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El Gobierno español, bajo la dirección de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial en las negociaciones climáticas actuales. Se espera que impulse un acuerdo que proteja los bosques y termine con el uso de combustibles fósiles, además de asegurar la financiación necesaria para enfrentar la crisis climática. Greenpeace destaca la importancia de compromisos firmes para proteger ecosistemas amenazados como la Amazonía y los territorios indígenas. La COP30 se centra en lograr un plan concreto para una transición justa hacia energías sostenibles y aumentar la financiación internacional, especialmente para las comunidades más afectadas por el cambio climático. La necesidad de justicia fiscal también es fundamental, exigiendo que las grandes empresas contaminantes contribuyan a reparar los daños causados por sus actividades.
España enfrenta una grave emergencia climática, evidenciada por las recientes lluvias torrenciales en Tarragona, Castelló y València, que siguen a un verano marcado por olas de calor extremo y devastadores incendios forestales. Greenpeace alerta sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos, que ya han causado miles de muertes y grandes pérdidas materiales. La organización exige medidas urgentes del Gobierno y la Unión Europea para abandonar los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia energías renovables y adoptar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto del cambio climático. La necesidad de un Pacto de Estado por la emergencia climática es crucial para proteger tanto a las generaciones actuales como futuras.
En un contexto global marcado por conflictos y crisis económicas, la ONU ha mantenido su compromiso de promover la paz y el desarrollo sostenible. En 2024, la organización brindó asistencia humanitaria a 116 millones de personas en 77 países, a pesar de enfrentar un costo humano devastador con 373 trabajadores asesinados, principalmente en Gaza. El informe del Secretario General destaca la resiliencia del personal de la ONU y sus esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano. La Cumbre del Futuro 2024 resultó en el Pacto para el Futuro, que busca revitalizar la cooperación internacional y abordar desafíos como el cambio climático y los derechos humanos. La ONU continúa trabajando para garantizar un futuro más equitativo y sostenible a través de iniciativas centradas en los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
La prevención de grandes incendios forestales en España requiere un enfoque integral que aborde la despoblación y transforme el modelo agroalimentario. Greenpeace destaca la importancia de la agricultura, ganadería extensiva y manejo silvopastoril como herramientas clave para gestionar los recursos naturales y mitigar el riesgo de incendios. Un reciente informe sugiere que un cambio hacia un sistema alimentario sostenible podría duplicar el empleo en el sector ganadero y aumentar en un 30% el empleo agrícola-forestal, además de capturar 10,7 millones de toneladas de CO₂eq anuales. Las comunidades más afectadas por los incendios son también las más despobladas, lo que agrava la situación. Para abordar esta crisis, es esencial implementar planes preventivos efectivos y dotar a los municipios de recursos adecuados. La recuperación del paisaje agroforestal tradicional es fundamental para reducir la carga de combustible y mejorar la resiliencia ante el fuego.
Un informe de Greenpeace revela que España es el segundo país de Europa con las conexiones en tren más caras en comparación con los vuelos, donde un trayecto como Barcelona-Londres puede costar hasta 26 veces más en tren. Este análisis destaca una movilidad ineficiente en Europa, donde el 92 % de las rutas transfronterizas son más económicas en avión. Las aerolíneas, favorecidas por privilegios fiscales, contribuyen a agravar la crisis climática al emitir cinco veces más CO₂ por pasajero-kilómetro que los trenes. Greenpeace exige reformas para hacer el transporte ferroviario más asequible y sostenible, incluyendo la eliminación de subvenciones a la aviación y la mejora de la infraestructura ferroviaria.
La crisis climática ha provocado un aumento alarmante de las muertes por calor en Europa, triplicándose durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, según un estudio del Imperial College London. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. En España, se estima que entre 400 y 800 muertes están relacionadas con este fenómeno, además de restricciones laborales y cierres escolares. La organización destaca que una encuesta revela que el 90% de los españoles apoya gravar a estas empresas para mitigar los efectos del cambio climático.
Greenpeace ha denunciado que el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2040, que propone una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, es insuficiente y presenta "trampas" en su implementación. La organización advierte que la propuesta permite compensar emisiones mediante pagos a países fuera de la UE, lo que dilata el necesario abandono de combustibles fósiles. Según Greenpeace, el Consejo Científico Asesor sobre el Clima de la UE recomienda una reducción entre el 90% y el 95%, y destaca que la UE debería alcanzar emisiones netas cero como muy tarde en 2040. A pesar de reconocer algunas medidas positivas en la propuesta, Greenpeace insiste en que se requieren políticas más ambiciosas para enfrentar la crisis climática.
