Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha presidido una reunión en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para evaluar los riesgos derivados de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', que afectan a diversas regiones del país. Durante el encuentro, se discutieron las acciones en curso y la coordinación entre distintas administraciones para gestionar esta emergencia climática. Sánchez había sobrevolado previamente las áreas impactadas en Andalucía y estuvo acompañado por la ministra Sara Aagesen y el ministro Fernando Grande-Marlaska.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) propondrá a las comunidades autónomas declarar a la anguila como especie 'En peligro de extinción' en el próximo Comité de Flora y Fauna, programado para el 17 de febrero. Esta medida busca proteger una especie que ha experimentado un drástico declive desde mediados del siglo XX, siendo catalogada como en peligro crítico por la UICN. La propuesta se basa en criterios científicos sólidos y requiere colaboración con las comunidades autónomas, ya que la anguila se pesca exclusivamente en aguas interiores. El sector gastronómico también se ha comprometido a promover prácticas sostenibles, apoyando la campaña 'Angulas, no, gracias', que aboga por evitar el consumo de esta especie.
La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha decidido enviar una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio para informar sobre el alarmante aumento de ataques en redes sociales contra profesionales de la divulgación climática y meteorología. Según un informe reciente, el 49% de las publicaciones en la red social X se relacionan con negacionismo y el 17,6% con discursos de odio. Aagesen enfatiza la importancia de estos divulgadores en la lucha contra la desinformación y reafirma el compromiso de España con el multilateralismo climático, destacando que en 2027 asumirá la vicepresidencia de IRENA.
Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, participó en Bruselas en la cuarta reunión de la Alianza para la Industria Electrointensiva, donde se discutió el Plan de Acción RESourceEU y la necesidad de una política industrial europea robusta. Hereu destacó la importancia de asegurar la autonomía estratégica en materias primas críticas y abogó por un Fondo Europeo de Competitividad que apoye a sectores industriales clave como el acero y el automóvil. También se abordaron temas sobre el comercio electrónico y las barreras administrativas en el mercado interior europeo, con un enfoque en simplificar la regulación para beneficiar a empresas y pymes.
España se adhiere a la Declaración de Belém, un compromiso internacional que busca acelerar la descarbonización de la industria pesada y fomentar un desarrollo sostenible y justo. Anunciado por la vicepresidenta Sara Aagesen en el marco de la COP30, este acuerdo reúne a países, organismos multilaterales y el sector privado para impulsar una industrialización verde. Los objetivos incluyen promover modelos productivos eficientes, reforzar la cooperación internacional en tecnología y financiación, mejorar la coordinación global y apoyar un nuevo mecanismo de gobernanza. La iniciativa está respaldada por diversas entidades y tiene como meta transformar sectores industriales intensivos en emisiones hacia prácticas más limpias e innovadoras.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que refuerza la resiliencia y estabilidad del sistema eléctrico. Esta normativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, establece medidas para mejorar la supervisión y control del sector eléctrico, fomentando el almacenamiento de energía y la electrificación de la economía. Se prevé que el almacenamiento alcance 22,5 GW para 2030, priorizando su integración con plantas de generación existentes. Además, se acortan los plazos de respuesta de las distribuidoras para facilitar nuevas conexiones eléctricas, especialmente en el ámbito industrial y para vehículos eléctricos. El decreto también incluye una hoja de ruta para la repotenciación de instalaciones y regula plataformas de I+D+i para innovaciones en generación y almacenamiento energético.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha hecho un llamado a la unidad para establecer un "Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática" durante su intervención en una convención en Ponferrada. Destacó que España se posiciona como líder en la lucha contra el cambio climático y subrayó la importancia de actuar con anticipación ante sus efectos. Sánchez solicitó la colaboración de todas las administraciones y fuerzas políticas, enfatizando que el cambio climático es un problema grave que requiere una respuesta colectiva. Además, resaltó el respaldo ciudadano a este pacto y afirmó que España se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico en Europa, impulsando la creación de empleo a través de políticas sostenibles y energías renovables.
