derechos humanos

El 9 de julio de 2026, España y Francia firmaron una Declaración de Intenciones en París, enfocada en la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. La ministra de Igualdad española, Ana Redondo, y su homóloga francesa, Aurore Bergé, establecieron tres objetivos clave: reforzar la igualdad de género como principio central, intensificar la lucha contra todas las formas de violencia de género y crear un grupo hispano-francés de expertos para fomentar el intercambio de experiencias y nuevas medidas de cooperación. Redondo destacó que esta colaboración servirá como modelo inspirador a nivel global.

El Gobierno de España revocará, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad otorgada al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera debido a su implicación en la represión durante el régimen franquista. Esta decisión, que será aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio, busca alinear los valores del sistema sanitario con principios democráticos y derechos humanos. Vallejo Nájera utilizó la medicina para justificar políticas de persecución y control social, creando diagnósticos que estigmatizaban a opositores políticos. La revocación representa un acto de justicia y memoria hacia las víctimas de estas prácticas inaceptables en el ámbito sanitario.

El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se conmemora el 28 de junio, recordando la revuelta de Stonewall en 1969, que marcó el inicio de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+. En España, esta celebración comenzó a finales de los años 70, con la primera marcha del Orgullo en Barcelona en 1977 y su expansión a Madrid en 1978. El Gobierno español ha declarado oficialmente este día como el Día Nacional del Orgullo LGTBI desde 2018. A lo largo de los años, España ha avanzado significativamente en legislación LGTBI+, incluyendo la legalización del matrimonio igualitario en 2005 y diversas leyes para garantizar la igualdad y proteger contra la discriminación. La celebración del Orgullo es un acto de reivindicación y reconocimiento de los derechos humanos, destacando la importancia de continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva.

En 2025, 565 personas en España recibieron ayuda para morir bajo el derecho a la eutanasia, lo que representa el 0,13% de los fallecimientos totales. Desde la implementación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021, un total de 1.668 personas han ejercido este derecho. Las solicitudes aumentaron significativamente, alcanzando 3.716, con un notable predominio de patologías neurológicas entre las prestaciones efectivas. Cataluña lideró en tasas de solicitudes, mientras que el proceso mostró diferencias en desenlaces y denegaciones. Comparativamente, España mantiene cifras inferiores a otros países con leyes similares como Países Bajos y Canadá.

Izquierda Unida ha condenado el asesinato del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz por parte del régimen marroquí, calificándolo como una grave escalada contra el pueblo saharaui y su derecho a la libertad. Antonio Maíllo y Enrique Santiago, líderes de la formación, han instado al Gobierno español a condenar este acto en defensa del Derecho internacional. Santiago también ha señalado la colaboración militar entre Marruecos e Israel, destacando que esta alianza ha facilitado técnicas de asesinatos selectivos similares a las utilizadas en Gaza. Lahbib es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática y un destacado activista por los derechos saharauis.

La visibilidad de las personas LGTBI+ en el entorno laboral ha disminuido un 60%, según el Índice de Confianza en las Empresas elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y 40db. En su cuarta edición del evento Working for Diversity, se reveló que solo el 23% de las personas LGTBI+ es visible en sus trabajos, comparado con el 85% en otros ámbitos. Esta invisibilidad genera ansiedad y estrés, afectando a más del 60% de la población LGTBI+. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó la necesidad de implementar políticas inclusivas y combatir los discursos de odio que perpetúan esta situación. Además, el 71% de las personas LGTBI+ valora positivamente el Real Decreto 1026/2024 que promueve la igualdad en el trabajo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la importancia del multilateralismo para promover la igualdad y los derechos humanos en una conferencia en Washington. Durante su intervención en la 40ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Redondo destacó dos modelos globales: uno autoritario basado en el miedo y otro que aboga por la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. También enfatizó que la igualdad es un motor económico y que España es un referente en avances feministas. Además, participó en actividades relacionadas con la inclusión financiera de las mujeres y firmó un memorándum de entendimiento con la OEA.

El ministro Bolaños ha destacado la importancia de la Constitución como un pilar fundamental para la garantía de los derechos humanos en España, en respuesta a los recientes intentos de involución. En su discurso, enfatizó que la defensa de estos derechos es crucial para mantener una sociedad democrática y justa. La reivindicación de la Constitución se presenta como una herramienta esencial frente a cualquier amenaza a las libertades fundamentales.

El Congreso de España ha aprobado una nueva Ley Orgánica que modifica el Código Penal, tipificando como delito las pseudoterapias de conversión que buscan eliminar o modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) celebra esta medida, que establece penas de prisión de 6 meses a 2 años y busca proteger la dignidad e integridad del colectivo LGTBI+. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, destaca que esta ley es un paso hacia la erradicación de prácticas consideradas tortura por la ONU y subraya la necesidad de continuar luchando contra la LGTBIfobia. A pesar de los avances legales, Iglesias advierte que las agresiones al colectivo han aumentado y llama a la movilización social para lograr una igualdad real.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno explique las acciones a tomar frente a la "limpieza social" implementada por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PP, contra personas sin hogar. Santiago denuncia la eliminación de avisos previos antes de las actuaciones de limpieza, lo que ha llevado a la destrucción de pertenencias y documentación de estas personas. La iniciativa también cuestiona al Ministerio de Igualdad sobre su conocimiento y valoración del impacto de estas medidas en la igualdad de trato, dado que contravienen la Ley 15/2022 que prohíbe la discriminación por situación socioeconómica. Izquierda Unida critica esta práctica como un ataque institucional a los derechos de los más vulnerables y exige una respuesta contundente del Gobierno para proteger a quienes se encuentran en situaciones económicas precarias.

Pedro Sánchez se reunió con Yulia Navalnaya, destacando el firme apoyo de España a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en Rusia. Este encuentro subraya el compromiso del Gobierno español con la promoción de la democracia y la protección de los derechos fundamentales en contextos difíciles. La reunión tuvo lugar el 17 de junio de 2026 y refleja la postura activa de España en asuntos internacionales relacionados con los derechos humanos.

Izquierda Unida ha llevado al Congreso una iniciativa para exigir explicaciones al Ministerio del Interior sobre la agresión policial sufrida por una mujer durante las pacíficas movilizaciones educativas en Valencia. El diputado Nahuel González destaca la necesidad de abordar el sesgo de los agentes de policía hacia manifestaciones progresistas, contrastando con el trato que reciben las convocadas por la extrema derecha. IU reclama consecuencias reales y un cambio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir futuras agresiones. La denuncia se produce en un contexto de huelga masiva del profesorado valenciano, que busca mejoras en la educación pública.

La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, actualmente prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta de la entidad, Paula Iglesias, destaca la necesidad de sanciones más severas, como penas de cárcel, para erradicar estas pseudoterapias que son consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, se insiste en que aún existen prácticas dañinas que deben ser eliminadas. La Federación también ha promovido una Iniciativa Ciudadana Europea para prohibir estas prácticas a nivel comunitario y pide un compromiso político firme para avanzar hacia la igualdad real.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha llevado a cabo su IV Jornada sobre Innovación en Intervención con Delitos de Odio, donde más de una decena de especialistas han discutido estrategias para abordar la creciente problemática de los delitos de odio hacia la comunidad LGTBI+. Jonás Candaosa, vicepresidente de la federación, subrayó que el aumento de estos delitos no solo afecta a las víctimas directas, sino que debilita los derechos de toda la sociedad. Se destacó la importancia de implementar políticas públicas preventivas y mejorar la denuncia y detección de estos actos. La jornada también incluyó debates sobre el odio en redes sociales y nuevas formas de acompañamiento a las víctimas.