La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desmantelado un grupo criminal que enviaba ilegalmente 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife a varios países africanos. Se investiga a 32 personas y cuatro empresas por delitos contra el medio ambiente. La organización utilizaba facturas falsas para ocultar la naturaleza de los envíos, que incluían residuos electrónicos y automovilísticos sin descontaminar, generando riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Este delito, tipificado en el Código Penal desde 2015, conlleva penas de prisión y multas.
La Guardia Civil, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal implicada en el transporte ilegal de aproximadamente 650 toneladas de residuos peligrosos. Esta actividad delictiva se realizaba desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia varios países africanos.
En este operativo, se encuentran bajo investigación 32 individuos y cuatro empresas, con sedes en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por delitos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaron un incesante movimiento de mercancías que eran enviadas en contenedores por vía marítima entre el puerto tinerfeño y diversas naciones africanas. Los miembros de la red criminal utilizaban facturas falsas para encubrir su actividad, evitando así inspecciones que pudieran resultar en la denegación de las exportaciones.
Este método les permitía enviar al extranjero residuos de diferentes tipos, incluidos aquellos considerados peligrosos, lo que representa un grave riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
Entre los materiales exportados se encontraban residuos electrónicos y eléctricos, principalmente motores o compresores extraídos ilegalmente de aparatos frigoríficos que no habían sido debidamente descontaminados. Este procedimiento libera gases nocivos a la atmósfera, poniendo en peligro la salud humana y el entorno natural.
Además, se incluían repuestos y piezas automotrices sin descontaminar, así como alrededor de 38 toneladas de extintores. La red también exportaba numerosos vehículos, como turismos y camiones, utilizando documentación falsa para facilitar su envío como mercancía usada.
En total, se estima que esta organización transportó ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y otras 86 toneladas consideradas no peligrosas, con un valor conjunto aproximado de 800.000 euros.
Liderada por cinco personas con funciones específicas dentro del grupo, dos individuos residentes en Gran Canaria se encargaban de la gestión logística y documental necesaria para las exportaciones. Los otros tres miembros operaban desde Tenerife, enviando los residuos directamente o a través de terceros mientras aseguraban toda la documentación legal o falsificada requerida.
El delito relacionado con el traslado ilegal de residuos fue tipificado en el Código Penal en 2015. Las sanciones pueden incluir penas que van desde tres meses hasta un año de prisión o multas que oscilan entre seis y dieciocho meses. Además, hay inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios durante un periodo similar.
A nivel internacional, el tráfico ilícito de desechos peligrosos genera creciente preocupación debido a la necesidad urgente de controlar rigurosamente los movimientos transfronterizos. Esto es parte del compromiso global reflejado en el preámbulo del Tratado sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación conocido como el ‘Convenio de Basilea’.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 32 | Número de personas detenidas |
| 650 | Toneladas de residuos peligrosos transportados ilegalmente |
| 86 | Toneladas de residuos no peligrosos transportados |
| 800,000 euros | Valor total de los residuos transportados |
Han sido detenidas 32 personas y se están investigando cuatro sociedades involucradas en la actividad delictiva.
Se enviaban residuos peligrosos, incluidos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, repuestos y piezas de automóviles, así como extintores y vehículos con documentación falsa.
El valor total de los residuos transportados ilegalmente se estima en alrededor de 800.000 euros.
Los delitos imputados incluyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, específicamente el traslado ilegal de residuos.
El delito está castigado con penas que van desde tres meses a un año de prisión, multas de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por un periodo similar.
Existen tratados internacionales como el 'Convenio de Basilea', que busca controlar rigurosamente los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y reducir estos movimientos al mínimo posible.