El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto para reformar el artículo 43 de la Constitución, con el objetivo de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta modificación busca garantizar los derechos de las mujeres y su acceso seguro y equitativo a este derecho fundamental. La reforma incluirá un nuevo apartado que reconoce explícitamente este derecho y establece la responsabilidad de los poderes públicos en su protección. Ante un contexto nacional e internacional que amenaza estos derechos, se busca fortalecer la sanidad pública y asegurar que cada comunidad autónoma cuente con servicios adecuados. La tramitación requerirá aprobación mayoritaria en el Congreso y Senado, y podría incluir un referéndum si lo solicitan los legisladores.
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española, con el objetivo de blindar y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta medida busca fortalecer el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país.
La reforma propone la incorporación de un nuevo apartado cuarto al mencionado artículo, que establece: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. Este nuevo apartado se integrará en el Título I, que aborda los derechos y deberes fundamentales, específicamente en el Capítulo III sobre los principios rectores de la política social y económica.
Redondo subrayó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido “clara y constante” al vincular este derecho con otros principios fundamentales como la dignidad humana y la igualdad. En este sentido, mencionó artículos clave que garantizan tanto la integridad física como moral, así como la igualdad en todo el territorio nacional.
La ministra también enfatizó que esta reforma refuerza un sistema integral de protección, alineando legislación vigente con doctrina constitucional para asegurar que el derecho a interrumpir un embarazo se ejerza bajo condiciones equitativas y con seguridad jurídica a nivel nacional.
El proceso legislativo para esta reforma se llevará a cabo mediante el procedimiento ordinario. Esto incluye un informe del Consejo de Estado y requerirá una aprobación por mayoría cualificada tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo entre ambas cámaras, se formaría una Comisión Mixta para elaborar un texto alternativo que sería sometido nuevamente a votación. Si no se lograra consenso, podría aprobarse con una mayoría de dos tercios en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado.
Además, Redondo recordó que existe la opción de convocar un referéndum si lo solicita una décima parte de los parlamentarios. Sin embargo, mostró confianza en alcanzar las mayorías necesarias para avanzar con esta reforma.
Ana Redondo argumentó que esta modificación constitucional responde a una necesidad política “urgente”, considerando los recientes retrocesos en derechos reproductivos observados tanto a nivel nacional como internacional. Citó ejemplos preocupantes desde Estados Unidos hasta ciertas comunidades autónomas españolas donde se han propuesto iniciativas contrarias a la legislación vigente.
La ministra defendió que es fundamental proteger este derecho dentro del marco constitucional para evitar futuras limitaciones por parte de eventuales mayorías políticas adversas.
Asimismo, Redondo indicó que la reforma tiene como objetivo reforzar la sanidad pública al vincular este derecho al artículo 43 sobre salud y servicios sanitarios. Denunció recortes en calidad asistencial promovidos por gobiernos autonómicos del Partido Popular, destacando que es esencial garantizar al menos un hospital público por comunidad autónoma para realizar estas intervenciones.
Finalmente, Ana Redondo dirigió su mensaje hacia las mujeres y al movimiento feminista del país. Recordó que se celebra medio siglo desde la restauración democrática en España y cuatro décadas desde la primera ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (1985). Subrayó: “Las mujeres han luchado por su libertad sobre sus cuerpos y su dignidad; hoy buscamos reconocer estos derechos constitucionalmente”.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 para blindar y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El objetivo es dar un paso más en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, asegurando que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea garantizado por los poderes públicos.
Se añadirá un nuevo apartado cuarto que reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando su prestación en condiciones de igualdad efectiva.
La reforma se tramitará mediante el procedimiento ordinario y requerirá un informe del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado.
Ana Redondo señala que es una respuesta urgente ante una ola reaccionaria que busca recortar los derechos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos.
La reforma busca fortalecer la sanidad pública al vincular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con el derecho a la salud y garantizar que cada comunidad autónoma tenga al menos un hospital público de referencia para estas intervenciones.
La reforma está dirigida a las mujeres del país y al movimiento feminista, reconociendo su lucha por la libertad sobre su propio cuerpo y dignidad.