El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras no cumplir con requerimientos legales sobre la publicidad de sus anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para combatir irregularidades en el sector inmobiliario y mejorar la crisis de vivienda en España.
La Dirección General de Consumo, bajo la supervisión del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una plataforma dedicada al alquiler de pisos turísticos. Este procedimiento marca el inicio de un periodo para la instrucción del caso y la posterior resolución por parte del organismo correspondiente.
La investigación se inició en junio pasado, cuando se solicitó información a varias plataformas de alquiler sobre las propiedades anunciadas en sus sitios web. A esta solicitud le siguió un requerimiento adicional dirigido a una de las plataformas, instándola a retirar "de forma inminente" miles de anuncios que no cumplían con la normativa vigente, específicamente la obligación de mostrar el número de licencia, tal como estipula el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Meses después del inicio de la investigación, y tras verificar que los anuncios problemáticos no han sido eliminados, la Dirección General ha decidido proceder con el expediente sancionador. Las infracciones detectadas pueden ser consideradas graves, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros, e incluso multiplicarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Es importante destacar que la apertura del expediente no implica un juicio anticipado sobre su resultado final.
Los anuncios en cuestión están siendo comercializados en diversas comunidades autónomas, lo que podría representar un riesgo significativo para los derechos e intereses de los consumidores. La Dirección General también advierte sobre prácticas comerciales desleales relacionadas con el incumplimiento normativo en publicidad, especialmente al ofrecer viviendas sin el número de licencia requerido.
El ministerio liderado por Bustinduy ha intensificado su atención hacia las irregularidades en el sector inmobiliario, particularmente en lo que respecta a los alojamientos turísticos. Recientemente, se anunció una investigación dirigida a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas en su operación.
Además, se está llevando a cabo otra investigación contra agencias inmobiliarias acusadas de implementar prácticas abusivas hacia inquilinos. Estas incluyen exigir comisiones por gestión del arrendamiento y forzar a los inquilinos a firmar contratos temporales sin justificación adecuada.
Todas estas acciones forman parte del compromiso del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para abordar la crisis habitacional en España. Según Bustinduy, este asunto es uno de los principales desafíos que enfrenta el país. "Miles de familias viven al límite debido a problemas relacionados con la vivienda", ha declarado el ministro, quien también ha enfatizado que "ninguna empresa puede estar por encima de la ley".
El Ministerio ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos debido a incumplimientos en la normativa, específicamente por no retirar anuncios que no cumplían con la obligación de mostrar el número de licencia.
La investigación comenzó en junio del año pasado, cuando se solicitó información a diversas plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus sitios web.
Las prácticas denunciadas pueden ser consideradas infracciones graves, con multas que pueden alcanzar hasta 100.000 euros, o incluso más si se multiplica por el beneficio ilícito obtenido.
Además del expediente sancionador a la plataforma de alquiler turístico, hay otra investigación contra agencias inmobiliarias por prácticas abusivas hacia inquilinos, como comisiones ilegales y cláusulas abusivas en contratos.
El objetivo es contribuir a resolver la crisis de vivienda en España, protegiendo los derechos de los consumidores y usuarios frente a prácticas desleales y abusivas en el sector inmobiliario.