La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal en la operación "Krippy", que operaba como un negocio de growshop pero en realidad proveía material para cultivos ilegales de marihuana a gran escala. Cuatro personas han sido detenidas, dos de ellas encarceladas, y se han bloqueado activos valorados en 800.000 euros. Se realizaron trece registros en Tarragona y Granada, incautando 240.000 euros en efectivo y vehículos. La investigación reveló una estructura jerarquizada que utilizaba doble contabilidad y ventas directas a organizaciones criminales, con movimientos de capital superiores a 80 millones de euros.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo la operación “Krippy”, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada a proveer material para el cultivo ilegal de marihuana. Esta trama operaba bajo la apariencia de un negocio legítimo de venta de productos de growshop, pero su verdadera actividad consistía en suministrar de manera coordinada todos los elementos necesarios para la instalación y mantenimiento de plantaciones a gran escala.
En total, cuatro personas han sido detenidas y dos más están siendo investigadas. Entre los arrestados, dos han ingresado en prisión por ser considerados los líderes de esta red delictiva. Las autoridades también han ordenado el cese de las actividades comerciales relacionadas y el bloqueo de cuentas bancarias y bienes valorados en aproximadamente 800.000 euros.
Las fuerzas del orden llevaron a cabo trece registros, doce de ellos en la provincia de Tarragona, incluyendo localidades como Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort; además de uno en Peligros, Granada. Durante estas intervenciones se incautaron 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un turismo y una motocicleta), así como material tecnológico y abundante documentación relevante para la investigación.
La investigación ha revelado que las empresas implicadas no solo vendían productos aislados, sino que ofrecían un servicio integral que abarcaba desde iluminación hasta sistemas de riego y control ambiental, facilitando así la creación y mantenimiento de cultivos ilegales.
La organización contaba con una estructura jerárquica bien definida, con un núcleo directivo encargado de tomar decisiones estratégicas y coordinar las distintas sedes operativas. Estas empresas estaban distribuidas por todo el territorio nacional y funcionaban discretamente, sin actividad comercial visible al público, operando generalmente a puerta cerrada excepto durante momentos específicos de carga y descarga.
A pesar de que cada sociedad parecía independiente, todas funcionaban como parte de un mismo entramado empresarial coordinado. Compartían recursos logísticos, operativos y comerciales, actuando bajo una dirección común mientras mantenían una fachada legal mediante ventas mayoristas a establecimientos.
No obstante, la investigación ha evidenciado una doble operativa: por un lado, la venta a otras empresas con márgenes reducidos; por otro lado, ventas directas a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, lo cual generaba mayores beneficios económicos fuera del marco legal. Estas transacciones se realizaban principalmente en efectivo para evitar cualquier trazabilidad.
Los agentes han descubierto que existía una doble contabilidad: una oficial presentada ante las autoridades fiscales y otra paralela relacionada con ingresos provenientes de actividades ilícitas. Este capital paralelo alcanzaba aproximadamente los 13 millones de euros y se redistribuía dentro del entramado para cubrir gastos personales y pagos a proveedores.
Durante el periodo investigativo, las cuentas bancarias asociadas a los principales responsables mostraron movimientos superiores a los 80 millones de euros, mientras que su actividad económica declarada apenas alcanzaba los 15 millones. Además, se identificó una filial en Alemania que replicaba esta misma operativa ilegal, ampliando así su alcance europeo.
Esta delegación permitía gestionar grandes volúmenes de efectivo aprovechando normativas específicas sobre pagos en ese país.
Para proteger la identidad de sus clientes —muchos relacionados con grandes plantaciones— la organización implementó medidas como entregas indirectas y ocultación de direcciones finales mediante intermediarios. Los empleados eran plenamente conscientes del destino ilícito del material suministrado e intervenían activamente en la gestión logística.
El operativo contó con la participación activa tanto de agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial como del Servicio Cinológico y patrullas territoriales en Tarragona y Granada. Por parte dels Mossos d’Esquadra participaron diversas unidades especializadas en investigación criminal y seguridad ciudadana.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800,000 € | Valor del patrimonio bloqueado |
| 240,000 € | Efectivo intervenido |
| 13,000,000 € | Capital de la contabilidad paralela |
| 80,000,000 € | Movimientos de capital registrados en cuentas bancarias |
| 15,000,000 € | Actividad económica declarada |
El objetivo de la operación "Krippy" fue desarticular una organización criminal que operaba como una trama empresarial dedicada a proveer material para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala.
Cuatro personas fueron detenidas y dos más están siendo investigadas. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por ser los máximos responsables de la organización criminal.
La organización suministraba todos los elementos necesarios para la instalación completa de cultivos ilegales de marihuana, incluyendo iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental.
Se decretó el cese de las actividades de las empresas involucradas y se bloquearon sus cuentas bancarias y patrimonio, valorado en unos 800.000 euros.
La organización tenía una estructura jerarquizada y funcionaba como una única entidad coordinada, compartiendo recursos logísticos y comerciales. Realizaban ventas directas a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana.
Se encontró que existía una doble contabilidad: una oficial declarada ante la administración y otra paralela vinculada a ingresos procedentes de ventas ilícitas, con un capital aproximado de 13 millones de euros almacenados internamente.
Implementaban medidas específicas para preservar la identidad de sus clientes, como sistemas de entrega indirecta y uso de intermediarios para la recepción de mercancías.