Izquierda Unida, a través de sus portavoces Enrique Santiago y Toni Valero, ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Ministerio de Educación responda a la censura impuesta por el Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid, que prohíbe actividades de apoyo al pueblo palestino en colegios. La propuesta incluye la posibilidad de recurrir a los tribunales y la intervención de la Alta Inspección educativa. Santiago y Valero critican la doble moral del gobierno madrileño, que permite actividades de apoyo a Ucrania mientras silencia las voces en favor de Palestina. También destacan la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión según lo estipulado en la Constitución Española.
Izquierda Unida ha tomado la iniciativa de registrar en el Congreso una solicitud dirigida al Ministerio de Educación, exigiendo respuestas sobre las recientes acciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta administración ha emitido órdenes que prohíben cualquier actividad en apoyo al pueblo palestino en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, así como la utilización de símbolos palestinos, como banderas o pañuelos. La denuncia proviene de la plataforma ‘Marea Palestina’ y ha sido recogida por diversos medios.
Los portavoces parlamentarios de Izquierda Unida, Enrique Santiago y Toni Valero, han cuestionado qué medidas se implementarán para garantizar el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Española, que protege el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, han planteado si el Gobierno tiene intención de llevar esta situación ante los tribunales.
La formación política también ha solicitado al Ejecutivo que considere la intervención de la Alta Inspección de Educación para abordar esta problemática. Además, han preguntado si se apoyarán otras acciones en caso de que las organizaciones sindicales decidan presentar denuncias.
Santiago y Valero subrayan que la supuesta “libertad” proclamada por el Gobierno madrileño es, en realidad, una forma de censura hacia cualquier disidencia. Advierten que el Gobierno regional continúa atacando los derechos y libertades fundamentales, recortando servicios públicos mientras favorece a una minoría privilegiada.
Un ejemplo citado por Izquierda Unida ilustra esta situación: en un centro educativo donde se realizaban actividades para concienciar sobre los niños asesinados durante el conflicto en Gaza, se ordenó suspender estas exposiciones bajo el pretexto de “vulnerar la ley de protección de datos”.
Esta actitud contrasta con acciones previas del Gobierno regional, como la campaña ‘Ucrania te necesita’, promovida en 2022 por la Consejería de Educación. En ese caso, no se dieron instrucciones para retirar símbolos ucranianos ni banderas en apoyo a Ucrania.
Desde Izquierda Unida critican lo que consideran una doble vara de medir, especialmente cuando expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han señalado implicaciones del Estado israelí en actos calificados como genocidio. Santiago y Valero insisten en que esta disparidad evidencia un enfoque injustificable por parte del Gobierno madrileño.
Izquierda Unida, a través de sus portavoces Enrique Santiago y Toni Valero, ha registrado una iniciativa para que el Ministerio de Educación explique su respuesta ante la censura del Gobierno de Díaz Ayuso respecto al apoyo al pueblo palestino en los colegios.
Se acusa al Gobierno de Díaz Ayuso de actuar de manera dictatorial al vetar actividades y simbología relacionada con el apoyo al pueblo palestino en los centros educativos madrileños.
Izquierda Unida solicita que se asegure el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y que se considere recurrir la actuación del Gobierno ante los tribunales. También piden la intervención de la Alta Inspección Educativa.
Se menciona que mientras se prohíben actividades relacionadas con Palestina, en 2022 se promovió una campaña de apoyo a Ucrania sin restricciones similares, lo que evidencia una doble vara de medir por parte del Gobierno.
Se relata un caso en el que se prohibieron actividades educativas que recordaban a niños asesinados durante el conflicto israelí-palestino, alegando vulneración de la ley de protección de datos.