El Gobierno de España ha aprobado una reforma significativa para ampliar y fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma, presentada por el ministro Félix Bolaños, incluye medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de jueces y fiscales, y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las novedades destacan la protección legal de las Becas SERÉ, un sistema de acceso más equitativo, y la incorporación del "cuarto turno" para juristas con experiencia. La ley también busca aumentar los recursos humanos en el sector judicial y modernizar los procesos electorales dentro del Poder Judicial.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, un paso significativo en la modernización de la Administración de Justicia en España. Esta iniciativa busca adaptar el funcionamiento del sistema judicial a las nuevas exigencias sociales y a la realidad actual del servicio público.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha destacado los pilares fundamentales de esta reforma, que actualiza una legislación vigente desde hace 40 años. Los objetivos incluyen promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las profesiones judiciales, fomentar la excelencia y diversidad entre sus miembros, mejorar el desarrollo profesional y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras.
La reforma representa un hito en la evolución de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, consolidando así una transformación profunda del sistema judicial impulsada por el Gobierno. Este proceso se basa en principios clave como digitalización, modernización y un enfoque social.
Entre las medidas destacadas se encuentra la consolidación legal de las Becas SERÉ, dirigidas a opositores de los cuerpos principales de la Administración de Justicia. Estas becas tendrán una cuantía equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual y podrán extenderse hasta cuatro años.
Además, se transformará el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público dedicado a la preparación de oposiciones, con varias delegaciones para reducir desigualdades según el lugar de residencia. Para los jueces y magistrados activos, será necesario obtener reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para preparar oposiciones, así como establecer un registro público para preparadores.
La reforma también introduce cambios significativos en los métodos de selección para las Carreras Judicial y Fiscal. Se implementarán procedimientos que garanticen la igualdad real en las oportunidades y se adaptarán a las necesidades actuales del desempeño judicial.
Entre estas innovaciones se incluye el anonimato durante la corrección de pruebas escritas y la sustitución de ejercicios memorísticos por casos prácticos que evalúen habilidades razonativas.
La nueva normativa establece mecanismos para asegurar que la Administración de Justicia cuente con suficientes recursos humanos, ajustados a la carga laboral existente. Se facilitará también la promoción mediante ascensos por antigüedad y se fomentará especialización profesional en áreas específicas como derecho mercantil o violencia contra mujeres.
Asimismo, se reforzará el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal para juristas con más de diez años de experiencia mediante lo que se conoce como "cuarto turno". Esta modalidad permitirá que el acceso por concurso oposición ocurra simultáneamente al acceso por turno libre, cumpliendo con la normativa vigente que establece que una plaza debe ser cubierta por este sistema cada cuatro convocatorias. Por primera vez, este "cuarto turno" también será aplicable a la Carrera Fiscal.
La reforma incluye diversas iniciativas destinadas a mejorar tanto la pluralidad como la integridad del Poder Judicial. Una medida clave es regular cómo se conforma y elige a los miembros de la Comisión de Ética del CGPJ, asegurando así una mayor diversidad entre sus integrantes. De esta manera, cinco miembros serán elegidos entre jueces o magistrados mientras que otros cuatro serán seleccionados por las Cortes Generales entre expertos en ética o filosofía del derecho.
Finalmente, se modernizarán los procesos electorales dentro del Poder Judicial. Esto incluirá candidaturas individuales con un solo voto por elector, prohibición del voto delegado e introducción del voto telemático. Además, se reducirá el mandato actual de cinco años a tres años.
El objetivo de la reforma es adecuar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad del servicio público y a las demandas sociales emergentes.
La ley consolida y protege las Becas SERÉ, convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones, y establece un registro público de preparadores. También se requiere que los jueces activos obtengan reconocimiento de compatibilidad para preparar oposiciones.
Se adapta el sistema de selección para garantizar la igualdad de oportunidades, incluyendo el anonimato en la corrección de pruebas escritas y sustituyendo ejercicios memorísticos por casos prácticos que ponderen la capacidad de razonamiento.
La norma establece fórmulas para dotar recursos humanos suficientes a la Administración de Justicia, favorece ascensos por antigüedad, y refuerza el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal mediante un 'cuarto turno' para juristas con más de diez años de ejercicio.
Se regula la composición y elección de los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, asegurando diversidad en los perfiles elegidos. Además, se modernizan los procesos electorales dentro del Poder Judicial.