Las Mesas Generales de las Administraciones Públicas y de la AGE se han reunido para discutir las nuevas previsiones sobre jubilación de empleados públicos. En esta reunión, se anunció un acuerdo para recuperar la jubilación parcial, firmado con UGT y CCOO, y se planteó extender el límite de jubilación forzosa a los 72 años. Además, se abordaron reformas para evitar la jubilación automática por incapacidad permanente. Las partes acordaron continuar las negociaciones en enero, buscando mejorar la retención del talento en el sector público y avanzar en la planificación estratégica de recursos humanos.
El 19 de diciembre de 2024, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública llevó a cabo una reunión clave con las Mesas Generales de Negociación, tanto de las Administraciones Públicas como de la Administración General del Estado. En este encuentro, se presentaron importantes previsiones sobre jubilación para los empleados públicos.
Durante la sesión, presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, se informó sobre un acuerdo alcanzado recientemente con UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO. Este acuerdo busca recuperar el derecho a la jubilación parcial para los empleados públicos, un compromiso que ya había sido establecido en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI firmado en 2022.
Además del tema de la jubilación parcial, se discutió la posibilidad de aumentar hasta los 72 años el umbral para la jubilación forzosa. Actualmente, esta edad está fijada en 70 años. Esta medida beneficiaría a aquellos empleados públicos que deseen continuar trabajando tras alcanzar la edad ordinaria de retiro.
Otro punto destacado fue la modificación del régimen de incapacidad permanente. Se planteó que esta no debería implicar automáticamente la jubilación, permitiendo así que los afectados permanezcan en servicio activo siempre que sus puestos puedan ser adaptados a sus necesidades.
Las partes involucradas acordaron avanzar en las reformas normativas necesarias con rapidez y seguir explorando medidas que fomenten la retención del talento y faciliten la transmisión intergeneracional del conocimiento dentro de las administraciones públicas.
En el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se presentó un proyecto destinado a transformar la planificación de recursos humanos. Este plan, que se desarrollará durante 2025, busca implementar lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2023 y en la Orden TDF/380/2024 sobre planificación estratégica. El objetivo es establecer una gestión más eficiente basada en datos que priorice a los ciudadanos y los servicios públicos.
Por otro lado, se constituyó formalmente la Mesa General de las Administraciones Públicas tras los recientes resultados electorales sindicales. Las partes han acordado reunirse nuevamente en enero para seguir presentando propuestas mediante el diálogo social.
Un aspecto crucial será avanzar hacia el cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: reducir la temporalidad mediante la estabilización de 300.000 plazas, meta que se espera alcanzar dentro del plazo previsto este mes de diciembre.
Se ha firmado un acuerdo para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, como parte del Acuerdo para una Administración del siglo XXI.
Se está considerando extender el umbral de la jubilación forzosa de 70 a 72 años para aquellos empleados públicos que deseen seguir trabajando voluntariamente después de alcanzar la edad ordinaria de retiro.
Se acordó impulsar reformas normativas que promuevan la retención de talento y la transmisión intergeneracional de conocimiento en las administraciones públicas.
Se presentará un proyecto de transformación de la planificación de recursos humanos que busca avanzar hacia una gestión previsional basada en datos, centrada en la ciudadanía y los servicios públicos.
Las partes han acordado reunirse nuevamente en enero para continuar presentando propuestas a través del diálogo social.