La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra seis personas, incluidas cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Utilizaron documentos falsificados para recibir aproximadamente 1.5 millones de euros y realizaron transacciones encubiertas para ocultar el flujo ilegal de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por fraude y multas significativas para las empresas involucradas.
(Luxemburgo, 2 de junio de 2025) – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación formal contra cuatro individuos y dos empresas por fraude en subvenciones, lavado de dinero y falsificación de documentos. Esta acción legal surge tras una exhaustiva investigación sobre irregularidades en la financiación agrícola.
Según los hallazgos de la investigación, que abarca el período entre enero de 2015 y octubre de 2023, uno de los acusados, quien es fundador de una de las empresas implicadas y gerente operativo de otra, conspiró con otros para solicitar fondos europeos destinados a la agricultura. Este programa estaba diseñado para apoyar inversiones en explotaciones agrícolas por un monto superior a los 2.5 millones de euros, cofinanciados hasta en un 85% por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD), complementado por el presupuesto estatal croata.
La acusada presentó una solicitud a nombre de su empresa, afirmando falsamente que cumplía con los requisitos necesarios. En su declaración, aseguró no tener conflictos de interés con proveedores, que invertiría aproximadamente 1.6 millones de euros en el proyecto propuesto y que continuaría desarrollando la producción agrícola durante al menos cinco años.
Una vez aprobada la subvención, se alega que esta persona presentó una serie de documentos falsificados ante la Agencia de Pagos para Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, logrando obtener un pago cercano a 1.5 millones de euros. Posteriormente, retiró parte del subsidio en efectivo desde la cuenta de su empresa y desvió fondos hacia otras compañías relacionadas para ocultar el rastro del dinero ilícito.
Aparte de estas acciones, también se le acusa de haber presentado solicitudes falsas para pagos directos mediante el Sistema Integrado de Administración y Control (IACS) para medidas de desarrollo rural. Para ello, logró crear la apariencia engañosa de cumplir con los requisitos necesarios mediante la obtención fraudulenta del arrendamiento sobre extensas áreas agrícolas estatales. Entre mayo de 2019 y julio de 2021, envió tres solicitudes a la Agencia croata que contenían información falsa, lo que le permitió obtener indebidamente un adicional de 57,545 euros.
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas combinadas que suman hasta diez años por fraude en subvenciones, ocho años por lavado de dinero y cinco años por falsificación. Además, las dos empresas involucradas podrían ser multadas con cantidades que ascienden a 929,000 euros y 796,000 euros, respectivamente.
La EPPO actúa como un organismo independiente dentro del marco judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor total de la solicitud de apoyo agrícola | €2.5 millones |
| Porcentaje de cofinanciación por el EAFRD | 85% |
| Monto de subsidio obtenido fraudulentamente | €1.5 millones |
| Monto adicional obtenido mediante solicitudes falsas | €57,545 |
| Posible multa para una de las empresas | €929,000 |
| Posible multa para la otra empresa | €796,000 |
Se han presentado cargos de fraude de subsidios, lavado de dinero y falsificación de documentos contra cuatro individuos y dos empresas.
El monto total del subsidio fraudulento solicitado fue de más de 2.5 millones de euros, co-financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD).
Los acusados presentaron solicitudes falsas y documentos falsificados a la Agencia de Pagos para Agricultura, obteniendo pagos indebidos y ocultando el flujo ilegal de dinero.
Si son encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por fraude de subsidios, hasta 8 años por lavado de dinero y hasta 5 años por falsificación, además de multas significativas para las empresas involucradas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es responsable de investigar y enjuiciar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.