Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno explique las acciones a tomar frente a la "limpieza social" implementada por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PP, contra personas sin hogar. Santiago denuncia la eliminación de avisos previos antes de las actuaciones de limpieza, lo que ha llevado a la destrucción de pertenencias y documentación de estas personas. La iniciativa también cuestiona al Ministerio de Igualdad sobre su conocimiento y valoración del impacto de estas medidas en la igualdad de trato, dado que contravienen la Ley 15/2022 que prohíbe la discriminación por situación socioeconómica. Izquierda Unida critica esta práctica como un ataque institucional a los derechos de los más vulnerables y exige una respuesta contundente del Gobierno para proteger a quienes se encuentran en situaciones económicas precarias.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de que los responsables del Gobierno expliquen las medidas que tienen previstas para garantizar la igualdad de trato ante la “limpieza social” llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. Esta acción se dirige especialmente hacia las personas que viven en situación de calle.
El equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha eliminado el aviso previo a las personas sin hogar antes de realizar operativos de limpieza en áreas donde residen. Esta decisión ha resultado en la eliminación indiscriminada de sus pertenencias, incluyendo ropa y documentos personales.
Santiago ha solicitado al Ministerio de Igualdad si está al tanto de estos hechos, ampliamente documentados por diversos medios, y qué evaluación hace sobre cómo estas instrucciones municipales afectan la igualdad de trato. Esto se fundamenta en la prohibición de discriminación indirecta por situación socioeconómica según el artículo 6 de la Ley 15/2022.
Para Izquierda Unida, estas acciones forman parte de un patrón más amplio que busca criminalizar a las personas sin hogar, un fenómeno denunciado repetidamente por organismos internacionales de derechos humanos.
Las prácticas del Gobierno municipal del PP crean un “agravio comparativo” al evidenciar una aplicación discriminatoria de las ordenanzas. Mientras que otros casos como vehículos abandonados o mobiliario urbano siguen procedimientos reglados con notificaciones y plazos para alegaciones, la falta de aviso previo para quienes no tienen hogar elimina cualquier garantía procesal.
“Esta distinción en el trato basada en la situación socioeconómica va en contra de la Ley 15/2022, que protege los derechos independientemente de la capacidad económica”, subraya Enrique Santiago.
El diputado también interroga si el Gobierno tiene planes para informar a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato sobre estos incidentes, sugiriendo que se inicie una investigación dada la gravedad potencial de esta desprotección.
Izquierda Unida exige claridad sobre cómo el Gobierno pretende actuar para poner fin a estas prácticas del Ayuntamiento y denuncia que tales acciones constituyen una alarmante ofensiva institucional contra los derechos de las personas más vulnerables. En lugar de ofrecer intervención social, se opta por hostigamiento administrativo.
Santiago advierte que las respuestas del PP intentan ocultar no solo la vulneración de la dignidad humana sino también el uso indebido de los servicios municipales como herramienta para segregar y ocultar la pobreza extrema en espacios públicos. Para Izquierda Unida, esto representa una política clara de “limpieza social”, contraria a los avances legislativos en igualdad y que requiere una respuesta firme del Gobierno para asegurar que la vulnerabilidad económica no resulte en desprotección jurídica total.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha registrado una iniciativa para que los responsables del Gobierno expliquen qué acciones piensan llevar a cabo para garantizar la igualdad de trato frente a la "limpieza social" emprendida por el Ayuntamiento de Madrid contra las personas que viven en la calle.
El equipo de Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida ha suprimido el aviso previo a las personas en situación de sinhogarismo antes de realizar operativos de limpieza, lo que ha llevado a la eliminación de sus pertenencias y, en algunos casos, incluso su documentación.
Izquierda Unida considera que estas prácticas constituyen un patrón de criminalización hacia las personas en situación de sinhogarismo y evidencian una aplicación discriminatoria de las ordenanzas municipales, contraviniendo la Ley 15/2022 que prohíbe la discriminación por situación socioeconómica.
Santiago pregunta si el Ministerio tiene conocimiento de estos hechos y cuál es su valoración sobre el impacto que tienen estas instrucciones municipales en la igualdad de trato.
Izquierda Unida advierte que esta distinción en el trato puede contravenir la Ley 15/2022 y solicita al Gobierno que considere trasladar estos hechos a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato para investigar la posible gravedad de la desprotección denunciada.
Izquierda Unida describe estas acciones como una alarmante ofensiva institucional contra los derechos de las personas más vulnerables, sustituyendo intervenciones sociales por hostigamiento administrativo y utilizando servicios de limpieza como herramientas para invisibilizar la pobreza extrema.