Mónica García, ministra de Sanidad, destacó la importancia de combatir la desigualdad como un medio esencial para proteger la salud pública. Durante el acto 'Equidad en Salud y principios Marmot', junto al profesor Michael Marmot, enfatizó que abordar las causas sociales de la desigualdad es fundamental para crear un sistema sanitario equitativo. García subrayó el aumento de la desigualdad en las últimas décadas y la necesidad de reforzar la salud pública mediante el nuevo Plan de Atención Primaria 2025-2027. También abordó el desafío de la crisis climática y su impacto en la salud global, instando a implementar políticas basadas en evidencia científica.
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La Alianza por el Clima, que agrupa a más de 40 organizaciones ecologistas, sindicatos y ONG, se unirá a las movilizaciones globales en torno a la COP30 con acciones programadas para el 14 y 15 de noviembre en toda España. Esta iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de una transición justa ante los recientes récords de temperatura y desastres naturales en el país. La organización destaca que es crucial actuar ahora para enfrentar la crisis climática, instando a la ciudadanía a salir a las calles y presionar a los gobiernos para que tomen medidas efectivas contra el uso de combustibles fósiles. La movilización también está alineada con iniciativas internacionales que promueven justicia climática y equidad social.
El cambio climático ha sido responsable de casi el 75% de las muertes por calor en España durante el verano, según un informe de The London School of Hygiene and Tropical Medicine e Imperial College London. Greenpeace advierte sobre la urgencia de establecer un pacto de Estado que contemple la participación ciudadana y se base en la ciencia para abordar la crisis climática. En Madrid, el impacto es aún más severo, con un 93% de las muertes atribuidas al cambio climático. La organización hace un llamado a adoptar medidas ambiciosas para mitigar los efectos del calentamiento global y proteger a las poblaciones vulnerables.
El plan del Partido Popular presenta aspectos positivos, como el apoyo a poblaciones afectadas y una reforma fiscal para la gestión forestal. Sin embargo, Greenpeace critica que no aborda la crisis climática de manera efectiva ni propone medidas concretas en competencias autonómicas. La organización ecologista señala que muchas propuestas ya están en la legislación vigente y que el plan carece de soluciones estructurales al abandono rural y a la adaptación de ecosistemas. A pesar de reconocer la mención del cambio climático, Greenpeace insta al PP a asumir su responsabilidad y participar activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Greenpeace ha lanzado un urgente llamado a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones netas cero para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por olas de calor y otros desastres climáticos. En España, se reportan casi 10.000 muertes relacionadas con el calor extremo en los últimos tres años. La organización destaca que el cambio climático está detrás de eventos extremos como incendios, inundaciones y sequías, que agravan la crisis sanitaria y económica. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales para abordar esta crisis global y proteger a las comunidades vulnerables.
Pedro Sánchez clausuró la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, destacando los avances en cooperación al desarrollo y el Compromiso de Sevilla, que propone mecanismos para aliviar la deuda y mejorar sistemas fiscales. El presidente subrayó la importancia de renovar la financiación internacional y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante la conferencia, se lanzó la Plataforma de Sevilla para la Acción, que busca unir esfuerzos entre países e instituciones para impulsar iniciativas innovadoras. Además, España se comprometió a alcanzar el 0,7% de su renta nacional bruta en ayuda al desarrollo para 2030 y a aumentar sus aportaciones a cooperación en salud, cambio climático y derechos humanos. Sánchez instó a continuar con el trabajo iniciado en Sevilla, defendiendo la cooperación frente al cinismo y el olvido.
La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha defendido en Sevilla la necesidad de transformar la financiación climática en una herramienta estructural para el desarrollo sostenible y la justicia social. Durante su intervención en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Aagesen subrayó que la acción climática debe ser vista como una oportunidad económica y no como una carga. Destacó la urgencia de adoptar modelos económicos que respeten los límites del planeta, mencionando que más del 60% del PIB mundial depende de ecosistemas saludables. En el panel se abordaron prioridades como la reforma de normas financieras globales y la movilización de financiación privada. Aagesen presentó iniciativas españolas como canjes de deuda por acción climática y bonos verdes, enfatizando que invertir en financiación climática es esencial para proteger a las poblaciones vulnerables frente a desastres climáticos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha expresado el apoyo del país a la "Visión para la agricultura y la alimentación" presentada por la Comisión Europea. Este documento aborda los retos inmediatos de la agricultura en la UE, incluyendo la prohibición de la venta a pérdidas y el establecimiento de contratos escritos en la cadena alimentaria. Planas destacó que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) deben enfocarse en quienes más lo necesitan, como pequeños y medianos productores. Además, se discutió la activación del fondo de reserva de crisis de la PAC para enfrentar adversidades climáticas, así como preocupaciones sobre el mercado agroalimentario tras la invasión de Ucrania.
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