El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a utilizar el histórico incremento de financiación de 6.200 millones de euros destinado a la dependencia para reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios. Durante un Consejo Territorial con los gobiernos autonómicos, Bustinduy destacó que esta inversión es la mayor en décadas y busca priorizar la atención a las personas dependientes y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras. La ampliación de la financiación se consolidará por ley, asegurando recursos para el futuro y evitando recortes. Además, se incrementará también la aportación estatal para el nivel acordado de protección en el sistema de atención a la dependencia.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió este lunes con los gobiernos autonómicos en el marco del Consejo Territorial, donde se discutió la reciente ampliación de las transferencias estatales para financiar la dependencia. Esta medida representa un histórico incremento de 6.200 millones de euros en un plazo de dos años.
Bustinduy instó a los ejecutivos regionales a utilizar esta ampliación para reducir las listas de espera, mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones para los usuarios, así como dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
Durante el Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tuvo lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Bustinduy destacó que “esta es la mayor inversión social en décadas en este país”. El ministro subrayó que es crucial que las Comunidades Autónomas destinen estos fondos a tres objetivos prioritarios: reducir listas de espera, mejorar prestaciones y asegurar condiciones laborales adecuadas para quienes cuidan.
Bustinduy también recordó que esta ampliación es estructural y estará garantizada por ley para evitar recortes futuros. Esto representa una “refundación del sistema” que se complementará con reformas legislativas en tramitación sobre Dependencia y Discapacidad. Según Bustinduy, estas reformas buscan transformar el enfoque asistencialista hacia uno centrado en los derechos y la autonomía de las personas.
El ministro enfatizó que no ha habido oposición por parte de los gobiernos autonómicos respecto a estas reformas. “La única solicitud ha sido más recursos para implementar las nuevas leyes, y eso es exactamente lo que hemos proporcionado: una mejora histórica en la financiación”, afirmó Bustinduy. Además, aseguró que este “incremento inédito” será exclusivamente destinado a la dependencia, con mecanismos de control establecidos por el Ministerio para garantizar su correcta gestión.
A partir del 1 de julio, entrará en vigor la nueva ampliación de cuantías por grado, lo cual incrementará en un 98,7% los fondos destinados al nivel mínimo de dependencia. En este contexto, Bustinduy también anunció un aumento adicional en la financiación del nivel acordado, incluyendo una partida extra de 121 millones de euros, lo que elevará la inversión total a más de 904 millones, alcanzando casi 970 millones si se suman los recursos destinados a Euskadi y Navarra.
Bustinduy concluyó subrayando que “este ministerio ha cumplido con su parte. Ya nadie puede poner excusas o decir que faltan recursos. Es momento de enfocarnos en lo verdaderamente importante: cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6.200 millones de euros | Incremento de inversión en dependencia durante dos años (2026-2027). |
| 900 millones de euros | Aportación estatal para el nivel acordado este año. |
| 98,7% | Incremento medio de fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. |
| 121 millones de euros | Partida adicional para repartir entre las CCAA para el nivel acordado. |
Se ha abordado la reciente ampliación de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para financiar la dependencia, lo que supondrá un incremento de la inversión de 6.200 millones de euros en dos años.
Bustinduy ha instado a los gobiernos autonómicos a destinar esta ampliación para reducir las listas de espera, mejorar la calidad de las prestaciones y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
El ministro ha destacado que se trata de una medida histórica y estructural, consolidándose para los siguientes años, lo cual blinda la financiación por ley y evita posibles recortes futuros.
Se está tramitando una reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que busca transformar el sistema hacia un enfoque más centrado en los derechos y autonomía de las personas.
Bustinduy ha afirmado que el Ministerio de Derechos Sociales dispone de mecanismos de control para asegurar que los recursos sean utilizados exclusivamente para la dependencia.
Además del incremento estructural, se espera una partida adicional de 121 millones de euros para el nivel acordado, alcanzando una inversión total cercana a los 970 millones de euros.