La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal, conocido como la investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una evasión del IVA estimada en 297 millones de euros mediante la comercialización de productos electrónicos, se desarrolla en un tiempo récord de solo dos meses tras la detención del acusado. La investigación abarca más de 400 empresas y está vinculada a actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta 22 años de prisión por evasión fiscal y lavado de dinero. La EPPO sigue investigando este complejo esquema que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado hoy una acusación formal contra el presunto líder de un sindicato criminal, en el marco de la investigación conocida como Admiral 2.0. Esta indagación ha revelado un esquema masivo de fraude fiscal que involucra el comercio de productos electrónicos populares, generando una pérdida estimada de 297 millones de euros en concepto de IVA. La rapidez con la que se ha emitido esta acusación, tan solo dos meses después de la detención del acusado, marca un récord para este tipo de investigaciones complejas.
El EPPO había informado previamente sobre la existencia de este sindicato criminal el 28 de noviembre de 2024. Según sus informes, el grupo utilizaba un modus operandi similar al que se había detectado en operaciones anteriores, como la operación Admiral, donde se desmantelaron redes organizadas responsables de fraudes fiscales a gran escala. Este esquema se basa en aprovechar las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros, las cuales están exentas del impuesto al valor agregado (IVA). Las acciones policiales han tenido lugar en 16 países, incluyendo registros y arrestos.
El líder del sindicato enfrenta cargos por evasión fiscal a gran escala y blanqueo de capitales. Desde su arresto el 28 de noviembre pasado, ha permanecido en prisión preventiva. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas que alcanzan hasta diez años por evasión fiscal y doce años por blanqueo de capitales.
La investigación no se detiene aquí; el EPPO sospecha que más de 400 empresas podrían estar involucradas en este intrincado esquema fraudulento, que también se cree que ha sido utilizado para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y diversos tipos de cibercrimen e inversiones fraudulentas.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Letonia. La EPPO actúa como la oficina pública independiente responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €297 millones | Pérdida estimada de IVA debido al esquema de fraude. |
| 10 años | Posible pena máxima por evasión fiscal. |
| 12 años | Posible pena máxima por lavado de dinero. |
| 400 | Número de empresas sospechosas involucradas en el esquema fraudulento. |
El líder sospechoso de un sindicato criminal ha sido acusado por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Riga, Letonia, tras una investigación sobre un esquema de fraude fiscal a gran escala.
Se estima que el esquema de fraude al IVA ha causado una pérdida de aproximadamente 297 millones de euros.
La acusación se presentó solo dos meses después de la detención del sospechoso, lo que se considera un tiempo récord para este tipo de investigaciones complejas.
Se sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este esquema fraudulento, que también podría haber sido utilizado para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraude de inversión.
Si se le encuentra culpable, el acusado podría enfrentar penas de hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce años por lavado de dinero.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE.