El 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, correspondiente al periodo 2020-2023, revela un aumento del 49% en los acuerdos de custodia, alcanzando un total de 4.632 acuerdos. Este crecimiento se traduce en la inclusión de 1.688 nuevos acuerdos y una superficie total que supera las 700.000 hectáreas. Las entidades promotoras han crecido a 268, lo que representa un incremento del 23%. La custodia del territorio se consolida como una herramienta clave para la conservación de la naturaleza, involucrando a diversas organizaciones y fomentando la participación ciudadana en la protección de hábitats y ecosistemas.
El 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España (2020-2023), elaborado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, revela un notable crecimiento en esta herramienta destinada a la conservación y restauración de la naturaleza. Según los datos más recientes, el número de acuerdos voluntarios ha aumentado significativamente, así como las entidades que los promueven y la superficie total abarcada.
Hasta 2023, se registran un total de 4.632 acuerdos vigentes, lo que representa un incremento del 49% respecto a los 3.100 acuerdos documentados en el inventario anterior de 2019. Este aumento incluye 1.688 nuevos acuerdos. La naturaleza voluntaria de estos pactos es una de las características más destacadas, impulsados por entidades sin ánimo de lucro que han crecido hasta alcanzar las 268, frente a las 218 registradas en 2019, lo que equivale a un aumento del 23%.
La superficie total bajo custodia asciende a 708.191 hectáreas, lo que también implica un crecimiento del 23% con respecto al periodo anterior. Esta área representa aproximadamente el 1,4% del territorio nacional. El auge de la custodia del territorio en España se atribuye a su consolidación como instrumento clave para la conservación de hábitats, ecosistemas y especies valiosas en todo el país.
Este modelo destaca por su capacidad para involucrar a diversos actores sociales: administraciones públicas, propietarios de terrenos, empresas y organizaciones no gubernamentales colaboran en la conservación y recuperación del medio ambiente desde una perspectiva voluntaria.
Las entidades dedicadas a la custodia son mayoritariamente asociaciones (63%), seguidas por fundaciones (17%) y entidades públicas (13%). Su distribución geográfica muestra una mayor concentración en Cataluña (28% del total), Canarias (13%) y Andalucía (10%), aunque todas las comunidades autónomas cuentan con acuerdos activos.
En términos de uso del suelo, el sector forestal predomina entre los acuerdos (35% de los mismos y 37% de la superficie), seguido por el agrario (32% y 11%, respectivamente). En cuanto a la titularidad de los terrenos involucrados, el 79% corresponde a propiedad privada, mientras que el 17%