Justicia

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha participado en París en la VI reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta coalición, establecida en 2021, busca fortalecer la cooperación entre países como Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Suecia y España para combatir la criminalidad y el narcotráfico. Durante el encuentro se discutieron temas clave como el refuerzo de asociaciones público-privadas, estrategias antidroga de la UE y la conservación de datos digitales para investigaciones penales. Bolaños destacó el compromiso de España en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de proteger a los menores frente a redes criminales.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que facilita el acceso a pruebas electrónicas en la Unión Europea, mejorando la labor de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal exige a los prestadores de servicios en la UE designar representantes para gestionar solicitudes de preservación y obtención de datos electrónicos por parte de autoridades judiciales. La medida busca agilizar investigaciones penales que dependen de evidencias digitales, adaptándose a las necesidades actuales del entorno digital. Con esta iniciativa, España incorpora el paquete e-evidence al ordenamiento jurídico nacional, reforzando así la cooperación judicial en la UE.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con víctimas del Patronato de Protección a la Mujer en el Palacio de Parcent, destacando el compromiso del Ministerio con la memoria democrática y el reconocimiento de las vulneraciones de derechos sufridas por mujeres entre 1902 y 1985. Durante el encuentro, las víctimas compartieron testimonios sobre agresiones sexuales, trabajos forzados y maltrato, lo que subraya la necesidad de visibilizar estos hechos para evitar su repetición. Bolaños enfatizó la importancia de avanzar hacia una justicia que garantice derechos, igualdad y dignidad.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha visitado las obras del nuevo Tribunal de Instancia en Lorca, una infraestructura clave para mejorar el servicio judicial en la Región de Murcia. Este proyecto, que cuenta con una inversión de 16,9 millones de euros y más de 10.000 metros cuadrados construidos, busca modernizar y unificar las sedes judiciales actuales, actualmente dispersas en cuatro edificios. La nueva sede facilitará los trámites a ciudadanos y profesionales, optimizando recursos públicos y reduciendo costes. Además, se prioriza la protección de víctimas y se implementan estándares de sostenibilidad. El edificio se integra en el entorno histórico de Lorca, respetando su patrimonio arquitectónico. Se espera que esté operativo a pleno rendimiento este año.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió en Barcelona con autoridades judiciales para analizar la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en Catalunya. Este encuentro incluyó a líderes del Tribunal Superior de Justicia y otros organismos judiciales. La ley, que culminó su tercera fase el 1 de enero, ha transformado los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, mejorando la agilidad en la ejecución de sentencias. Se han reducido las ejecuciones pendientes y se prevé la creación de 91 nuevas plazas judiciales en Catalunya, aumentando la planta judicial un 10,5%.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha liderado la Conferencia Sectorial de Justicia donde se han presentado los avances de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley, en vigor desde abril, ha logrado reducir en un 36% los actos de comunicación pendientes y ha agilizado la ejecución de sentencias en diversas comunidades. Se prevé que a finales de diciembre se activen 100 Tribunales de Instancia en grandes ciudades, mejorando la organización judicial al transformar juzgados unipersonales en órganos colegiados especializados. Además, se han implementado medidas para fomentar el diálogo y reducir litigios, resultando en una disminución del 30,9% en nuevos casos civiles. La reforma representa una transformación significativa del sistema judicial español, con una inversión superior a 325 millones de euros.

El Gobierno de España ha aprobado el nombramiento de Teresa Peramato como Fiscal General del Estado, tras recibir el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial. Con 35 años de experiencia en la carrera fiscal, Peramato es reconocida por su labor en la lucha contra la violencia de género y ha ocupado diversos cargos relevantes, incluyendo fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. En los próximos días, jurará su cargo ante el Rey y tomará posesión en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General del Estado. Su trayectoria incluye importantes contribuciones al ámbito judicial y a la protección de las víctimas en procesos penales.

Se ha inaugurado una nueva oficina para tramitar las solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Este sistema pionero, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La oficina, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, garantizará la privacidad y seguridad en el proceso. Las solicitudes serán evaluadas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que propondrá un plan de reparación definitivo. Este mecanismo está disponible para todas las víctimas que no puedan recurrir a la vía judicial, independientemente de compensaciones previas recibidas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que Airbnb debe pagar una multa de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Consumo debido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia y prácticas comerciales engañosas. La sanción fue firmada en diciembre de 2025 tras identificar infracciones en más de 65.000 anuncios, lo que llevó a la retirada de estos por parte de la plataforma. A pesar del recurso presentado por Airbnb para suspender el pago, el tribunal ha denegado la solicitud, obligando a la empresa a cumplir con la multa.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en un coloquio en Madrid sobre el Estado de Derecho y el imperio de la ley. El evento, que tuvo lugar en Forbes House, contó con la presencia de Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado, y Javier Cremades, en el marco de la publicación de un nuevo libro. Durante el coloquio se discutieron temas relevantes como los retos actuales del Estado de Derecho, el contexto internacional y los desafíos que enfrenta la democracia debido a la desinformación.

Arcópoli ha expresado su indignación tras la absolución por amenaza homófoba durante el Orgullo Barcelona, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Este fallo representa un retroceso en la protección de las víctimas de LGTBIfobia, al considerar que las amenazas verbales no constituyen delito de odio a pesar de ser agresiones cargadas de violencia. La organización señala que la falta de perspectiva LGTBI en la justicia perpetúa la impunidad y minimiza el contexto discriminatorio de tales actos. Arcópoli respalda el recurso anunciado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo y exige una interpretación adecuada de los delitos de odio, subrayando que las amenazas son manifestaciones claras de odio, no libertad de expresión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Este encuentro sigue a la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para establecer un sistema de reconocimiento y reparación a las víctimas. Sánchez destacó la importancia del acuerdo como una forma de hacer justicia y saldar una deuda con quienes han sufrido estos abusos, reafirmando el compromiso del Ejecutivo para garantizar su cumplimiento.

España se convierte en el primer país de la Unión Europea en intercambiar información penal de ciudadanos extracomunitarios gracias a la implementación de ECRIS v1.1, un sistema que mejora el control de la reincidencia y facilita la identificación de personas con antecedentes en otros Estados miembros. Este avance permite el acceso a datos penales y biométricos, incluyendo imágenes faciales y huellas dactilares, lo que refuerza la seguridad y reduce el riesgo de suplantaciones. España lidera la implantación del sistema, garantizando una operatividad continua y mejorando la eficacia en las actuaciones policiales y judiciales mediante consultas en tiempo real. Cada año, gestiona miles de notificaciones y solicitudes relacionadas con antecedentes penales.