El Gobierno de España avanza en la mayor reforma del sistema judicial en décadas, según el ministro Félix Bolaños. La nueva Ley de reforma y reforzamiento de las carreras judicial y fiscal endurecerá el proceso de oposición al incluir una prueba escrita, mejorando así la igualdad de oportunidades. Se implementarán becas para opositores con recursos limitados y se ampliarán las plazas para jueces y fiscales. Además, la Fiscalía General ganará autonomía, desvinculando su mandato del Gobierno y asumiendo la instrucción judicial. Esta reforma busca modernizar el sistema judicial español, alineándolo con los estándares europeos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado la reciente iniciativa gubernamental como “la mayor transformación de la Justicia en décadas”. Esta afirmación se enmarca dentro de la Ley de reforma y reforzamiento de las carreras judicial y fiscal, que introduce un endurecimiento en el proceso de oposición mediante la incorporación de una prueba escrita. Además, se busca mejorar la igualdad de oportunidades para los aspirantes.
Según datos proporcionados por el propio ministro, un alarmante 95% de quienes logran acceder a una plaza como juez o fiscal dependen del apoyo económico familiar. Para contrarrestar esta situación, se implementará un sistema de becas que otorgará a aquellos opositores sin recursos económicos una ayuda equivalente al Salario Mínimo Interprofesional durante un periodo de cuatro años.
El Gobierno también ha anunciado que el Centro de Estudios Jurídicos comenzará a operar como centro público dedicado a la preparación de opositores, estableciendo sedes en diversas provincias del país. Este movimiento tiene como objetivo facilitar el acceso a la Justicia en todos los territorios. Asimismo, cualquier preparador deberá estar inscrito en un registro que será público.
Consciente de la necesidad de agilidad en el servicio público que representa la Justicia, se ampliarán las plazas disponibles para jueces y fiscales. Se creará un cuarto turno para estos últimos y se convocarán plazas para este nuevo turno simultáneamente con otras convocatorias. Otro aspecto destacado por Bolaños es la estabilización laboral para jueces y fiscales sustitutos.
En lo que respecta a la reforma del Estatuto de la Fiscalía General, el ministro ha señalado que el mandato de esta institución estará desvinculado del Gobierno que lo designe. Este mandato tendrá una duración fija de cinco años y se establecerán criterios más estrictos para su cese, excluyendo motivos como la pérdida de confianza por parte del Ejecutivo.
Además, se transferirá a la Fiscalía la responsabilidad sobre la instrucción judicial y penal, alineándose así con las prácticas comunes en otros países europeos. Esta decisión responde al objetivo del Gobierno de acercarse a los mejores sistemas judiciales dentro de la Unión Europea.
Bolaños ha enfatizado que esta reforma incorpora “todos los requerimientos del GRECO” y cuenta con el respaldo tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado. Según sus palabras, “será un sistema más europeo y más garantista”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 95% | Porcentaje de quienes acceden a una plaza de juez o fiscal que han necesitado ayuda económica de su familia. |
| 4 años | Duración de la beca para opositores sin recursos económicos, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional. |
| 5 años | Duración del mandato de la Fiscalía General, desligado del Gobierno que lo haya nombrado. |
La reforma, calificada como “la mayor transformación de la Justicia en décadas” por el ministro Félix Bolaños, incluye el endurecimiento del proceso de oposición al incorporar una prueba escrita y mejorar la igualdad de oportunidades para los opositores.
Los opositores que no dispongan de recursos económicos podrán recibir una beca equivalente al Salario Mínimo Interprofesional durante cuatro años.
El Centro de Estudios Jurídicos actuará como centro público de preparación de opositores y cualquier preparador deberá estar inscrito en un registro público.
El mandato de la Fiscalía General será independiente del Gobierno que lo designe, con una duración de cinco años. Además, la instrucción judicial y penal pasará a ser responsabilidad de la Fiscalía.
La reforma tiene como objetivo acercar el sistema judicial español a los mejores sistemas judiciales de la Unión Europea, incorporando todos los requerimientos del GRECO y contando con el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.