El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica, estructurado en seis líneas de actuación y 22 medidas. Entre ellas figuran impulsar el uso de la huella de carbono en determinados contratos y la adaptación climática en grandes obras y concesiones; el Plan fija como objetivo que en 2033 se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos incluidos en su ámbito.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-203. La iniciativa busca incorporar de manera progresiva y sistemática criterios ambientales en las compras públicas y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica.
La contratación pública equivale aproximadamente al 11,5 % del PIB y a cerca del 25 % del gasto público. El Plan plantea utilizar este potencial para reducir emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, promover la economía circular y estimular soluciones innovadoras con menor impacto ambiental.
Al finalizar su vigencia, en 2033, el objetivo es que se valore incluir al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos comprendidos en su ámbito. El nuevo marco amplía el del periodo 2018-2025 al incorporar a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, además de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Una de las seis líneas del Plan se centra en la descarbonización. Incluye crear una base de datos centralizada de materiales de construcción con factores de emisión de productos que representen, al menos, el 70 % del volumen medio de obra pública estatal.
También se promoverá la incorporación progresiva de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o criterio de adjudicación cuando sea viable. El Plan prevé estudiar la creación de un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto, con valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
Además, se identificarán y difundirán proyectos de referencia para facilitar la integración gradual de estos criterios. La finalidad es avanzar hacia el uso de la huella de carbono como parámetro objetivo y comparable en las decisiones de compra e inversión pública.
El Plan establece una línea específica para incorporar la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos. Busca que las inversiones y los servicios públicos reduzcan emisiones y puedan mantener su funcionalidad frente a impactos climáticos presentes y futuros.
Entre las medidas figura identificar las categorías contractuales más expuestas a riesgos climáticos y promover prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que reduzcan la vulnerabilidad de infraestructuras, obras y servicios.
Para los grandes contratos de obras, las concesiones de obras y de servicios, y los contratos de servicios para redactar proyectos, se desarrollará una herramienta metodológica denominada test climático. También se identificarán y difundirán proyectos de referencia para trasladar buenas prácticas a la contratación pública.
El Plan propone emplear la capacidad de compra de las administraciones para impulsar la economía circular, reducir residuos y aprovechar mejor los recursos y las materias primas secundarias. En las categorías con metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas, promoverá el coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación. Este enfoque considera, además del precio inicial, los costes de uso durante la vida útil de los bienes, incluido el consumo energético.
Asimismo, se impulsarán medidas para prolongar la vida de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias.
Otra línea aborda la descarbonización y la transición energética de los edificios públicos. Se elaborarán guías y herramientas para preparar contratos de rehabilitación energética, electrificación de consumos y despliegue de energías renovables; además, se crearán modelos de pliegos y se identificarán, difundirán y transferirán proyectos de referencia y buenas prácticas.
El Plan reúne seis líneas de actuación y 22 medidas, entre ellas el desarrollo de capacidades y herramientas prácticas para las unidades promotoras y los órganos de contratación. Prevé reforzar la formación de los empleados públicos, crear una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para intercambiar conocimientos y experiencias y convertir el Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, apoyada por un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La aplicación se concretará en programas anuales de trabajo con actuaciones, responsables e hitos previstos.
El seguimiento utilizará indicadores y analizará los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). También se desarrollarán progresivamente herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir cargas administrativas. Tres años después de la aprobación se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer posibles mejoras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda elaboraron conjuntamente el Plan, que da continuidad al marco iniciado en 2018 y adapta sus instrumentos a los nuevos objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.
| Cifra | Dato de la noticia |
|---|---|
| 11,5 % | Porcentaje aproximado del PIB que representa la contratación pública. |
| 25 % | Parte aproximada del gasto público que representa la contratación pública. |
| 2033 | Año en que termina la vigencia del Plan; para entonces, su objetivo es que se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos incluidos en su ámbito. |
| 100 % | Objetivo para 2033: que se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en todos los procedimientos de contratación incluidos en el ámbito del Plan. |
| 70 % | Volumen medio de obra pública estatal que, como mínimo, representarían los productos constructivos cuyos factores de emisión recopile la base de datos prevista. |
| 6 líneas y 22 medidas | Estructura del Plan. |
| Al menos 4 veces al año | Frecuencia mínima prevista de reunión del Grupo de Trabajo Permanente. |
| 3 años | Plazo tras la aprobación del Plan para elaborar una evaluación intermedia. |
| 2018-2025 | Periodo de vigencia del anterior plan, según la noticia. |
Ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica para la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social.
Que, al término de su vigencia, se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito.
Prevé elaborar una base de datos de materiales de construcción con factores de emisión y promover progresivamente el uso de la huella de carbono de productos y servicios en los contratos en que resulte viable.
El Plan prevé desarrollar un “test climático” para facilitar la incorporación de criterios de adaptación en grandes contratos de obras y concesiones, así como en contratos de servicios para redactar proyectos.
Se estructura en seis líneas de actuación y 22 medidas, entre ellas la rehabilitación energética de edificios públicos, el impulso de la economía circular y la formación de empleados públicos.