El Gobierno de España ha aprobado el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, tras un acuerdo con los sindicatos más representativos. Esta normativa busca garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la precariedad en las prácticas formativas. El Estatuto establece que estas actividades no deben sustituir a trabajadores ni degradar las condiciones laborales. Se regula la formación en empresas e instituciones, asegurando que cada persona tenga un plan formativo individual y acceso a servicios del centro de trabajo. Además, se prohíben figuras como los falsos becarios y se promueve la igualdad entre géneros en el acceso a estas prácticas. La Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento de esta normativa.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido popularmente como el Estatuto del Becario. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, surge tras un acuerdo con las principales organizaciones sindicales del país. La normativa tiene como objetivo principal establecer un marco claro que distinga entre actividades formativas y laborales, así como definir el régimen jurídico aplicable a quienes participan en estas prácticas.
La aprobación de este Estatuto es el resultado de un proceso de negociación prolongado en el que se han tenido en cuenta diversas propuestas tanto de sindicatos como de empresarios. Las organizaciones CCOO y UGT han sido fundamentales en la consecución de este acuerdo, que busca modernizar y dignificar la figura del becario.
El cambio terminológico, que sustituye "becario" por "persona en prácticas formativas no laborales", representa un avance significativo hacia el reconocimiento de los derechos de quienes realizan estas actividades. Este nuevo enfoque pretende eliminar la percepción negativa asociada a esta figura y resaltar la importancia de una formación adecuada que contribuya a la cualificación profesional.
Entre los puntos clave del nuevo Estatuto se destaca que la formación no laboral no debe convertirse en una vía para precarizar las condiciones laborales. Se establece explícitamente que las personas en prácticas no pueden ser consideradas trabajadores low cost, garantizando así que su experiencia formativa no esté basada en condiciones precarias.
El ámbito de aplicación del Estatuto abarca diversas modalidades educativas, incluyendo prácticas vinculadas a grados de formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, así como prácticas universitarias. Además, se implementarán medidas para evitar situaciones como las de falsos becarios y promover la igualdad entre géneros en el acceso a estas oportunidades.
Las prácticas deberán estar directamente relacionadas con el contenido formativo establecido en un plan individual obligatorio para cada participante. Es importante destacar que estas actividades no podrán reemplazar las funciones desempeñadas por trabajadores remunerados.
Las nuevas regulaciones también estipulan que cada persona en formación estará bajo la supervisión de un tutor, quien podrá gestionar hasta cinco aprendices simultáneamente. El número total de personas en prácticas no podrá exceder el 20% del personal total del centro laboral. Asimismo, se garantiza a los participantes derechos fundamentales como compensación por gastos, acceso a servicios del centro y protección contra situaciones de acoso.
Para asegurar el cumplimiento del Estatuto, se creará una Comisión encargada de supervisar las prácticas formativas dentro de las empresas. La Inspección de Trabajo tendrá acceso a toda la documentación relacionada con estas actividades y llevará a cabo inspecciones regulares para verificar su correcta implementación.
Con esta nueva normativa, el gobierno busca fortalecer la equidad en el acceso a oportunidades formativas y garantizar un entorno más justo para todos aquellos que deseen adquirir experiencia profesional sin caer en condiciones laborales adversas.
Es una norma aprobada por el gobierno que regula las prácticas formativas no laborales, delimitando las actividades formativas y laborales, y estableciendo un régimen jurídico para quienes realizan estas prácticas.
El Estatuto busca ser un instrumento clave para la igualdad de oportunidades y asegurar que la formación en empresas no degrade las condiciones de trabajo.
Las personas en prácticas tienen derecho a la compensación de gastos, al descanso, a los servicios del centro de trabajo, y a protección frente a la violencia y el acoso. Además, no pueden sustituir a trabajadores con contrato laboral.
El Estatuto prohíbe que las personas en prácticas sean consideradas como "trabajadores low cost" y establece que debe haber una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el contenido formativo del plan individual.
La Inspección de Trabajo tendrá acceso a la documentación relacionada con estas prácticas, y se creará una Comisión de seguimiento de la formación práctica dentro de las empresas.