Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha afirmado que un gobierno responsable debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como reflejo del contexto democrático actual. Durante un evento en Madrid, destacó la necesidad de abordar el auge de lo reaccionario y la importancia de la vivienda en el debate presupuestario. Maíllo criticó el fracaso del bipartidismo en garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda y abogó por una redistribución de la riqueza que incluya mejoras salariales y blindaje de las pensiones públicas. También enfatizó que los PGE deben reflejar las coordenadas morales del país, incluyendo atención a la infancia migrante y lucha contra la pobreza infantil.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha enfatizado la importancia de que un gobierno serio presente sus presupuestos, especialmente en el actual contexto internacional marcado por una emergencia democrática. Durante un evento celebrado en Madrid, Maíllo subrayó que las cuentas del Estado deben servir como un “espejo” para contrarrestar el auge de lo autoritario y reaccionario.
El acto, organizado por el espacio político Plurinacional de Sumar bajo el lema ‘Un Estado plurinacional, social y verde’, reunió a una amplia delegación de IU que previamente había mantenido reuniones con representantes de diversas fuerzas políticas. En su intervención, Maíllo destacó que la vivienda debe ser un tema central en el debate presupuestario del 2025.
El líder de IU reconoció las diferencias existentes con el PSOE, partido mayoritario en el Gobierno, al abordar el complejo asunto de la vivienda. “El bipartidismo ha fracasado”, afirmó Maíllo, quien argumentó que este sistema ha fallado al no garantizar un derecho fundamental como es la vivienda, equiparándolo a otros derechos esenciales como la sanidad y la educación.
Maíllo denunció la “espiral de especulación” que impide que amplios sectores de la población accedan a este derecho humano. Abogó por un papel activo del Estado en la creación y gestión de un parque de vivienda pública y propuso modificar la Ley de Vivienda para evitar bloqueos por parte de gobiernos conservadores.
En relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Maíllo afirmó que es necesario atacar las causas subyacentes del descontento social mediante una adecuada planificación presupuestaria. Destacó que la redistribución de la riqueza debe ser el eje central del debate sobre los presupuestos, proponiendo medidas concretas para mejorar salarios y servicios públicos.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de blindar las pensiones públicas ante amenazas constantes. “Debemos sentirnos orgullosos del carácter público de nuestras pensiones”, subrayó.
Maíllo también abordó cómo los PGE reflejan las “coordenadas morales” de España. En este sentido, mencionó la atención a la infancia migrante como un indicador clave frente a las políticas restrictivas del Partido Popular. Propuso aumentar los fondos destinados a programas específicos para garantizar derechos básicos a esta población vulnerable.
Cerrando su discurso, Antonio Maíllo instó a los grupos políticos en el Congreso a definir su posición respecto a unos presupuestos que buscan ampliar derechos y combatir las desigualdades sociales. “Es crucial saber quién está a favor y quién se opone a estas propuestas”, concluyó.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, asegura que un Gobierno que se precie siempre debe presentar unos presupuestos, especialmente en el contexto actual de emergencia democrática.
Maíllo considera que las cuentas del Estado deben ser el "espejo" en el que contraponer el auge de lo autoritario y reaccionario, y servir para atacar las razones detrás de este fenómeno.
Uno de los temas prioritarios mencionados por Maíllo es la vivienda, donde destaca la necesidad de reconocer diferencias con el PSOE y aboga por un enfoque más proactivo del Estado en la creación de un parque de vivienda pública.
Maíllo critica el fracaso del bipartidismo y su dejación respecto al derecho a la vivienda, argumentando que debería ser considerado un derecho fundamental al igual que la sanidad o la educación.
Maíllo propone aumentar el presupuesto destinado a programas específicos para atención y garantía a la población migrante y combatir la pobreza infantil, destacando su importancia como coordenadas morales del país.