La Policía Nacional ha arrestado en San Fulgencio, Alicante, a dos fugitivos alemanes buscados por estafas y robos organizados. Los detenidos, de 25 y 27 años, tenían órdenes de extradición por delitos cometidos en Bremen, incluyendo el uso del método del "falso empleado bancario". Junto a ellos fue arrestada una tercera persona por desobediencia al intentar interferir en la detención. Los fugitivos enfrentan penas de hasta diez años de prisión y han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción para su extradición.
El Gobierno español ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS que ha logrado bloquear 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2 millones de mensajes desde su inicio el 7 de marzo. El ministro Óscar López destacó que las medidas incluyen la identificación de llamadas comerciales, restringiendo estas a números específicos para proteger a los ciudadanos de fraudes. La media diaria de bloqueos ha aumentado significativamente tras la entrada en vigor de nuevas medidas en junio. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores en SMS, lo que facilitará la detección de intentos de suplantación.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la venta fraudulenta de motos de agua, obtenidas mediante estafas relacionadas con anuncios falsos de alquiler de viviendas. En la operación, se detuvo a 17 personas y se recuperaron bienes valorados en más de 300.000 euros, incluyendo nueve motos de agua, una bicicleta de alto valor y un piano. La investigación reveló una estructura piramidal en la que los miembros del grupo usurpaban identidades para adquirir vehículos a través de créditos fraudulentos. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación del estado civil y otros delitos relacionados.
La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa de logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico estimado en 1,2 millones de euros. Tras tres meses de investigación y seguimiento, fue localizado y arrestado.
El Ministerio de Consumo y la ACB han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. La ACB, la principal liga de baloncesto del país, se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades con la transparencia y la integridad del deporte. La DGOJ ya ha colaborado previamente con otras federaciones deportivas, destacando su intención de seguir incorporando nuevos actores para mejorar la eficacia en la detección de fraudes.
Una pareja de 29 años ha sido detenida en Basauri por la Ertzaintza tras ser acusada de cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer proporcionó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. La investigación, iniciada a raíz de un informe de Lanbide, reveló que la pareja había utilizado direcciones ficticias y documentación engañosa. Además, se han abierto diligencias contra tres personas que colaboraron en el fraude.
El Ministerio de Vivienda de España ha lanzado una campaña informativa para la activación del registro único de alquileres de corta duración, que comenzará el 1 de julio de 2025. Esta iniciativa posiciona a España como el primer país en adaptar la normativa europea destinada a combatir el fraude en los alquileres turísticos, promoviendo así un acceso más equitativo a viviendas dignas.
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La Agencia Tributaria ha recaudado 18.928 millones de euros en 2024 gracias a casi 2 millones de actuaciones de control, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior. Este incremento se debe a la minoración de bases imponibles negativas y deducciones incorrectas, que sumaron 5.305 millones de euros, un 58% más que en 2023. Las actuaciones incluyeron un enfoque en grandes contribuyentes y la lucha contra la economía sumergida, resultando en un crecimiento del 9,4% en ingresos directos por control. Además, se realizaron importantes incautaciones en el ámbito del narcotráfico y contrabando. La colaboración con otras administraciones y la mejora de herramientas para detectar fraudes también fueron clave en estos resultados.
El Gobierno de España ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS que ha logrado bloquear 48 millones de llamadas fraudulentas desde su entrada en vigor el 7 de marzo de 2025. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, destacó que este plan ha aumentado la media diaria de bloqueos, pasando de 235,600 llamadas y 10,000 SMS en los primeros meses a más de 434,915 llamadas y 18,666 SMS en junio y julio. Las medidas incluyen el bloqueo de numeraciones no atribuidas y la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores alfanuméricos utilizados en SMS, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de intentos de fraude.
El Ministerio de Vivienda de España ha alcanzado un acuerdo con Airbnb para la retirada de anuncios de pisos turísticos que no cuenten con un código de registro. Este compromiso incluye el envío mensual de información por parte de Airbnb sobre los anuncios publicados en su plataforma, facilitando así el cumplimiento de la normativa estatal. España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar esta regulación, que busca combatir el fraude en alquileres turísticos y garantizar el derecho a una vivienda digna. A partir de agosto de 2025, Airbnb deberá proporcionar datos sobre los números de registro correspondientes, y retirará anuncios irregulares tras notificar a los anfitriones, quienes tendrán un plazo para corregir las irregularidades antes de la eliminación definitiva del anuncio.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se detuvieron a ocho miembros en diversas ciudades españolas, incluyendo Madrid y Barcelona. La trama, compuesta por 93 empresas en varios países, eludía el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y ventas a través de empresas ficticias. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación en los delitos. La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea y contó con la colaboración de múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a cientos de personas. La operación, denominada "Humo digital", resultó en la detención de 21 individuos y la incautación de vehículos de lujo, un arma, y más de un millón de euros en efectivo. El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones, utilizando técnicas avanzadas de manipulación psicológica y plataformas digitales fraudulentas para atraer a sus víctimas. Desde su inicio en 2022, se registraron más de 300 denuncias relacionadas con este fraude.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra seis personas, incluidas cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Utilizaron documentos falsificados para recibir aproximadamente 1.5 millones de euros y realizaron transacciones encubiertas para ocultar el flujo ilegal de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por fraude y multas significativas para las empresas involucradas.
La Fiscalía Europea ha incautado 1.1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, involucrando a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos bajo investigación por solicitar fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural mediante información falsa. Se descubrió una asociación criminal que operaba con la complicidad de contadores y funcionarios públicos, quienes recibieron promesas de comisiones sobre los fondos. Las autoridades también realizaron registros en domicilios y empresas para recolectar pruebas.
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