Un fallo que, si bien es favorable a las principales pretensiones del Gobierno al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble.
Errores de interpretación en la sentencia
La Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia que ha permitido apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda.
La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad.
Por ello, el Gobierno considera que la eventual corrección de estos errores y la "necesaria interpretación" del Tribunal Supremo permitirán "sentar con claridad y precisión" las bases para la posterior liquidación del estado posesorio.