El Ministerio de Sanidad ha iniciado una reforma normativa para facilitar el acceso al aborto farmacológico en Atención Primaria. Esta iniciativa incluye la modificación del Real Decreto 1277/2003 y el Real Decreto 831/2010, con el objetivo de adaptar la autorización y acreditación de centros sanitarios para esta prestación. La propuesta busca integrar la indicación y seguimiento del aborto farmacológico en las funciones de las unidades de Planificación Familiar, garantizando que se realice bajo la supervisión de especialistas. Además, se establecerán mecanismos para compatibilizar la objeción de conciencia de los profesionales con el acceso ágil a este servicio por parte de las mujeres. La consulta pública sobre este proyecto estará abierta hasta el 20 de octubre de 2026.
El Ministerio de Sanidad ha iniciado la consulta pública previa del proyecto de real decreto que busca facilitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través del método farmacológico en Atención Primaria. Esta iniciativa tiene como objetivo modificar la normativa vigente sobre autorización y acreditación de centros sanitarios para adaptarla a esta modalidad de atención.
Entre las modificaciones propuestas, se incluye la incorporación expresa de la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico, así como el manejo de sus posibles complicaciones. Estas funciones estarán bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.
La reforma también contempla el establecimiento de requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que ofrezcan esta prestación. Actualmente, la normativa está más enfocada en procedimientos instrumentales o quirúrgicos, mientras que el método farmacológico, utilizado durante las primeras semanas de gestación, no requiere instalaciones quirúrgicas complejas.
Para llevar a cabo estos cambios, se propone modificar el Real Decreto 1277/2003, que regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como el Real Decreto 831/2010, que garantiza la calidad asistencial en la prestación de la IVE.
Asimismo, se prevén mecanismos organizativos en los centros de Atención Primaria que permitan compatibilizar el ejercicio individual de la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios con un acceso efectivo y sin demoras a esta prestación por parte de las mujeres.
Las organizaciones y asociaciones interesadas podrán remitir sus aportaciones hasta el 20 de octubre de 2026, a través del correo dgsp_normativa@sanidad.gob.es, asegurándose de identificar al remitente e indicar que los comentarios corresponden a esta consulta pública previa.
El Ministerio de Sanidad ha abierto la consulta pública previa del proyecto de real decreto para facilitar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante el método farmacológico en Atención Primaria.
Se propone modificar la normativa de autorización y acreditación de centros sanitarios para adaptarla a la modalidad farmacológica, incluyendo la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico entre las funciones de las unidades de Planificación Familiar.
Las funciones relacionadas con el aborto farmacológico serán desarrolladas bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.
Se establecerán requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que realicen la prestación del aborto farmacológico, dado que este método no requiere infraestructuras quirúrgicas complejas.
La propuesta contempla mecanismos organizativos en los centros de Atención Primaria para compatibilizar el ejercicio individual de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios con el acceso efectivo y sin demoras al servicio por parte de las mujeres.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones interesadas podrán enviar sus aportaciones hasta el 20 de octubre de 2026 al correo dgsp_normativa@sanidad.gob.es, identificando al remitente e indicando que los comentarios corresponden a esta consulta pública previa.