El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que limita los alimentos precocinados y las frituras en hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, entre otros centros. La norma establece un máximo de tres raciones mensuales de platos precocinados en hospitales y residencias, y de una al mes para menores hospitalizados y escuelas infantiles; además, exige que al menos el 70% de los productos de las máquinas expendedoras sean saludables.
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que limita los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sal en hospitales, centros residenciales, escuelas infantiles y otros espacios. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto con los ministerios de Agricultura, Sanidad, Educación y Juventud e Infancia, se aplica a centros públicos y privados, e incluye también bibliotecas, universidades y museos de titularidad pública.
El texto restringe los alimentos precocinados y las frituras y promueve una mayor presencia de productos nutritivos y sostenibles. Establece criterios más restrictivos para los menús de niños, niñas y adolescentes, con especial protección para la infancia, en continuidad con el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en 2025.
En hospitales y centros residenciales para personas mayores, dependientes o con necesidades especiales, podrán servirse como máximo tres raciones mensuales de platos precocinados. En los hospitales, los menores de edad podrán recibir una ración al mes, la misma frecuencia prevista para las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Las frituras se limitarán a dos raciones semanales. Además, los menús hospitalarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes, así como los de las escuelas infantiles, excluirán los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadida.
La norma exige que al menos el 90 % de las frutas y el 30 % de las hortalizas servidas sean frescas y de temporada. También dispone que al menos el 10 % proceda de circuitos cortos de distribución.
Los menús diarios deberán incluir fruta y hortalizas, que podrán incorporarse en primeros platos, guarniciones, ensaladas y postres. En los servicios de pensión completa se ofrecerán al menos tres raciones diarias de hortalizas y entre dos y tres raciones de fruta.
Para los menús del día deberá ofrecerse cada semana al menos un plato principal elaborado exclusivamente con legumbres u otras fuentes de proteínas vegetales. En pensión completa se servirán al menos cuatro raciones semanales de platos que contengan esas proteínas.
En los menús del día se ofrecerán como plato principal al menos dos raciones semanales de pescado, alternando entre pescado blanco y azul. En pensión completa serán al menos tres raciones semanales; también se alternarán las variedades y podrán incluirse crustáceos y moluscos.
En los productos elaborados con cereales, como pan, arroz o pasta, al menos el 50 % de la oferta semanal de los menús diarios deberá ser integral. En pensión completa se pautan de tres a seis raciones diarias de productos a base de cereales, con prioridad para los cereales enteros e integrales y una reducción de las harinas refinadas.
Al menos el 25 % del coste total de adquisición de los alimentos deberá corresponder a productos de producción ecológica. Para facilitar la transición del sector, durante los cuatro primeros años se permitirá que el porcentaje sea inferior, aunque deberá alcanzar al menos el 10 %.
Las comidas deberán estar supervisadas por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética y, siempre que sea posible, prepararse en las cocinas de los propios centros. Los menús tendrán que ser variados y adaptarse a cada grupo de edad y a las necesidades de las personas usuarias por motivos de salud, éticos o religiosos.
El decreto contempla la implantación de cribados nutricionales en hospitales y centros residenciales para detectar posibles situaciones de desnutrición.
Al menos el 70 % de los alimentos y bebidas ofrecidos en las máquinas expendedoras de estos centros deberá ser saludable. Esos productos tendrán que colocarse en las filas centrales, de mayor visibilidad, mientras que se restringirá la presencia y visibilidad de productos poco saludables y muy procesados.
La norma limita las bebidas azucaradas y energéticas en esas máquinas. En las que dispensan bebidas calientes, como café, se ofrecerán por defecto sin azúcar añadido; se permitirá añadir un máximo de cinco gramos como opción voluntaria.
Los centros deberán instalar fuentes señalizadas que proporcionen agua potable gratuita.
El real decreto incorpora medidas para reducir el desperdicio alimentario, planificar los menús de manera eficiente y aprovechar los ingredientes. También plantea reducir el uso de envases y vajillas de plástico y disminuir los envases monodosis, para fomentar materiales alternativos más sostenibles.
La norma se ha elaborado siguiendo recomendaciones de organismos científicos y sanitarios como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La OMS considera que una alimentación no saludable es uno de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, entre ellas los infartos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la diabetes. Estas enfermedades crónicas resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, sociales, ambientales y de comportamiento.
Según la Encuesta de Salud de España de 2023, el 57,7 % de la población mayor de 15 años padece algún tipo de enfermedad crónica. La ingesta excesiva de sal, azúcar y grasas, junto con dietas bajas en cereales integrales, frutas, hortalizas —incluidas las verduras—, legumbres, semillas, frutos secos y ácidos grasos omega 3, puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad no transmisible.
La misma encuesta indica que el 55 % de la población española mayor de 18 años presentaba exceso de peso: el 15,2 % tenía obesidad y el 39,8 %, sobrepeso. La presencia de estas patologías es mayor entre las personas con bajo nivel de estudios o menor nivel socioeconómico, así como entre las personas mayores.
El Ministerio de Consumo considera necesario ofrecer entornos que cuiden la calidad nutricional de los alimentos para prevenir riesgos de enfermedad y sostiene que estos centros deben ser un ejemplo de alimentación saludable.
| Ámbito | Cifra establecida |
|---|---|
| Platos precocinados en hospitales y centros residenciales | Máximo de 3 raciones al mes. |
| Platos precocinados para menores en hospitales y en escuelas infantiles de 0 a 3 años | 1 ración al mes. |
| Frituras | Máximo de 2 raciones semanales. |
| Frutas y hortalizas frescas y de temporada | Al menos el 90% de las frutas y el 30% de las hortalizas. |
| Frutas y hortalizas de circuitos cortos de distribución | Al menos el 10%. |
| Producción ecológica | Al menos el 25% del coste total de adquisición de alimentos; durante los primeros 4 años, el mínimo será del 10%. |
| Productos saludables en máquinas expendedoras | Al menos el 70% de los alimentos y bebidas ofrecidos. |
| Productos elaborados a base de cereales en menús diarios | Al menos el 50% de la oferta semanal debe ser de variedades integrales. |
La norma abarca hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, tanto públicos como privados, además de bibliotecas, universidades y museos de titularidad pública.
En hospitales y centros residenciales, el límite será de tres raciones al mes. En los menús hospitalarios para menores y en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, será de una ración mensual.
La norma limita las frituras a dos raciones semanales.
Al menos el 90% de las frutas y el 30% de las hortalizas servidas deberán ser frescas y de temporada. Además, al menos el 10% deberá proceder de circuitos cortos de distribución.
Al menos el 70% de los alimentos y bebidas ofrecidos deberá ser saludable. Esos productos deberán colocarse en las filas centrales y de mayor visibilidad.
Al menos el 25% del coste total de adquisición de alimentos deberá corresponder a productos de producción ecológica. Durante los cuatro primeros años, el mínimo será del 10%.
Deberán supervisarlas profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética. Los menús también tendrán que adaptarse a los grupos de edad y a las necesidades especiales de las personas usuarias.