La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros, en el marco de la operación “Lutasanol”. Esta red operaba mediante la creación de contratos de trabajo falsos y cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente irregular, habiendo tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
Como resultado de la operación, se detuvo al principal captador de la trama y se investigó a otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para actividades ilícitas y un gestor laboral que colaboraba con ellos. Durante los registros realizados en el centro de operaciones del grupo, se incautaron documentos, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con su actividad delictiva y dinero en efectivo proveniente de los cobros a las víctimas.
Cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros
La investigación, que comenzó el año pasado, reveló que los miembros de esta organización captaban a personas extranjeras interesadas en obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el fin de presentar documentación que aparentara ser legal ante las autoridades. A cambio, exigían cantidades que variaban entre 4.500 y 10.500 euros.
Los agentes han confirmado que la organización realizaba altas en la Seguridad Social sin contar con una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a 100.000 euros, lo cual les permitió incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Más allá de la provincia de Almería
La actividad delictiva no se limitó a la provincia de Almería; también captaban ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura operativa contaba con funciones bien definidas: captadores encargados de gestionar la documentación y asesores especializados que daban apariencia legal a toda la operativa.
Se trataba de una red criminal interprovincial activa que facilitó ilegalmente más de un centenar de expedientes para regularización, beneficiándose económicamente al explotar las necesidades administrativas de ciudadanos extranjeros deseosos de regularizar su situación en España.
En consecuencia, se detuvo a un captador y se investigó a los administradores localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como al gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería junto con el Puesto Principal de la Guardia Civil en El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Cantidad cobrada por expediente |
Entre 4.500 y 10.500 euros |
| Número de casos tramitados ilegalmente |
Más de 100 |
| Fraude generado |
Superior a 100.000 euros |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización fue desarticulada por la Guardia Civil?
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos.
¿Cuánto cobraba la red criminal por sus servicios ilegales?
La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso que tramitaban.
¿Cuántos casos ilegales se habrían tramitado?
Se estima que la organización habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
¿Qué tipo de documentación falsificaban?
Los miembros de la organización ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la Administración.
¿Qué acciones tomó la Guardia Civil durante la operación?
Se detuvo al principal captador de la trama y se investigó a otros tres presuntos implicados, además de realizar un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones, donde se intervino documentación y dinero en efectivo.
¿En qué regiones operaba esta red criminal?
La organización extendía su actividad más allá de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversas provincias como Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
¿Cuál fue el impacto económico del fraude?
Las prácticas fraudulentas generaron un fraude superior a los 100.000 euros, lo que también podía facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Si (
No(
