El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre posibles aumentos de precios en vehículos VTC tras el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país. Esta acción responde a denuncias de usuarios y se centra en comunidades donde se declaró emergencia nacional. La normativa vigente prohíbe a las empresas con sistemas de precios dinámicos aumentar tarifas en situaciones de emergencia, como la reciente crisis. Las infracciones podrían acarrear sanciones significativas, reflejando el compromiso del Gobierno de España en proteger a los consumidores durante circunstancias críticas. Para más detalles, visita el enlace.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente informativo a través de la Dirección General de Consumo, con el objetivo de investigar las denuncias presentadas por usuarios sobre posibles subidas de precios en los servicios de vehículos VTC tras el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país el pasado lunes. Esta indagación se centra en las quejas recibidas en aquellas comunidades autónomas donde se declaró una emergencia nacional o algún tipo de emergencia de protección civil.
Según la normativa vigente, las empresas que operan con sistemas de precios dinámicos y personalizados tienen prohibido incrementar el costo de sus servicios en situaciones como estas. Esta medida fue implementada recientemente, a finales de 2024, cuando el ministerio liderado por Pablo Bustinduy promovió una reforma a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, buscando evitar prácticas abusivas durante emergencias. La modificación surgió tras los eventos provocados por la DANA que afectaron especialmente a la provincia de Valencia en octubre.
El Gobierno, mediante un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, modificó el texto refundido de la ley mencionada, específicamente la letra c) del artículo 20.1. Este cambio prohíbe a las empresas que utilizan sistemas de precios dinámicos personalizados, como las aplicaciones para VTC, aumentar sus tarifas debido al incremento en la demanda durante contextos críticos.
La normativa establece que estos contextos son aquellos que pueden ser clasificados como emergencias de protección civil, conforme a lo estipulado en la Ley 17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Por lo tanto, en las comunidades donde se decretó una emergencia nacional debido al apagón reciente, cualquier aumento en precios dinámicos personalizados sería considerado una infracción grave en materia de consumo mientras persista dicha declaración. Las sanciones podrían ascender hasta los 100.000 euros o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por las empresas involucradas.
El Ministerio ha abierto un expediente informativo para investigar las denuncias de usuarios sobre subidas de precios de vehículos VTC tras el apagón del servicio eléctrico en gran parte del país.
La investigación se basa en la normativa que prohíbe a las empresas que utilizan sistemas de precios dinámicos aumentar sus precios durante situaciones de emergencia o riesgo, como lo estipula la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios introducida a finales de 2024.
Las empresas que aumenten sus precios en situaciones declaradas de emergencia podrían enfrentarse a sanciones graves, que pueden alcanzar hasta 100.000 euros o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Se consideran emergencias aquellas situaciones calificadas como tales bajo la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se decreta una emergencia de interés nacional o protección civil.