Izquierda Unida ha propuesto excluir de las licitaciones públicas a empresas nacionales y extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Esta iniciativa busca cumplir con la legalidad internacional y responde a decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio y la violencia ejercida por Israel en Gaza y Cisjordania. La propuesta incluye una cláusula en los pliegos de contratación pública para garantizar que los recursos del Estado no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal. Izquierda Unida también señala que varias empresas han sido identificadas por su participación en actividades económicas relacionadas con asentamientos israelíes, considerados ilegales según el Derecho internacional.
Izquierda Unida ha intensificado sus demandas al Gobierno de coalición para que se implementen medidas concretas que garanticen el cumplimiento de la legalidad internacional. Esta exigencia está en línea con las decisiones y órdenes emitidas por organismos supranacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el genocidio y la violencia que el régimen de Israel ejerce con impunidad contra la población palestina en Gaza y Cisjordania.
En este contexto, IU ha registrado una iniciativa en el Congreso, presentada por su portavoz parlamentario, Enrique Santiago. La propuesta busca que los responsables del Ejecutivo adopten las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública una cláusula que excluya a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, ya sea directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados.
La exclusión también abarcaría a aquellas empresas implicadas en actos que puedan constituir genocidio, siguiendo las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y la opinión consultiva del 19 de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación.
Aunque esta iniciativa no está directamente relacionada con la actual controversia sobre el equipo ciclista Israel-Premier Tech, propiedad del magnate Sylvan Adams, sí coincide temporalmente con la creciente oposición del público hacia su participación en la Vuelta a España. Este evento deportivo es organizado por una empresa privada, Uniplublic, que se beneficia de numerosos contratos con administraciones públicas españolas.
Enrique Santiago recordó que en julio del año pasado, la CIJ determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho Internacional. La corte ordenó paralizar estos asentamientos y evacuar a los colonos, subrayando su carácter de anexión permanente y vulneración de la 4ª Convención de Ginebra.
La Opinión Consultiva insta a todos los Estados miembros de la ONU a no reconocer ni ayudar a mantener dicha situación. Además, señala la obligación de no cooperar con políticas discriminatorias relacionadas con la ocupación.
Izquierda Unida destaca que numerosas empresas, incluidas algunas españolas, han sido identificadas por su participación directa o indirecta en actividades económicas vinculadas a los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Estas actividades son consideradas ilegales según el Derecho Internacional.
Dichas empresas pertenecen a sectores como construcción, tecnología y transporte y han sido mencionadas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional por contribuir a la sostenibilidad de los asentamientos o beneficiarse económicamente de ellos.
La formación política también responde a las demandas de diversas organizaciones de Derechos Humanos para adoptar medidas contra estas empresas. Se menciona un precedente significativo: Irlanda ha implementado directrices mediante su Oficina de Contratación Gubernamental para verificar si las empresas están involucradas en actividades que vulneren el Derecho Internacional antes de permitirles participar en licitaciones.
Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona decidió excluir a aquellas empresas que figuran en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas relacionadas con asentamientos ilegales israelíes en Palestina.
Enrique Santiago concluyó explicando que incluir cláusulas como estas en los procesos de contratación pública permitiría cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por España. Esto alinearía las políticas públicas con las resoluciones de la CIJ y garantizaría que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal o genocidio.
Izquierda Unida plantea excluir de participar en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Esta medida busca cumplir con la legalidad internacional y las decisiones de órganos supranacionales como la Corte Internacional de Justicia.
La iniciativa se registra en un momento en que hay una creciente presión sobre el Gobierno español para que actúe conforme a la legalidad internacional respecto a la situación en Palestina, coincidiendo con movilizaciones públicas contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en eventos deportivos en España.
Las empresas que sean excluidas no podrían participar en procesos de contratación pública, lo que podría afectar su capacidad para obtener contratos del Estado y sus entidades dependientes. Esto se basa en el principio de no cooperar con situaciones que violen el Derecho Internacional.
Sí, se menciona el caso de Irlanda, donde se han establecido directrices para verificar la implicación de las empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional. También se destaca que el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado medidas similares al excluir empresas vinculadas a asentamientos ilegales israelíes.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos han reclamado medidas contra empresas que operan en asentamientos ilegales, apoyando así la propuesta presentada por Izquierda Unida.