Vivienda

Greenpeace ha denunciado que los partidos PP, Vox y Junts han rechazado un decreto en el Congreso que buscaba prorrogar contratos de alquiler y proteger a los inquilinos de subidas abusivas. La organización critica que estos partidos priorizan los intereses de especuladores de la vivienda, ignorando el derecho constitucional a una vivienda digna. En un contexto de crisis inflacionaria derivada de la guerra en Irán, Greenpeace exige medidas efectivas para combatir la especulación inmobiliaria y propone un “escudo social verde” que garantice acceso a viviendas rehabilitadas y eficientes energéticamente.

Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, reafirmó la voluntad política del Ejecutivo para culminar todos los acuerdos con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura. Destacó la importancia de abordar tanto las urgencias inmediatas, como la convalidación de Reales Decretos-leyes ante la guerra en Irán, como objetivos estratégicos a largo plazo, incluyendo la descarbonización y el impulso de energías renovables. Además, mencionó el reciente Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y su compromiso con la protección de viviendas frente a fondos buitre. Sánchez también abordó temas económicos, afirmando que España tendrá menos deuda pública que la media mundial por primera vez en 16 años y defendió la regulación extraordinaria de migrantes como un aporte al crecimiento económico del país.

Greenpeace ha solicitado al Gobierno español que implemente más medidas para frenar la especulación inmobiliaria y destine mayores recursos a la rehabilitación de viviendas, especialmente en el contexto de la creciente inflación energética. Aunque celebra la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la organización considera insuficientes las metas establecidas, proponiendo multiplicarlas por diez para alcanzar un total de 10 millones de viviendas rehabilitadas hasta 2040. Greenpeace destaca que la vivienda es un derecho constitucional y critica las subvenciones a combustibles fósiles, sugiriendo que una inversión pública sostenida podría reducir significativamente las emisiones y generar empleo en el sector de rehabilitación.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha presentado medidas para un escudo social que el Gobierno aprobará para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. En un acto conmemorativo del Día de las Personas Consumidoras, Bustinduy destacó la necesidad de proteger a los consumidores vulnerables mediante un escudo energético y una intervención en el sector de la vivienda, así como la regulación de márgenes de beneficio de grandes empresas. Estas iniciativas buscan asegurar que las políticas fiscales beneficien realmente a quienes más lo necesitan y aborden desigualdades sociales. Durante el evento, se revisaron acciones recientes del Ministerio de Consumo contra prácticas abusivas en el mercado.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha presentado el nuevo fondo ‘España Crece’, que movilizará hasta 23.000 millones de euros para abordar el déficit habitacional y financiar la construcción de 15.000 viviendas anuales. Este fondo, que combina recursos públicos y privados, busca dinamizar la oferta de vivienda y se enmarca dentro del Plan de Recuperación, con una inversión total estimada de 120.000 millones de euros. Durante su discurso, Sánchez destacó la importancia de transformar desafíos en oportunidades y enfatizó que el fondo priorizará sectores clave como la vivienda, energía y digitalización. Además, subrayó la necesidad de construir más viviendas asequibles y mejorar la gobernanza del proyecto para asegurar transparencia y colaboración con el sector privado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado la incorporación de 200 viviendas en Aranjuez al parque público de vivienda asequible a través del proyecto CASA 47. Estas viviendas, que provienen de SEGIPSA, serán rehabilitadas para su uso. Durante su visita a las obras de construcción de 400 viviendas en la localidad, Rodríguez destacó que estas tendrán un carácter 100% asequible y contratos de alquiler con una duración de 75 años. El Gobierno ha destinado 16 millones de euros a este proyecto, parte de un total de inversión superior a 64 millones. Además, la ministra instó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar el Plan Vive en términos de asequibilidad, calidad y transparencia.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la importancia de contar con "datos fiables" en el ámbito de la vivienda durante su intervención en el Consejo Económico y Social (CES). Subrayó que la falta de medición y registro ha contribuido a las crisis recurrentes en este sector. Rodríguez afirmó que el Gobierno está comprometido a garantizar el derecho a una vivienda digna, apoyándose en la primera Ley de Vivienda de la democracia aprobada desde 2018. Además, solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, enfatizando la necesidad de un análisis riguroso para alcanzar acuerdos efectivos.

