Justicia

El Ministerio de Justicia de España ha llevado a cabo una reunión con sindicatos para supervisar la implementación de la Ley de Eficiencia. Durante el encuentro, se destacó el cumplimiento de las garantías en el proceso de acoplamiento de funcionarios y se revisó el compromiso de aumentar en un 50% las plazas de promoción interna. Los representantes del Ministerio y los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CIGA han acordado establecer marcos de seguimiento para las siguientes fases de la ley, en un ambiente de cooperación.

Cuando los partidos colonizan las instituciones, peligra la democracia

La Asamblea General de la ONU conmemora el 30 aniversario del genocidio de Srebrenica, donde más de 8000 musulmanes bosnios fueron asesinados en julio de 1995. El Secretario General, António Guterres, destacó que este trágico evento fue resultado de políticas, propaganda y la indiferencia internacional. Durante la sesión, se rindió homenaje a las víctimas y se reconoció la valentía de los supervivientes en su búsqueda de justicia. Guterres advirtió sobre el aumento del discurso de odio y la glorificación de criminales de guerra, instando a los Estados a cumplir con su responsabilidad de prevenir futuros genocidios y proteger la dignidad humana. La presidenta de las Madres de Srebrenica, Munira Subašić, hizo un llamado a educar a las nuevas generaciones con amor para combatir el odio que impera en el mundo actual.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo hoy varias búsquedas en Bulgaria en una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos de la UE para programas marítimos y pesqueros. Las operaciones, realizadas por la Policía Nacional búlgara, se centraron en residencias y oficinas en Sofía y Oryahovo, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Se sospecha que un alto funcionario solicitó un soborno de 230,088 euros para aprobar un pago relacionado con el desarrollo de una granja de peces, además de manipular evaluaciones de proyectos para beneficiar a empresas no calificadas. La investigación también reveló indicios de sobreprecios en proyectos financiados por la UE. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia, emitida por el Tribunal del Condado de Zagreb, se produce tras una acusación del Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). La exministra infló el valor estimado de un contrato público para favorecer a ciertas empresas, lo que resultó en un daño estimado de más de 1 millón de euros al presupuesto de la UE. Aunque aceptó un acuerdo de culpabilidad y pagó una compensación parcial, los procesos penales contra otros implicados continúan.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal organizado que involucra monedas de platino, resultando en una defraudación de más de 23 millones de euros. El tribunal regional de Múnich sentenció a un líder de la organización criminal a seis años y tres meses de prisión, además de confiscar 4.9 millones de euros. La investigación reveló un esquema conocido como "carousel VAT", donde las monedas se movían repetidamente entre empresas que no cumplían con sus obligaciones fiscales. Las actividades delictivas estaban centradas en ciudades alemanas como Hamburgo, Chemnitz y Múnich, con operaciones de blanqueo de capitales en Chequia y Eslovaquia. Esta acción subraya el compromiso del EPPO para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/germany-eppo-secures-another-conviction-in-e23-million-vat-fraud-involving-platinum-coins/

El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores para fortalecer la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo, que permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial, es clave en la lucha contra la criminalidad y el blanqueo de capitales. La colaboración ha mejorado la trazabilidad de los bienes y agilizado los procedimientos de investigación patrimonial. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con una justicia moderna y eficaz, asegurando que los bienes ilícitos no queden impunes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Esta decisión ha generado una fuerte indignación por parte de Arcópoli, que denuncia un sesgo LGTBIfóbico en el sistema judicial español. La sentencia minimiza el carácter homófobo de la agresión, interpretando los insultos como un "malentendido". Arcópoli exige la revisión inmediata de la sentencia, formación específica en delitos de odio para el poder judicial y reformas legislativas que reconozcan adecuadamente los delitos motivados por LGTBIfobia. La organización reafirma su compromiso en la lucha por la justicia para las víctimas de agresiones homófobas.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un Real Decreto que permite a las policías locales de grandes ciudades acceder a las bases de datos del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Esta medida busca agilizar la gestión judicial y mejorar la colaboración entre cuerpos policiales y el sistema judicial, especialmente en casos de multirreincidencia. Con este acceso, las fuerzas locales podrán conocer antecedentes penales desde el primer momento, facilitando así la detención y procesamiento de delincuentes. Además, se adapta el SIRAJ al sistema europeo ECRIS, mejorando el control internacional sobre antecedentes penales. Esta reforma forma parte del Plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, que incluye otras iniciativas para optimizar la justicia y aumentar la seguridad ciudadana.

La toga ya no arropa la ley, sólo delata sumisión ideológica

Félix Bolaños ha presentado las becas SERÉ 2025, una iniciativa con una dotación histórica de 15,6 millones de euros. La convocatoria, abierta hasta el 23 de junio, permitirá conceder 1.300 becas, cada una con un valor anual de 12.000 euros para los beneficiarios. Esta medida busca apoyar a estudiantes y fomentar la educación en el país.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) están afectando negativamente los esfuerzos para juzgar a los responsables de crímenes de guerra a nivel global, según la ONU Derechos Humanos. El Tribunal ha emitido órdenes de detención contra figuras como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes contra la humanidad. Además, se condena la violencia contra periodistas en Gaza.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra seis personas, incluidas cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Utilizaron documentos falsificados para recibir aproximadamente 1.5 millones de euros y realizaron transacciones encubiertas para ocultar el flujo ilegal de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por fraude y multas significativas para las empresas involucradas.

Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' implementados por el Partido Popular en las residencias madrileñas durante la pandemia. En una rueda de prensa, Eva García Sempere, portavoz federal de IU, mostró solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que se asuman responsabilidades políticas por parte del PP. Las imputaciones llegan después de más de cinco años y 7.291 muertes que podrían haberse evitado. IU insiste en que es fundamental que se actúe ante esta tragedia y se ponga fin a la impunidad de los responsables políticos. Para más información, visita el enlace.