El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida refuerza el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado al Ayuntamiento de Madrid un archivo digital con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para abordar la proliferación de estos pisos y contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Además, se han tomado medidas contra plataformas como Booking y Airbnb por anuncios ilegales.
El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países en una iniciativa para combatir el "ecopostureo" de las aerolíneas, también conocido como "greenwashing". Esta acción busca garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y precisas, respaldadas por pruebas científicas sólidas. La medida se enmarca dentro del compromiso con los derechos sociales y la Agenda 2030.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre posibles aumentos de precios en vehículos VTC tras el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país. Esta acción responde a denuncias de usuarios y se centra en comunidades donde se declaró emergencia nacional. La normativa vigente prohíbe a las empresas con sistemas de precios dinámicos aumentar tarifas en situaciones de emergencia, como la reciente crisis. Las infracciones podrían acarrear sanciones significativas, reflejando el compromiso del Gobierno de España en proteger a los consumidores durante circunstancias críticas. Para más detalles, visita el enlace.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se espera esté lista antes de finalizar el año. Durante una reunión con la Plataforma del Tercer Sector y asociaciones de consumidores, Aagesen destacó la necesidad de implementar medidas estructurales en lugar de soluciones temporales, tras los altos precios energéticos de los últimos años. La estrategia buscará mejorar la equidad energética y garantizar que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él. Además, se propone incluir la pobreza energética como variable en programas de ayudas y utilizar financiación del Plan Social para el Clima para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por asegurar una transición energética centrada en el bienestar del ciudadano.
La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. La investigación, que comenzó en junio, reveló que la plataforma mantenía anuncios sin el número de licencia requerido, lo que podría constituir infracciones graves bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. Esta acción se enmarca en un esfuerzo mayor del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para abordar irregularidades en el sector de la vivienda y proteger los derechos de los consumidores en España.
El secretario de Estado, Javier Padilla, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, han presentado este martes los resultados de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024), en la que se documentan las sustancias con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses en nuestro país.
|
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico en la capital, donde se han identificado más de 15.000 alojamientos operando sin licencia, contrastando con solo 1.131 licencias concedidas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy busca facilitar la labor del Ayuntamiento para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales. Esta colaboración incluye la entrega de anuncios que demuestran que estos alojamientos están activos, permitiendo al Ayuntamiento tomar medidas inmediatas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros de Consumo de las comunidades autónomas a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Durante una Conferencia Sectorial, destacó la necesidad de que los gobiernos regionales actúen contra estas prácticas que afectan el mercado inmobiliario y el derecho a la vivienda. Esta reunión busca fortalecer la regulación del sector turístico y garantizar un consumo responsable.
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Las nuevas enmiendas, registradas en el Congreso tras un acuerdo entre Sumar y PSOE, obligarán a las compañías telefónicas a identificar las llamadas comerciales con códigos específicos y a bloquear aquellas que no los utilicen. Además, se declararán nulos los contratos obtenidos mediante llamadas no consentidas y se exigirá la renovación del consentimiento cada dos años. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y reducir el volumen de quejas sobre llamadas no deseadas.
Organizaciones de consumidores de 31 países europeos han expresado su apoyo a las sanciones impuestas por el Gobierno de España a cinco aerolíneas low cost. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participó en una reunión de la Organización Europea de Consumidores donde se discutieron estas medidas. Esta acción busca proteger los derechos de los consumidores en el sector aéreo. Para más información, visita el enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-consumo-agenda-2030/Paginas/2025/200325-bustinduy-organizacion-europea-consumidores.aspx?qfr=2.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras no cumplir con requerimientos legales sobre la publicidad de sus anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para combatir irregularidades en el sector inmobiliario y mejorar la crisis de vivienda en España.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre las grandes gestoras de pisos turísticos en España por posibles prácticas comerciales engañosas. Esta acción se centra en empresas que gestionan múltiples viviendas turísticas y que podrían estar vulnerando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La investigación busca identificar irregularidades en la publicidad y gestión de estos alojamientos, especialmente aquellos que operan sin licencia o bajo condiciones engañosas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para abordar la crisis de vivienda en el país y frenar la especulación en el sector inmobiliario.
Un estudio constató irregularidades como elevar el precio de un producto días antes de las rebajas, usar cupones y códigos para simular descuentos falsos o incitar a la compra impulsiva con ofertas supuestamente limitadas.
|
