El Gobierno de España ha aprobado un tercer real decreto ley en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con el objetivo de proteger a hogares y pymes de la subida de precios del gas. Esta medida limita el aumento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) al 15% y establece un precio máximo para la bombona de butano hasta junio de 2027. Además, se prorrogan ayudas al combustible para el transporte y se implementan rebajas fiscales en el recibo de la luz y el gas. El esfuerzo presupuestario total supera los 12.000 millones de euros, buscando mitigar el impacto del conflicto en los mercados energéticos y asegurar la autonomía energética del país.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al tercer real decreto ley que extiende y adapta diversas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el 20 de marzo. Esta decisión busca continuar protegiendo a hogares y empresas ante el aumento de los precios del crudo y las tensiones energéticas, tras semanas de diálogo con los agentes sociales y sectores afectados. Hasta la fecha, el esfuerzo presupuestario asociado a estos tres reales decretos supera los 12.000 millones de euros.
Este nuevo decreto mantiene la estructura de los anteriores, dividiéndose en dos ejes principales: uno coyuntural, que prorroga por tres meses las medidas que expiraban el 30 de septiembre de 2026, y otro estructural, enfocado en reforzar la autonomía energética y avanzar hacia la descarbonización de la economía.
La normativa incrementa la protección para hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes) ante el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los mercados internacionales de combustibles fósiles. Se establece una limitación del peso de la cotización del gas al 35% en el cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para octubre. Como resultado, el incremento máximo de esta tarifa, que beneficia a más de tres millones de consumidores, se situará alrededor del 15%, en contraste con el alza superior al 45% que se habría registrado sin esta medida.
Además, se fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, garantizando así el acceso a este producto energético esencial cuyo precio actual es 18,84 euros.
La nueva legislación prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible para los sectores del transporte terrestre, marítimo y ferroviario. En particular, para el transporte por carretera se amplía la ayuda al gasóleo profesional para vehículos con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. La subvención será de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre, con posibles ajustes si se activa un mecanismo salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.
A su vez, se introduce una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden acceder a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. Esta cuantía variará según el número y tipo de vehículos utilizados. Para el sector ferroviario, se establecerá una línea adicional de ayudas directas con un apoyo económico de 15.000 euros por locomotora diésel.
Acompañando las ayudas al gasóleo profesional y carburantes, se incluye una cláusula salvaguarda para electricidad y gas. Se prevé una reducción del IVA sobre la luz del 21% al 10%, así como una disminución del tipo del Impuesto Especial sobre Electricidad desde el 5,1%% hasta el 0,5%% si la inflación eléctrica aumenta un 15%% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Esta rebaja aplicará a quienes tengan potencias contratadas inferiores a 10kW y beneficiarios del bono social.
Dentro de las medidas estructurales dirigidas a mejorar la autonomía energética y avanzar hacia un modelo más sostenible, se aumentan las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado (GNL) del Plan de Acción Invernal, pasando de 16,5 días a 21 días. Asimismo, se actualizará el régimen sancionador para el sector hidrocarburos duplicando las multas por infracciones.
También se encomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), realizar un estudio sobre cómo se forman los precios en los mercados mayorista y minorista. Este análisis evaluará tanto la efectividad como el grado en que las medidas adoptadas han impactado en los mercados energéticos.
A lo largo del proceso también se prorrogarán las condiciones para las empresas que reciben ayudas estatales. Esto incluye mantener un Plan de Movilidad Sostenible para sus trabajadores así como prohibir despidos relacionados con conflictos vinculados a estas ayudas.
No hay que olvidar que el primer real decreto ley aprobado en marzo estableció un escudo social que abarca todo 2026. Este escudo incluye descuentos extraordinarios en el bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos), un incremento en la ayuda mínima del bono social térmico hasta 50 euros, además de prohibiciones contra cortes en suministros básicos como agua o energía dirigidos a hogares vulnerables.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Esfuerzo presupuestario total de los tres reales decretos ley | 12,000 millones de euros |
| Incremento máximo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) | 15% |
| Precio máximo de la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027 | 19.55 euros |
| Ahorro fiscal en el IVA de la luz (de 21% a) | 10% |
El tercer real decreto ley incluye la limitación de la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) al 15% y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027. También prorroga ayudas al gasóleo profesional y rebajas fiscales a carburantes.
El decreto protege a hogares y pymes del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios de combustibles fósiles, limitando el aumento de tarifas y asegurando precios máximos para productos energéticos esenciales.
Se prorrogan las ayudas al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario, incluyendo subvenciones específicas para vehículos que no pueden beneficiarse de devoluciones fiscales y nuevas líneas de ayuda para el ferrocarril y el transporte marítimo.
Se contempla una rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% y una reducción del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%, aplicable a consumidores con potencias contratadas inferiores a 10kW.
Las medidas estructurales incluyen un aumento en las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado y actualizaciones en el régimen sancionador para hidrocarburos. También se encomienda a la CNMC estudiar la formación de precios en los mercados energéticos.
El escudo social es un conjunto de medidas que incluyen descuentos extraordinarios en el bono social eléctrico, incremento de ayudas mínimas y prohibiciones sobre cortes de suministros básicos a hogares vulnerables.