Derechos Sociales estima que las comunidades autónomas recibirán 739 millones de euros adicionales para financiar la dependencia entre julio y septiembre de 2026. Los fondos correspondientes a septiembre se transferirán en octubre. El Panel del SAAD también registra una reducción interanual del 22,7% en las listas de espera, 1.748.901 personas con prestación efectiva y una bajada de 48 días en el tiempo medio de tramitación durante 2026.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado la séptima entrega del Panel del SAAD, correspondiente al tercer trimestre de 2026, de junio a septiembre. La herramienta, creada en abril de 2025, analiza cada trimestre los principales datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Es la primera edición del panel desde la aprobación del real decreto-ley que aumentó en 6.200 millones de euros la financiación estatal de la dependencia para 2026 y 2027. El incremento se aplica a las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
Las cuantías del nivel mínimo se más que duplicaron en los grados II y III, con subidas del 100% y del 128%, respectivamente, y aumentaron un 18% en el grado I. Los nuevos importes empezaron a transferirse el 1 de julio. Las comunidades ya han recibido los créditos de julio y agosto; el correspondiente a septiembre se abona a mes vencido, en octubre.
La aportación mensual estatal para el nivel mínimo pasó de 257,5 millones de euros en junio a 516,2 millones en septiembre. Entre enero y junio se había situado entre 236,9 y 257,5 millones mensuales; tras la aprobación del real decreto-ley, ascendió a 484,2 millones en julio y a 506 millones en agosto.
Las comunidades autónomas ya han recibido 990,2 millones de euros correspondientes a julio y agosto. Los 516,2 millones de septiembre se transferirán en octubre. Derechos Sociales estima que, entre julio y septiembre, las comunidades habrán recibido 739 millones de euros adicionales por el nivel mínimo. El cálculo se basa en las personas con prestación efectiva de cada grado y en la diferencia entre las cuantías nuevas y las anteriores; para julio se pondera la liquidación por 25/30, al cubrir las nuevas cuantías 25 días.
El aumento mensual de 262 millones de euros del nivel mínimo se distribuye entre los grados de dependencia de la siguiente manera: el grado III concentra el 64% del incremento y representa el 26% de las personas atendidas; al grado II corresponde el 32% del aumento y el 37% de las personas; y al grado I, el 3% del incremento y el 37% de las personas. Según el ministerio, casi 97 de cada 100 euros adicionales se destinan a personas con mayores necesidades de apoyo.
La aportación media estatal por persona atendida —el importe mensual del nivel mínimo dividido entre quienes reciben una prestación efectiva, con una media entre grados— fue de unos 295 euros en septiembre de 2026, frente a unos 151 euros en junio. El aumento fue del 95,7%, pese a que también creció el número de personas con prestación efectiva.
A la financiación del nivel mínimo se suma el nivel acordado: créditos adicionales que el Estado transfiere a las comunidades mediante convenios. Su reparto no depende solo del número de beneficiarios, sino también de criterios y variables de distribución y del cumplimiento de objetivos de gestión, entre ellos reducir las listas de espera y mejorar los servicios y las condiciones laborales del sector.
Este año, Derechos Sociales transferirá 904 millones de euros a las comunidades autónomas por el nivel acordado, una cifra récord. El importe podría ascender a 970 millones al contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra mediante el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente.
El nivel acordado se eliminó en 2012 y se recuperó en 2021. Su incremento, junto con la ampliación del nivel mínimo, supondrá que en 2027 el Estado abonará alrededor de 7.240 millones de euros a las comunidades autónomas. El crédito inicial del nivel mínimo para 2026 es un 85,8% inferior al crédito disponible, según la comparación consignada por el ministerio: este último es un 85,8% superior al inicial; para 2027, la estimación ronda los 6.270 millones de euros.
El panel recoge una reducción del 5,7% de la lista de espera durante el último trimestre y del 22,7% interanual: 39.672 personas menos que en septiembre de 2025. El número de personas que esperaba una prestación se situó en 134.734, el mínimo desde que hay registros. Desde 2021, la lista se ha reducido un 56,7%, equivalente a 176.711 personas en cinco años.
La reducción se produce en un contexto de envejecimiento acelerado y aumento de la demanda. Según Derechos Sociales, el sistema ha absorbido el incremento de solicitudes y ha mejorado sus resultados. En relación con la población potencialmente dependiente, Murcia registra la lista de espera más alta, seguida de Cataluña y Extremadura; Castilla y León presenta la más baja, seguida de Aragón y Galicia.
En el último trimestre, Cataluña redujo la lista en 4.973 personas, Asturias en 2.472 y Andalucía en 1.125. En cambio, aumentó en 263 personas en el País Vasco, en 181 en Castilla-La Mancha y en 172 en Cantabria.
La lista incluye tanto a quienes esperan una valoración del grado como a quienes ya tienen uno reconocido y llevan más de seis meses esperando una prestación o servicio, el plazo que establecía la ley para resolver el proceso completo. Tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el plazo máximo se establece en tres meses.
Durante el tercer trimestre de 2026, las personas con una prestación efectiva aumentaron un 2,4%: se incorporaron 41.573 y el total alcanzó 1.748.901, un nuevo máximo histórico. En un año, el incremento fue del 11%, con 173.219 personas más respecto a junio de 2025, mientras que las solicitudes crecieron un 6,6%. El total de solicitudes llegó a 2.421.624.
Desde comienzos de 2021, el número de personas con prestación efectiva ha aumentado un 61,3%, con 664.692 incorporaciones. El ministerio señala que el crecimiento de las personas atendidas supera al de las solicitudes.
