirtiendo que estos afectan gravemente al sector agrícola. Resaltó que cerca de 400.000 viviendas están controladas por grandes tenedores en Andalucía, lo que agrava la situación del mercado inmobiliario y provoca la expulsión de residentes de sus barrios. Además, instó a renovar la prohibición de desahucios antes de fin de año y criticó la falta de medidas efectivas para proteger el campo andaluz.
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