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España ha lanzado el mayor proyecto en la historia de los fondos LIFE de la Unión Europea, denominado LIFE Humedales, con un presupuesto inicial de 160,5 millones de euros. Este ambicioso programa tiene como objetivo restaurar más de 26.100 hectáreas de humedales en 107 espacios de la Red Natura 2000 a lo largo de diez años. La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, presentó el proyecto en Irún, destacando su importancia para la protección del medio ambiente y la acción climática. Se llevarán a cabo 284 actuaciones que integrarán políticas sectoriales y promoverán la sensibilización sobre la conservación de estos ecosistemas vitales. Con una colaboración entre diversas comunidades autónomas y organizaciones, el proyecto busca mejorar la gestión y planificación de los humedales, contribuyendo así a la biodiversidad y al bienestar social.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado un anteproyecto de ley para fortalecer el hidrógeno en España durante la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás. Este proyecto busca crear un sistema nacional de hidrógeno, regular el mercado y fomentar la inversión en gases renovables. Aagesen destacó que se han destinado más de 3.000 millones de euros en ayudas al hidrógeno renovable y presentó nuevas iniciativas para financiar proyectos relacionados con la producción de hidrógeno y la electrificación de procesos industriales. Además, se iniciará una consulta pública sobre la sostenibilidad de estos gases, con el fin de establecer un sistema de trazabilidad y certificación que garantice su impacto ambiental positivo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha defendido en el Congreso la inversión estatal en servicios públicos durante los últimos siete años, destacando un apoyo financiero a las comunidades autónomas que supera los 300.000 millones de euros. Durante la sesión de control, subrayó la importancia de fortalecer la sanidad, educación y políticas sociales, al tiempo que instó a las comunidades a traducir esta inversión en mejoras reales. Además, celebró logros económicos como la creación de empleo y la reducción de desigualdad, así como avances en transición ecológica y políticas migratorias. Sánchez también enfatizó el compromiso del Gobierno con la igualdad de género y las medidas adoptadas para apoyar a las mujeres trabajadoras.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha anunciado una inversión de 465 millones de euros para proyectos españoles en las próximas subastas europeas de hidrógeno y calor industrial. Durante la clausura del II Evento Anual de la Alianza Q-Cero en Madrid, destacó que 415 millones se destinarán a la producción y uso de hidrógeno renovable, mientras que 50 millones apoyarán iniciativas de descarbonización en la industria. Esta contribución forma parte del mecanismo europeo de subastas como servicio (AaaS) del Banco Europeo del Hidrógeno, con el objetivo de impulsar el desarrollo del hidrógeno verde en España y fortalecer su competitividad en este sector estratégico.
El Gobierno español, bajo la dirección de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial en las negociaciones climáticas actuales. Se espera que impulse un acuerdo que proteja los bosques y termine con el uso de combustibles fósiles, además de asegurar la financiación necesaria para enfrentar la crisis climática. Greenpeace destaca la importancia de compromisos firmes para proteger ecosistemas amenazados como la Amazonía y los territorios indígenas. La COP30 se centra en lograr un plan concreto para una transición justa hacia energías sostenibles y aumentar la financiación internacional, especialmente para las comunidades más afectadas por el cambio climático. La necesidad de justicia fiscal también es fundamental, exigiendo que las grandes empresas contaminantes contribuyan a reparar los daños causados por sus actividades.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asignado 10,7 millones de euros en ayudas para la creación de 106 nuevas comunidades energéticas en España. Esta iniciativa, parte del programa CE Implementa y financiada por fondos europeos NextGenEU, busca fomentar la participación ciudadana en el sector energético y contribuir a los objetivos de descarbonización. En total, se han impulsado 371 proyectos que generarán más de 20.000 kW de energía eléctrica renovable y establecerán nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Las comunidades beneficiarias son principalmente cooperativas y asociaciones, destacando regiones como Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Este esfuerzo refuerza el compromiso del MITECO con la sostenibilidad y la democratización del acceso a la energía renovable.
La Alianza por el Clima, la mayor coalición climática de España, ha llevado a cabo una Convención en Ponferrada para abordar la necesidad de equilibrar las políticas de mitigación y adaptación ante la crisis climática. La organización exige que el Pacto de Estado se amplíe para incluir no solo la gestión de riesgos, sino también estrategias efectivas de mitigación y financiación climática, priorizando la justicia social. Durante el evento, se destacó la importancia de implementar legislaciones ya aprobadas y garantizar la participación activa de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas climáticas. Los representantes de diversas organizaciones enfatizaron la urgencia de una transformación sistémica que contemple tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático.
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