Más de 130 organizaciones sociales y ambientales han exigido al Gobierno español que, además de renovar la Ley de Residuos, garantice su cumplimiento efectivo. En una consulta pública sobre la modificación de esta ley, las entidades advirtieron que simplemente cambiar las normas no es suficiente si no se implementan mecanismos de control y sanción. Señalaron que la falta de desarrollo en medidas como el Sistema de Depósito para envases de bebidas y la gestión del desperdicio alimentario demuestra que la legislación actual no está siendo aplicada adecuadamente. Las organizaciones piden priorizar la prevención y reutilización en la política de residuos, así como establecer un régimen sancionador eficaz para asegurar el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de economía circular.
La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones sociales, han hecho un llamado al Gobierno en el marco de la consulta pública sobre la modificación de la Ley de Residuos. En su intervención, advirtieron que modificar las normas sin asegurar mecanismos efectivos para su aplicación y control es insuficiente.
Las organizaciones enfatizan que la reforma de la ley será ineficaz si no se priorizan acciones como la prevención y la reutilización. La falta de desarrollo del Sistema de Depósito es un claro ejemplo de cómo esta situación afecta también a cuestiones críticas como el desperdicio alimentario y la venta a granel.
En sus comentarios sobre el anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 7/2022, las organizaciones subrayan la importancia de adaptar la legislación española a las nuevas directrices europeas. Sin embargo, advierten que continuar modificando leyes sin garantizar su cumplimiento real no conducirá a una economía circular efectiva.
A cuatro años de la aprobación inicial, el problema radica no solo en el contenido normativo, sino también en la falta de implementación y seguimiento. Una ley sin desarrollo ni control no reduce residuos. Es fundamental pasar de legislar sobre economía circular a hacerla tangible.
El Sistema de Depósito (SDDR) para envases de bebidas es un ejemplo paradigmático. Su implementación está legalmente establecida para el 22 de noviembre de 2026, pero actualmente el proceso para autorizar a las entidades operadoras está paralizado en Madrid, sin un calendario claro para su resolución.
A pesar de los esfuerzos realizados por la Alianza Residuo Cero y #LeydeResiduosYA para denunciar esta situación, más de un mes después, no hay avances significativos. Este bloqueo pone en evidencia un problema mayor: aunque existan obligaciones legales, su cumplimiento se ve comprometido por ineficiencias administrativas.
Las alegaciones presentadas exigen que se refuerce la prevención como prioridad en la política de residuos, tal como establece la jerarquía europea. Entre las medidas aún pendientes figura el desarrollo del requisito para vender frutas y verduras sin envase, así como definir productos perecederos excluidos.
A pesar del avance con la Ley 1/2025 sobre desperdicio alimentario, su implementación sigue siendo limitada. Se requiere una cuantificación precisa del desperdicio en todos los niveles para diseñar políticas públicas efectivas y evaluar resultados.
Las organizaciones reclaman avanzar hacia una política que priorice la reutilización sobre el reciclaje. Proponen que el futuro Sistema de Depósito incluya también envases reutilizables y fomente prácticas sostenibles en comercio electrónico y eventos públicos.
No se trata solo de reciclar más productos desechables; se trata principalmente de evitar que se conviertan en residuos.
Otro aspecto crucial es abordar las sustancias peligrosas presentes en productos. Aunque se han establecido restricciones sobre ciertos químicos, persiste una falta de procedimientos claros para garantizar su cumplimiento efectivo. Se requieren mecanismos robustos para evitar que materiales contaminantes ingresen al ciclo económico.
Las organizaciones proponen revisar la fiscalidad ambiental para favorecer opciones superiores dentro de la jerarquía de residuos. Sugieren destinar los ingresos del impuesto sobre plásticos a políticas enfocadas en prevención y reutilización, evitando así consolidar un modelo desechable.
La problemática generada por colillas y productos desechables ha llevado a solicitar prohibiciones estatales sobre artículos innecesarios que agravan la contaminación. Además, se propone regular adecuadamente materiales como los microplásticos derivados del césped artificial debido a su impacto ambiental significativo.
Finalmente, es esencial abordar las debilidades actuales del sistema mediante un fortalecimiento en los sistemas de inspección y seguimiento. Las alegaciones incluyen propuestas concretas como prohibir la destrucción innecesaria de productos nuevos devueltos y garantizar que antes de generar nuevos residuos se agoten todas las posibilidades preventivas.
"Antes de producir nuevos residuos hay que agotar las posibilidades de prevención", concluyen desde estas organizaciones, haciendo hincapié en que Europa debe avanzar más allá del mero establecimiento normativo hacia una verdadera acción efectiva.
La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social de toda España, están reclamando al Gobierno.
El principal problema no radica solo en lo que dice la legislación, sino en la falta de desarrollo de numerosas medidas ya aprobadas, así como en la ausencia de mecanismos de control y seguimiento efectivos.
Se solicita que se refuercen los mecanismos de aplicación, control y sanción necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes sobre residuos.
Un ejemplo mencionado es el Sistema de Depósito (SDDR) para envases de bebidas, cuya implementación está paralizada en la Comunidad de Madrid a pesar de tener una fecha legalmente fijada.
Se propone una cuantificación real del desperdicio alimentario en sus diferentes eslabones y un desarrollo más efectivo de las obligaciones relacionadas con este tema.
Se propone revisar la fiscalidad ambiental para que favorezca las opciones superiores en la jerarquía de residuos y destinar los impuestos sobre plásticos a políticas de prevención y reutilización.
Se debe reforzar los sistemas de inspección, seguimiento y trazabilidad, así como definir claramente las responsabilidades administrativas y desarrollar un régimen sancionador efectivo.