Greenpeace ha presentado un informe que demuestra que España y Portugal pueden alcanzar emisiones cero en 2040, diez años antes de lo acordado por la Unión Europea. Este estudio se lanza en vísperas de la Cumbre de Santa Marta en Colombia y propone un sistema energético que reduce el uso de energía en un 39% respecto al consumo actual, cubriendo el 100% de la demanda con energías renovables. El informe destaca la importancia de los conceptos de 'suficiencia' y 'eficiencia' para mejorar la calidad de vida y minimizar el impacto ambiental. Además, se estima que esta transición podría ahorrar a España 25 mil millones de euros anuales en inversiones energéticas. Greenpeace insta al gobierno español a liderar el abandono global de combustibles fósiles y a implementar un "Contrato Social Verde" para acelerar la transición energética.
Greenpeace ha subrayado la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles como una estrategia clave para enfrentar tanto las guerras como el cambio climático. En el contexto del conflicto en Irán, las grandes petroleras han visto un incremento significativo en su valor de mercado, lo que resalta la relación entre la industria fósil y la especulación bélica. La organización ambientalista exige al Gobierno español un liderazgo claro en la próxima Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo en Colombia. Greenpeace propone un plan integral que incluya un sistema energético 100% renovable, transporte público sostenible y un modelo agroalimentario ecológico. Estas medidas son fundamentales para garantizar una vida más justa y reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes que perpetúan conflictos y desigualdades.
Greenpeace ha instado a todos los partidos políticos de Castilla y León a priorizar la movilidad sostenible en el próximo ciclo electoral, proponiendo la adhesión al nuevo abono único de transporte. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la dependencia del vehículo privado en una región con alta dispersión territorial. La organización destaca la necesidad de reforzar las conexiones entre municipios y facilitar el acceso al transporte público, enfatizando que la movilidad debe ser considerada un derecho. Además, propone integrar el sistema de transporte autonómico en el abono único estatal para ofrecer un servicio más accesible y eficiente.
Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda favorezca a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de que se han aprobado medidas para financiar vivienda asequible y limitar los alquileres de corta duración, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace enfatiza la necesidad de priorizar estándares de construcción y eficiencia energética para garantizar viviendas dignas y sostenibles, instando a la UE a proteger a las personas frente a intereses empresariales. Además, se solicita una transición hacia sistemas de calefacción renovables para reducir el consumo de gas fósil en el sector residencial.
Greenpeace Internacional ha expresado su profunda preocupación por los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, instando a la protección de la población civil y las infraestructuras críticas. Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace, destacó que estos ataques solo agravan el sufrimiento del pueblo iraní, que ya enfrenta una severa represión. La organización enfatiza que tales acciones no traerán estabilidad ni seguridad, y llama a todas las partes a detener cualquier acción militar y retomar negociaciones bajo supervisión internacional. Además, Greenpeace advierte sobre los daños ambientales a largo plazo que conllevan los conflictos bélicos y hace un llamado urgente a priorizar la diplomacia para evitar una escalada mayor.
Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "aptos para microondas", que pueden liberar millones de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe revela que calentar estos envases puede incrementar la contaminación química, exponiendo a los consumidores a riesgos graves para la salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia ante esta crisis de plásticos, advirtiendo que las etiquetas engañosas ofrecen una falsa sensación de seguridad. La producción de platos preparados envasados en plástico está en aumento, lo que agrava el problema del uso excesivo de plásticos en el sistema alimentario global.
Greenpeace ha expresado su preocupación respecto al nuevo fondo "España crece", que movilizará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para la construcción de viviendas. María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, señala que este enfoque ignora el verdadero problema del déficit habitacional, ya que existe una burbuja especulativa y un 14% de viviendas vacías en el país. La organización aboga por rehabilitar las viviendas existentes y garantizar su acceso, destacando que se pueden rehabilitar hasta 10 millones de viviendas para 2040, lo que mejoraría el bienestar colectivo y reduciría la pobreza energética. Greenpeace pide al Gobierno que priorice una economía más justa y sostenible, enfocándose en soluciones a largo plazo que beneficien a la ciudadanía en lugar de favorecer a grandes corporaciones.
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Greenpeace ha anunciado que su barco, el Arctic Sunrise, se unirá a la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, que zarpará desde Barcelona el 12 de abril de 2026. Esta flotilla, compuesta por más de 70 embarcaciones, busca desafiar el bloqueo ilegal impuesto a Gaza por Israel y proporcionar apoyo marítimo y logístico. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, destacó la importancia de esta misión en un contexto de escalada bélica en Oriente Medio. La flotilla responde a un llamamiento de la población palestina y tiene como objetivo exigir acceso humanitario seguro a Gaza. En su última edición, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes, lo que resalta la tensión en la región.
Greenpeace ha instado a los gobiernos a frenar el lobby empresarial en las negociaciones de la primera Conferencia de las Partes (COP) de océanos, que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York. Estas conversaciones son cruciales para abordar el impacto destructivo de la pesca industrial en alta mar, que amenaza gravemente la biodiversidad marina. La organización exige que se limite la influencia del sector pesquero en la creación de santuarios marinos, necesarios para la recuperación del océano. Los gobiernos se han comprometido a proteger el 30% del océano en los próximos cuatro años, un objetivo mínimo para restaurar su salud tras años de explotación.
Más de 50 organizaciones, incluyendo grupos ecologistas y sociales, han exigido al Gobierno de España el cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027 y 2028. Alertan que prorrogar su funcionamiento hasta 2030 podría costar a los ciudadanos más de 3.800 millones de euros y poner en riesgo inversiones en energías renovables por un total de 26.129 millones. El manifiesto destaca la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovables y critica la gestión actual de residuos radiactivos. Las organizaciones piden el cierre inmediato de los reactores y una transición energética efectiva antes de 2035.
Greenpeace Internacional ha respondido a la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción de petróleo en 206.000 barriles diarios, en medio del conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace, enfatiza que esta medida no resuelve la dependencia global de los combustibles fósiles, que pone en riesgo la paz y la seguridad. Aboga por soluciones sostenibles y diplomáticas, destacando que las energías renovables pueden ofrecer una alternativa local y libre de conflictos geopolíticos. Además, Greenpeace solicita un alto el fuego inmediato y el respeto al derecho internacional para aliviar el sufrimiento de la población civil afectada por la violencia.
Más de 100 organizaciones, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid. La declaración presentada destaca la necesidad de un mecanismo legal internacional para frenar la extracción de combustibles fósiles, principal causa de la emergencia climática. Las organizaciones piden a España que asuma un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y promueva un plan vinculante para una transición energética justa y sostenible. Este llamado se produce a dos meses del evento internacional que busca abordar la dependencia de los combustibles fósiles y sus impactos sociales y ambientales.
Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización ambiental y la posible reducción de estándares que podrían comprometer la calidad de los ecosistemas acuáticos y la protección de hábitats y especies. Además, advierten sobre iniciativas legislativas que podrían debilitar normativas clave para la biodiversidad y el medio ambiente. Las organizaciones piden un refuerzo de las regulaciones existentes para asegurar una transición ecológica efectiva.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que desafíe el modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, se presentaron los 11 Pactos Ecosociales, que abordan áreas clave como energía, alimentación, agua, vivienda y democracia. Activistas destacados como Ada Colau y Fernando Valladares participaron en diálogos sobre la creación de un movimiento social más allá del crecimiento. El Foro busca promover un cambio colectivo que priorice el bienestar humano dentro de los límites ecológicos, enfrentando las crisis sociales y ambientales actuales.
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