Greenpeace ha exigido al Gobierno español mayor contundencia en la regulación del oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con energías renovables, considerándola una medida peligrosa. Además, solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón reciente, abogando por la transparencia y la protección de los ciudadanos frente a los intereses del oligopolio. Greenpeace también pide medidas adicionales para acelerar la transición energética y regular el uso especulativo de las hidroeléctricas, enfatizando la necesidad de un sistema eléctrico 100% renovable para 2040.
El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha autorizado una inversión de 125 millones de euros en los fondos Axon Innovation Growth y Big Sur Ventures. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de startups y scale-ups enfocadas en tecnologías transformadoras como computación en la nube, big data, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y ciberseguridad. La inversión se realiza mediante la facilidad Next Tech, que tiene como objetivo impulsar la financiación en el sector tecnológico. Además, SETT gestiona otros instrumentos financieros para fortalecer el ecosistema empresarial tecnológico en áreas como microelectrónica y digitalización audiovisual.
El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.
Se afanan, de un lado y otro, en extender el mantra del "todos son iguales", algo que puede suponer un combustible muy eficaz para quienes pretenden que todo arda. Los de la derecha posesiva porque nunca aceptaron ni aceptarán las reglas de una democracia madura como la nuestra. Los de aquel momento de “el cambio”, desde la nostalgia, se sienten dueños de un pasado marcado por un bipartidismo imperfecto y conveniente, que acomodaba casos de corrupción y "tranquilidad" entre los poderosos.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha manifestado su expectativa de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte en su comparecencia del próximo 9 de julio varias medidas concretas para combatir la corrupción. Entre estas propuestas se destaca la creación de una Oficina contra la Corrupción, que ya ha sido registrada en el Congreso. Santiago subrayó la necesidad de implementar medidas más contundentes para responsabilizar a los corruptores y devolver el dinero malversado a la sociedad. Además, criticó la tardanza en abordar estos temas y reafirmó el compromiso de Izquierda Unida con una política transparente y responsable.
España ha alcanzado un acuerdo con la OTAN para destinar el 2,1% de su PIB a defensa, según anunció el presidente Pedro Sánchez desde La Moncloa. Este pacto permite a España cumplir con sus compromisos en la Alianza sin necesidad de aumentar el gasto al 5% del PIB, como se había propuesto anteriormente. Sánchez destacó que este acuerdo es un éxito que refuerza el papel de España en el ámbito global y enfatizó la importancia de "gastar mejor" en lugar de simplemente aumentar el presupuesto. Además, argumentó que un incremento al 5% sería incompatible con el Estado del Bienestar y requeriría recortes significativos en otros sectores. El presidente reafirmó el compromiso de España con la defensa colectiva y la cooperación multilateral.
El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas por emergencias de protección civil en diez comunidades autónomas, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, se registraron 26 emergencias que causaron daños personales y materiales en Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Las emergencias incluyen fenómenos meteorológicos adversos, incendios y accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. El acuerdo contempla ayudas directas para mitigar los daños sufridos por particulares y corporaciones locales, así como beneficios fiscales y laborales a través de diferentes ministerios.
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El Gobierno de España ha aprobado en su último Consejo de Ministros una ampliación de tres semanas en los permisos de nacimiento y cuidado de menores, elevando el total a 19 semanas. Esta medida se alinea con la Directiva (UE) 2019/1158 y permite que dos de estas semanas se disfruten hasta que el menor cumpla ocho años. Las familias monoparentales podrán acceder a un total de 32 semanas, con cuatro semanas disponibles hasta que el niño alcance esa edad. La nueva normativa busca promover la conciliación laboral y familiar, garantizando una tasa de reemplazo del 100% para ambos progenitores durante el permiso. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno por fomentar una sociedad más corresponsable y mejorar las condiciones laborales en torno a la crianza.
El Congreso de España ha aprobado la actualización de las entregas a cuenta para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, garantizando en 2025 los mayores recursos de su historia. La medida, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca reforzar políticas públicas en áreas como sanidad y educación. Las Comunidades Autónomas recibirán 158.167 millones de euros, un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Además, los Ayuntamientos contarán con una financiación récord de 28.734 millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno con la autonomía financiera de las administraciones locales.
El Gobierno de España ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que incluye 1.241 plazas para personal de los Organismos Públicos de Investigación. Esta convocatoria contempla 602 plazas de ingreso libre y 639 por promoción interna, representando un aumento significativo del 38,4% en las plazas de acceso libre y del 112,3% en las de promoción interna respecto a 2018. La ministra Diana Morant destacó que esta medida busca fortalecer el empleo estable en el sistema público de ciencia y atraer talento investigador. Además, se implementarán mejoras en los procesos selectivos para hacerlos más ágiles y accesibles, incluyendo medidas para fomentar la inclusión de personas con discapacidad.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha expresado su satisfacción por la inclusión de medidas anticorrupción en el plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Maíllo considera que este es un paso positivo hacia la lucha contra la corrupción en España, aunque subraya la necesidad de abordar también políticas sociales y de vivienda. Destacó que cinco propuestas prioritarias de IU han sido incorporadas al plan, incluyendo el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y la protección de denunciantes. Además, señaló la importancia de centrar los debates presupuestarios en temas de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
El programa El Mundo al Rojo, emitido por Distrito TV y presentado por el periodista Jesús Ángel Rojo, se ha visto envuelto en un escándalo esta semana cuando su conductor denunció en directo un presunto intento de sabotaje por parte de las denominadas "cloacas del Estado".
El Gobierno de España ha aprobado una contribución de 93.341 euros a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fomentar la Economía Social en Palestina. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de los esfuerzos de cooperación internacional, busca fortalecer y recuperar el tejido productivo mediante cursos de formación destinados a microempresas y emprendedores locales. La vicepresidenta del Gobierno destacó la importancia de apoyar al pueblo palestino en un contexto difícil, enfatizando que cada esfuerzo cuenta para promover la sostenibilidad y competitividad en la región. Desde 2024, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha estado trabajando en proyectos similares para mejorar las condiciones laborales y económicas en Palestina.
El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas para reforzar el sistema eléctrico, tras el apagón del 28 de abril. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó un paquete de medidas urgentes que incluye un Real Decreto Ley destinado a mejorar la verificación y control del sistema eléctrico. Además, se ha aprobado una inversión de 931 millones de euros en proyectos estratégicos de descarbonización, financiados por los Fondos de Recuperación. En otras decisiones, se autorizó la concentración entre BBVA y Sabadell con condiciones específicas para proteger el empleo y las actividades de ambas entidades. También se otorgó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en la legalización del matrimonio igualitario.
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