El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación bajó 21 días durante el último trimestre, el mayor descenso trimestral registrado desde que comenzó el panel. Hasta septiembre de 2026, la reducción acumulada fue de 48 días: 27 en las dos primeras entregas del año y 21 en el último trimestre. El tiempo medio quedó en 293 días.
Es el tercer trimestre consecutivo de descenso, aunque la tramitación continúa siendo la fase más larga del proceso. Derechos Sociales considera que reducir ese tiempo sigue siendo uno de los grandes retos del sistema y espera que las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad permitan agilizar y simplificar los procedimientos administrativos.
Ceuta, con 75 días, Aragón, con 109, y Castilla y León, con 120, registran los menores tiempos medios. Murcia, con 529 días, Asturias, con 413, y Andalucía, con 402, presentan los más prolongados.
Casi todas las comunidades redujeron el tiempo medio durante el trimestre. Aumentó en Extremadura, en 13 días, y en Navarra, en 12; se mantuvo estable en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Salvo en esta última, el tiempo de gestión en esas comunidades siguió por debajo de la media estatal. Canarias anotó el mayor descenso, con 100 días menos, seguida de Andalucía, con 33, y Murcia, con 22.
Según la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados creció un 8,9% en dos años: pasó de 386.900 puestos equivalentes a jornada completa en diciembre de 2023 a 421.200 en diciembre de 2025. Los servicios sociales sin alojamiento impulsaron el aumento, con 36.300 puestos más —un 23,6%—, hasta alcanzar los 190.300. El empleo en establecimientos residenciales se mantuvo estable.
Los servicios sin alojamiento aumentaron su peso en el sector: en diciembre de 2025 reunían 45 de cada 100 puestos de cuidados, frente a 40 en diciembre de 2023. La estimación de profesionales es propia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y utiliza datos de las categorías CNAE 87 y 88 de la EPA, correspondientes a la asistencia en establecimientos residenciales y a los servicios sociales sin alojamiento. Incluye profesionales de atención directa de primer y segundo nivel en cuidados de larga duración.
El ministerio relaciona el aumento del empleo con la reducción de la lista de espera y la mejora de los servicios, ya que cada persona que recibe cuidados y apoyos requiere profesionales. Derechos Sociales estima que en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico de la próxima década.
El sector sigue estando muy feminizado. De acuerdo con la EPA, las mujeres representan el 87,9% de quienes prestan cuidados y apoyos en residencias y el 91% de quienes trabajan en atención domiciliaria. Entre las personas cuidadoras no profesionales vinculadas a una prestación económica por cuidados en el entorno familiar, el perfil más frecuente es el de una mujer de entre 50 y 66 años: ellas constituyen el 71,9% del total y los hombres, el 28,1%.
Los últimos datos disponibles del INE sitúan el salario medio anual en 19.585,74 euros para las profesionales de residencias, el 66% del salario medio de la economía, y en 18.834,42 euros para las de atención domiciliaria, el 64%. El ministerio indica que, por cada diez euros que percibe el salario medio de la economía, estas profesionales ingresan alrededor de 6,5 euros.
Derechos Sociales insta a las comunidades autónomas a mejorar las condiciones laborales ante la prevalencia de salarios bajos y precariedad. Según el ministerio, sindicatos, patronales y administraciones coinciden en la necesidad de un aumento significativo de los salarios. Añade que el incremento presupuestario aprobado debe hacer posible un acuerdo ambicioso entre los agentes sociales para actualizar el convenio colectivo, que afecta a decenas de miles de profesionales.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha señalado: «Mejorar las condiciones laborales no es una aspiración deseable, es una condición necesaria e irrenunciable para mejorar el sistema. No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan».
La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre. Según Derechos Sociales, la norma ampliará la cartera de servicios y prestaciones, reducirá la burocracia y agilizará los procesos. También establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema. El ministerio ha pedido a las comunidades autónomas que reduzcan a la mitad las listas de espera en 2027 y las eliminen para 2028, además de destinar más recursos a contratar profesionales y mejorar la calidad del empleo.
| Indicador | Cifra | Periodo o contexto |
|---|---|---|
| Financiación adicional estimada del nivel mínimo para las comunidades autónomas | 739 millones de euros | Julio-septiembre de 2026 |
| Importes del nivel mínimo correspondientes a julio y agosto | 990,2 millones de euros | La nota indica que las comunidades ya los habían recibido |
| Importe del nivel mínimo correspondiente a septiembre | 516,2 millones de euros | La nota indica que se recibiría en octubre |
| Personas en lista de espera | 134.734 | Septiembre de 2026; descenso interanual del 22,7%, equivalente a 39.672 personas menos que en septiembre de 2025 |
| Personas con prestación efectiva | 1.748.901 | Septiembre de 2026; 41.573 más durante el tercer trimestre |
| Tiempo medio de tramitación | 293 días | Septiembre de 2026; reducción de 48 días durante 2026 hasta ese mes |
La estimación asciende a 739 millones de euros adicionales por el nivel mínimo de financiación de la dependencia durante esos tres meses.
Según la nota, las comunidades ya habían recibido 990,2 millones de euros correspondientes a julio y agosto. Los 516,2 millones de septiembre se recibirían en octubre.
En septiembre de 2026 había 134.734 personas en lista de espera, un 22,7 % menos que un año antes, equivalente a 39.672 personas menos.
El número alcanzó las 1.748.901 personas en el tercer trimestre de 2026, tras sumar 41.573 durante ese trimestre.
En septiembre de 2026 se situó en 293 días. Había descendido 48 días desde el inicio del año, incluidos 21 días durante el último trimestre.