El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley que garantiza la supervisión humana y el uso confiable de la inteligencia artificial (IA) en el sector público. Esta normativa, que se adapta al Reglamento europeo de IA, establece un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y promueve la transparencia algorítmica. Además, se crea un marco de gobernanza con autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento normativo y se imponen sanciones para aquellos que no cumplan con las regulaciones. La ley también busca fomentar el buen uso de la IA en el sector público y exige responsabilidad a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos por la Unión Europea. Este avance refuerza el liderazgo de España en la regulación y desarrollo ético de la inteligencia artificial.
El Gobierno aprueba un proyecto de ley para regular el uso de la IA
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica que busca garantizar el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público estatal. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, incluye la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos.
La norma se basa en la exitosa experiencia del Sandbox de IA, que permitió a España adelantarse a las obligaciones establecidas por la normativa europea. El objetivo es establecer un marco claro para la supervisión humana y asegurar un uso confiable de esta tecnología emergente.
Durante una rueda de prensa, el ministro Óscar López subrayó que esta legislación refuerza el papel de España como líder en la construcción de una IA ética y confiable. “España es un ejemplo claro de cómo regulación e innovación pueden coexistir”, afirmó, destacando que el país no solo lidera en desarrollo y adopción de IA, sino también en su regulación.
López mencionó que España alberga dos fábricas dedicadas a IA dentro de la UE y cuenta con empresas innovadoras como Multiverse Computing. Además, se está desarrollando un modelo propio de IA en español conocido como ALIA, lo que refleja un compromiso con una inteligencia artificial responsable.
La nueva ley responde a los compromisos del presidente del Gobierno para fortalecer la seguridad en entornos digitales. Establece responsabilidades claras para los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos por la Unión Europea, exige supervisión humana en casos sensibles a derechos fundamentales y promueve la transparencia algorítmica. También incluye medidas específicas para proteger a los menores.
Entre sus principales características, el proyecto identifica los organismos encargados de supervisar el cumplimiento del Reglamento europeo sobre IA y establece un régimen sancionador adaptado a diferentes tipos de infracciones.
La ley propone un marco regulatorio mediante la designación de autoridades notificantes y entidades encargadas de vigilar el mercado. Esto asegura que productos ya regulados mantengan su autoridad correspondiente, mientras que otros sistemas no regulados serán supervisados principalmente por la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) y otras entidades pertinentes.
Además, se fomentará una colaboración más estrecha entre las distintas autoridades implicadas, estableciendo mecanismos coordinados para abordar cuestiones relacionadas con la supervisión.
El Reglamento europeo sobre IA, promovido durante la presidencia española del Consejo Europeo, clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. Se prohíben aquellos considerados inaceptables por su potencial daño a personas. A partir del 7 de mayo, se han añadido nuevas prohibiciones sobre sistemas que generen 'deepfakes' sexuales, así como otros métodos manipulativos o discriminatorios.
El régimen sancionador establecido por esta ley se fundamenta en principios de proporcionalidad y eficacia. Las infracciones se clasificarán como muy graves, graves o leves, con sanciones que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en casos severos.
La normativa también prevé mecanismos para priorizar correcciones antes que penalizaciones directas, ofreciendo reducciones por pronto pago o adopción temprana de medidas correctivas. Se contempla además una consideración especial para pymes y startups.
Una aportación significativa del proyecto es impulsar el buen uso de la IA dentro del sector público estatal. Para ello, se creará un inventario detallado sobre los sistemas empleados en procedimientos administrativos. Asimismo, se introducirá la figura del delegado encargado de coordinar estas iniciativas normativas y asesorar sobre proyectos relacionados con contratación pública.
Aunque ya existe un entorno controlado para pruebas destinado a facilitar el cumplimiento normativo por parte de proveedores de IA, este texto establece formalmente cómo gestionar estos espacios experimentales. Se reconocerá oficialmente un sandbox nacional operado por AESIA y se permitirá crear sandboxes adicionales bajo ciertas condiciones regulatorias.
El objetivo principal del proyecto de ley es garantizar una supervisión humana y un uso confiable de la inteligencia artificial en el sector público estatal, así como establecer un marco de gobernanza para su implementación.
Se introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y se establecen premisas para fomentar su adopción en el sector público estatal.
La ley determina cómo articular la gobernanza de los sandboxes y establece medidas facilitadoras a nivel nacional para ayudar a los proveedores de IA a cumplir con la legislación.
La ley identifica organismos como la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como responsables de supervisar diferentes aspectos relacionados con la IA.
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, con sanciones que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en casos más graves.
A iniciativa de España, se han añadido prohibiciones sobre sistemas que generen 'deepfakes' sexuales y aquellos que usen técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, entre otros.
El delegado de IA será responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública relacionados con inteligencia artificial.