El Gobierno español, bajo la dirección de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial en las negociaciones climáticas actuales. Se espera que impulse un acuerdo que proteja los bosques y termine con el uso de combustibles fósiles, además de asegurar la financiación necesaria para enfrentar la crisis climática. Greenpeace destaca la importancia de compromisos firmes para proteger ecosistemas amenazados como la Amazonía y los territorios indígenas. La COP30 se centra en lograr un plan concreto para una transición justa hacia energías sostenibles y aumentar la financiación internacional, especialmente para las comunidades más afectadas por el cambio climático. La necesidad de justicia fiscal también es fundamental, exigiendo que las grandes empresas contaminantes contribuyan a reparar los daños causados por sus actividades.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asumirá un papel crucial en las negociaciones sobre mitigación climática, con la intención de fomentar una mayor ambición en este ámbito. En este contexto, se hace imperativo que los gobiernos se comprometan a proteger ecosistemas amenazados, como la Amazonía, así como los territorios indígenas que enfrentan la presión de grandes corporaciones. España tiene la responsabilidad de impulsar un plan concreto para un abandono justo y ordenado de los combustibles fósiles, integrándolo en los mecanismos de seguimiento necesarios para garantizar su efectividad.
Greenpeace ha instado al Gobierno español a proponer impuestos a la industria fósil y a las empresas más contaminantes como una forma de incrementar la financiación internacional pública y de calidad necesaria para abordar la crisis climática.
La COP30 se adentra en su semana decisiva tras una primera fase marcada por masivas movilizaciones ciudadanas. La Flotilla de la Cumbre de los Pueblos, compuesta por 200 embarcaciones, junto con más de 50.000 manifestantes en la Marcha Global por el Clima, han exigido justicia climática. Sin embargo, los informes preliminares indican fallos significativos tanto en las metas de reducción de emisiones como en la financiación necesaria para cumplir con dichos objetivos. Greenpeace ha criticado que la Unión Europea llega a la COP sin el liderazgo necesario, lo cual debe cambiar urgentemente.
Esta semana marca el inicio de las negociaciones entre ministros, donde se hace un llamado desde la presidencia para un “mutirão”, término brasileño que implica un esfuerzo colectivo hacia un acuerdo ambicioso. En este marco, tres iniciativas han cobrado fuerza: un plan sobre bosques y contra la deforestación, uno destinado a eliminar los combustibles fósiles y otro que busca triplicar la financiación hacia el sur global.
El Gobierno español puede jugar un rol decisivo gracias a que Sara Aagesen ha asumido la cofacilitación sobre mitigación y su liderazgo climático dentro de la Unión Europea. La ministra comenzó esta semana participando en un Evento de Alto Nivel donde abogó por el multilateralismo y una mayor ambición climática, aunque aún no se han presentado anuncios concretos para avanzar en las negociaciones.
La conferencia actual es histórica al celebrarse en la Amazonía, lo cual plantea una oportunidad única para alcanzar acuerdos significativos sobre los bosques. Los líderes indígenas presentes demandan compromisos claros para detener la deforestación y proteger sus territorios. Greenpeace exige un plan global para poner fin a la deforestación antes de 2030.
Diversas propuestas están siendo discutidas para facilitar el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Entre ellas destaca el diálogo promovido por Colombia para lograr una salida ordenada del uso de estos recursos energéticos; España se ha sumado a esta iniciativa junto con otros países. Además, más de 60 naciones forman parte de la alianza Más allá del Petróleo y del Gas (BOGA), que subraya la necesidad urgente de implementar planes concretos para esta transición energética.
A pesar del apoyo inicial mostrado por España, aún no se ha establecido una postura formal sobre este tema crítico dentro del marco negociador.
A diez años del Acuerdo de París, persiste el financiamiento hacia combustibles fósiles, contraviniendo principios fundamentales del mismo acuerdo que busca alinear flujos financieros con objetivos climáticos. Actualmente, se destinan anualmente 1,3 billones de dólares en subvenciones a estos combustibles. Aunque ha habido recortes en inversión pública, Greenpeace advierte sobre lagunas significativas que deben ser abordadas urgentemente.
“Es vital eliminar las subvenciones fósiles y establecer impuestos adecuados”, afirma Carlos García Paret, coordinador de Greenpeace. La organización también demanda al Gobierno español presentar un inventario completo sobre estas subvenciones y desarrollar un plan integral que duplique los recursos disponibles para acciones climáticas.
A medida que las comunidades más vulnerables sufren impactos devastadores debido a la crisis climática, las grandes empresas continúan beneficiándose económicamente. Greenpeace estima que estos daños ascienden a cinco billones de dólares; por ello, es esencial establecer mecanismos fiscales justos que obliguen a los principales contaminadores a asumir su responsabilidad financiera.
Aunque España ha hecho promesas durante esta cumbre respecto a aumentar su compromiso financiero hacia acciones climáticas globales, aún no se alcanzan niveles suficientes ni se distribuyen adecuadamente esos fondos entre subvenciones y créditos.
Un reciente informe publicado por Greenpeace destaca cómo los países del G20 son responsables del 80 % de las emisiones globales y deben asumir un papel proactivo en el cumplimiento del Acuerdo de París. Las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son insuficientes; muchos países desarrollados apenas planean reducciones modestas que no cumplen con lo necesario para limitar el calentamiento global.
Las decisiones tomadas por estas naciones serán determinantes para definir si es posible mantener el aumento térmico dentro del límite crítico establecido.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1,3 billones de dólares | Subvenciones anuales a combustibles fósiles a nivel mundial. |
| 7,9 billones de dólares | Inversión privada acumulada en combustibles fósiles desde 2015. |
| 120.000 millones de dólares | Objetivo de financiación para adaptación en 2030 propuesto en las negociaciones. |
| 5 billones de dólares | Valor estimado de los impactos devastadores sufridos por las comunidades más afectadas por la crisis climática. |
El Gobierno español, a través de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, puede desempeñar un rol decisivo al co-liderar las negociaciones sobre mitigación y promover una mayor ambición climática.
Se espera que se alcance un acuerdo ambicioso sobre la protección de los bosques, especialmente en la Amazonía, y que se comprometan los gobiernos a detener la deforestación y proteger los territorios indígenas.
Greenpeace pide al Gobierno español que proponga impuestos a la industria fósil y a las empresas más contaminantes para aumentar la financiación internacional pública y de calidad, así como un plan concreto para un abandono justo y ordenado de los combustibles fósiles.
A pesar de los compromisos internacionales, persisten 1,3 billones de dólares anuales en subvenciones a combustibles fósiles. Esto va en contra del Acuerdo de París y dificulta alcanzar los objetivos climáticos necesarios.
Se está considerando triplicar la financiación hacia el sur global y establecer un objetivo de 120.000 millones de dólares en 2030 para adaptación. Además, se busca que las grandes empresas contaminantes paguen por los daños causados por su actividad.