El 61% del mercado de alquiler en España está controlado por multiarrendadores, que incluyen tanto particulares con múltiples propiedades como personas jurídicas. Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que solo el 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños caseros con una única propiedad. En las grandes ciudades, la concentración de multiarrendadores es aún mayor, alcanzando hasta el 65% en Las Palmas. En la última década, los multiarrendadores han aumentado su número de viviendas en alquiler un 39,9%, superando significativamente el crecimiento del pequeño casero. Este cambio en la dinámica del mercado refleja un desplazamiento hacia arrendadores con carteras más amplias, consolidando su dominio en el sector.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un protocolo para mejorar el análisis del mercado de la vivienda en España. Este acuerdo permitirá compartir herramientas, datos y capacidades de investigación, enfocándose en las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa. La colaboración comenzará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, que incluirá estudios sobre el impacto social y económico del mercado inmobiliario. El protocolo tiene una vigencia inicial de un año y busca fortalecer la capacidad pública para evaluar políticas relacionadas con el acceso a la vivienda, un tema de creciente preocupación social.

Juan Gascón, candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala del PP en Palencia, Laura Lombraña, tras revelaciones sobre su presunto beneficio personal de una adjudicación irregular de un chalé de protección oficial. Gascón critica al Gobierno autonómico por permitir este "sistema de privilegios" y denuncia la falta de transparencia en la gestión del suelo público. La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo planea llevar el caso a las Cortes y propone crear una Sociedad Pública de Vivienda para garantizar el acceso a viviendas a quienes más lo necesitan.

Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda favorezca a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de que se han aprobado medidas para financiar vivienda asequible y limitar los alquileres de corta duración, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace enfatiza la necesidad de priorizar estándares de construcción y eficiencia energética para garantizar viviendas dignas y sostenibles, instando a la UE a proteger a las personas frente a intereses empresariales. Además, se solicita una transición hacia sistemas de calefacción renovables para reducir el consumo de gas fósil en el sector residencial.

El Gobierno de España ha aprobado una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, que incluye 100 metas para reforzar el estado de bienestar y abordar problemas como la pobreza infantil, el acceso a la vivienda y la brecha de género. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, destaca por incorporar una prestación universal por crianza, destinada a erradicar la pobreza infantil severa para 2030. También se propone triplicar la inversión en vivienda pública, con un objetivo de alcanzar un 5% de viviendas en alquiler social. Además, se busca promover la igualdad de género y aumentar la independencia energética mediante el uso de energías renovables. La estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se basa en un enfoque colaborativo que involucra a diferentes sectores y administraciones.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado que CASA 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas para alquiler asequible. Esta medida se enmarca en su comparecencia en el Congreso, donde destacó la colaboración público-privada y la importancia de proteger el parque público de vivienda. Además, mencionó la adecuación de viviendas de la Sareb y planes para adquirir más propiedades por 100 millones de euros. Rodríguez también abogó por regular los alquileres de temporada y extender el escudo social para personas vulnerables, resaltando la necesidad de consenso en políticas de vivienda.

Enrique Santiago, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha denunciado la grave crisis de vivienda en Andalucía, donde los precios han aumentado más del 20%. Desde Córdoba, exigió al PSOE una respuesta proactiva para abordar este problema y proteger a las familias vulnerables. Santiago también mostró apoyo a las movilizaciones agrarias contra recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur, advirtiendo que estos afectan gravemente al sector agrícola. Resaltó que cerca de 400.000 viviendas están controladas por grandes tenedores en Andalucía, lo que agrava la situación del mercado inmobiliario y provoca la expulsión de residentes de sus barrios. Además, instó a renovar la prohibición de desahucios antes de fin de año y criticó la falta de medidas efectivas para proteger el campo andaluz.