Fraude

El Ministerio de Vivienda de España ha alcanzado un acuerdo con Airbnb para la retirada de anuncios de pisos turísticos que no cuenten con un código de registro. Este compromiso incluye el envío mensual de información por parte de Airbnb sobre los anuncios publicados en su plataforma, facilitando así el cumplimiento de la normativa estatal. España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar esta regulación, que busca combatir el fraude en alquileres turísticos y garantizar el derecho a una vivienda digna. A partir de agosto de 2025, Airbnb deberá proporcionar datos sobre los números de registro correspondientes, y retirará anuncios irregulares tras notificar a los anfitriones, quienes tendrán un plazo para corregir las irregularidades antes de la eliminación definitiva del anuncio.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se detuvieron a ocho miembros en diversas ciudades españolas, incluyendo Madrid y Barcelona. La trama, compuesta por 93 empresas en varios países, eludía el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y ventas a través de empresas ficticias. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación en los delitos. La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea y contó con la colaboración de múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a cientos de personas. La operación, denominada "Humo digital", resultó en la detención de 21 individuos y la incautación de vehículos de lujo, un arma, y más de un millón de euros en efectivo. El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones, utilizando técnicas avanzadas de manipulación psicológica y plataformas digitales fraudulentas para atraer a sus víctimas. Desde su inicio en 2022, se registraron más de 300 denuncias relacionadas con este fraude.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra seis personas, incluidas cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Utilizaron documentos falsificados para recibir aproximadamente 1.5 millones de euros y realizaron transacciones encubiertas para ocultar el flujo ilegal de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por fraude y multas significativas para las empresas involucradas.

La Fiscalía Europea ha incautado 1.1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, involucrando a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos bajo investigación por solicitar fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural mediante información falsa. Se descubrió una asociación criminal que operaba con la complicidad de contadores y funcionarios públicos, quienes recibieron promesas de comisiones sobre los fondos. Las autoridades también realizaron registros en domicilios y empresas para recolectar pruebas.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto cabecilla de un esquema de fraude de 100 millones de euros en Rumanía, vinculado a la mafia. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda mientras el sospechoso intentaba huir del país. La investigación reveló que este ciudadano italiano lideraba un grupo criminal que utilizaba empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante licitaciones fraudulentas relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua. Se descubrió que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y ganaron contratos por más de 100 millones de euros, aunque no realizaron ninguna obra. La EPPO, apoyada por las autoridades rumanas y OLAF, investiga el caso tras alertas sobre irregularidades graves.

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de €32 millones relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude de tipo "carousel" que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas de la UE, exentas de IVA. Se investiga una empresa alemana que omitió ventas en su contabilidad, mientras que los teléfonos eran vendidos sin IVA por comerciantes austriacos y holandeses. Los detenidos enviaban paquetes con €230,000 en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando el caso.

La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa de logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico estimado en 1,2 millones de euros. Tras tres meses de investigación y seguimiento, fue localizado y arrestado.

El Ministerio de Consumo y la ACB han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. La ACB, la principal liga de baloncesto del país, se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades con la transparencia y la integridad del deporte. La DGOJ ya ha colaborado previamente con otras federaciones deportivas, destacando su intención de seguir incorporando nuevos actores para mejorar la eficacia en la detección de fraudes.

Una pareja de 29 años ha sido detenida en Basauri por la Ertzaintza tras ser acusada de cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer proporcionó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. La investigación, iniciada a raíz de un informe de Lanbide, reveló que la pareja había utilizado direcciones ficticias y documentación engañosa. Además, se han abierto diligencias contra tres personas que colaboraron en el fraude.

El Ministerio de Vivienda de España ha lanzado una campaña informativa para la activación del registro único de alquileres de corta duración, que comenzará el 1 de julio de 2025. Esta iniciativa posiciona a España como el primer país en adaptar la normativa europea destinada a combatir el fraude en los alquileres turísticos, promoviendo así un acceso más equitativo a viviendas dignas.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas en más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, llevó a la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaron tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero en un esquema que nunca devolvía las inversiones. Las autoridades continúan investigando este fraude global, que se inició tras una denuncia en Alemania.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude por subsidios y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el presupuesto croata, destinados a mejorar servicios para niños. Se alega que los sospechosos presentaron informes falsos para justificar pagos y que la dueña del jardín exigió a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.