Justicia

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha visitado las obras del nuevo Tribunal de Instancia en Lorca, una infraestructura clave para mejorar el servicio judicial en la Región de Murcia. Este proyecto, que cuenta con una inversión de 16,9 millones de euros y más de 10.000 metros cuadrados construidos, busca modernizar y unificar las sedes judiciales actuales, actualmente dispersas en cuatro edificios. La nueva sede facilitará los trámites a ciudadanos y profesionales, optimizando recursos públicos y reduciendo costes. Además, se prioriza la protección de víctimas y se implementan estándares de sostenibilidad. El edificio se integra en el entorno histórico de Lorca, respetando su patrimonio arquitectónico. Se espera que esté operativo a pleno rendimiento este año.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió en Barcelona con autoridades judiciales para analizar la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en Catalunya. Este encuentro incluyó a líderes del Tribunal Superior de Justicia y otros organismos judiciales. La ley, que culminó su tercera fase el 1 de enero, ha transformado los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, mejorando la agilidad en la ejecución de sentencias. Se han reducido las ejecuciones pendientes y se prevé la creación de 91 nuevas plazas judiciales en Catalunya, aumentando la planta judicial un 10,5%.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha liderado la Conferencia Sectorial de Justicia donde se han presentado los avances de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley, en vigor desde abril, ha logrado reducir en un 36% los actos de comunicación pendientes y ha agilizado la ejecución de sentencias en diversas comunidades. Se prevé que a finales de diciembre se activen 100 Tribunales de Instancia en grandes ciudades, mejorando la organización judicial al transformar juzgados unipersonales en órganos colegiados especializados. Además, se han implementado medidas para fomentar el diálogo y reducir litigios, resultando en una disminución del 30,9% en nuevos casos civiles. La reforma representa una transformación significativa del sistema judicial español, con una inversión superior a 325 millones de euros.

El Gobierno de España ha aprobado el nombramiento de Teresa Peramato como Fiscal General del Estado, tras recibir el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial. Con 35 años de experiencia en la carrera fiscal, Peramato es reconocida por su labor en la lucha contra la violencia de género y ha ocupado diversos cargos relevantes, incluyendo fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. En los próximos días, jurará su cargo ante el Rey y tomará posesión en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General del Estado. Su trayectoria incluye importantes contribuciones al ámbito judicial y a la protección de las víctimas en procesos penales.

La dignidad de envejecer desaparece si aparecen incoherencias políticas y el abandono social.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció en el Congreso el inicio del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Urtasun destacó que un gobierno democrático debe buscar verdad, reparación y justicia, y subrayó los avances en la promoción de lenguas oficiales en las actividades del Ministerio, incluyendo que a partir de 2026 los Premios Nacionales de Literatura podrán reconocer obras en lenguas estatutarias.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de La Rioja han firmado un convenio para fortalecer la digitalización de la Justicia en la comunidad autónoma. Este acuerdo, suscrito por el secretario de Estado de Justicia y la consejera de Salud y Políticas Sociales, establece una colaboración tecnológica que permitirá a La Rioja acceder a herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado. Entre los servicios incluidos se encuentran el Sistema de Gestión Procesal ATENEA, la Carpeta Justicia y LexNet, entre otros. Esta iniciativa busca modernizar el sistema judicial, garantizando una Justicia más ágil e interoperable en todo el país.

Arcópoli ha expresado su indignación tras la absolución por amenaza homófoba durante el Orgullo Barcelona, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Este fallo representa un retroceso en la protección de las víctimas de LGTBIfobia, al considerar que las amenazas verbales no constituyen delito de odio a pesar de ser agresiones cargadas de violencia. La organización señala que la falta de perspectiva LGTBI en la justicia perpetúa la impunidad y minimiza el contexto discriminatorio de tales actos. Arcópoli respalda el recurso anunciado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo y exige una interpretación adecuada de los delitos de odio, subrayando que las amenazas son manifestaciones claras de odio, no libertad de expresión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Este encuentro sigue a la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para establecer un sistema de reconocimiento y reparación a las víctimas. Sánchez destacó la importancia del acuerdo como una forma de hacer justicia y saldar una deuda con quienes han sufrido estos abusos, reafirmando el compromiso del Ejecutivo para garantizar su cumplimiento.

En memoria de Robe y Jorge.

España se convierte en el primer país de la Unión Europea en intercambiar información penal de ciudadanos extracomunitarios gracias a la implementación de ECRIS v1.1, un sistema que mejora el control de la reincidencia y facilita la identificación de personas con antecedentes en otros Estados miembros. Este avance permite el acceso a datos penales y biométricos, incluyendo imágenes faciales y huellas dactilares, lo que refuerza la seguridad y reduce el riesgo de suplantaciones. España lidera la implantación del sistema, garantizando una operatividad continua y mejorando la eficacia en las actuaciones policiales y judiciales mediante consultas en tiempo real. Cada año, gestiona miles de notificaciones y solicitudes relacionadas con antecedentes penales.

América Latina y el Caribe han registrado casi 20,000 feminicidios en los últimos cinco años, con un promedio alarmante de 11 muertes violentas diarias. En 2024, se reportaron al menos 3,828 feminicidios, siendo la mayoría perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Además, se documentaron más de 5,500 feminicidios frustrados, lo que resalta la urgencia de fortalecer los sistemas de alerta y el acceso a la justicia para combatir esta violencia. Estos datos fueron publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Laxitud legal, impunidad y desprotección social.

Los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer en España asumirán nuevas competencias a partir del 3 de octubre, ampliando su ámbito de actuación para incluir todos los delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos cuando las víctimas sean mujeres. Esta medida, enmarcada en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, busca mejorar la protección y el servicio a las víctimas, garantizando un enfoque de género en los procesos judiciales. Para hacer frente a esta nueva realidad, se crearán 50 plazas judiciales especializadas, lo que representa un aumento del 42% en la plantilla actual. Además, se incorporarán 42 nuevos fiscales especializados para reforzar el sistema judicial en este ámbito. Las primeras medidas de refuerzo ya han sido autorizadas en varias localidades españolas.