Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "aptos para microondas", que pueden liberar millones de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe revela que calentar estos envases puede incrementar la contaminación química, exponiendo a los consumidores a riesgos graves para la salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia ante esta crisis de plásticos, advirtiendo que las etiquetas engañosas ofrecen una falsa sensación de seguridad. La producción de platos preparados envasados en plástico está en aumento, lo que agrava el problema del uso excesivo de plásticos en el sistema alimentario global.
Greenpeace ha expresado su preocupación respecto al nuevo fondo "España crece", que movilizará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para la construcción de viviendas. María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, señala que este enfoque ignora el verdadero problema del déficit habitacional, ya que existe una burbuja especulativa y un 14% de viviendas vacías en el país. La organización aboga por rehabilitar las viviendas existentes y garantizar su acceso, destacando que se pueden rehabilitar hasta 10 millones de viviendas para 2040, lo que mejoraría el bienestar colectivo y reduciría la pobreza energética. Greenpeace pide al Gobierno que priorice una economía más justa y sostenible, enfocándose en soluciones a largo plazo que beneficien a la ciudadanía en lugar de favorecer a grandes corporaciones.
Greenpeace ha denunciado el negacionismo climático de Donald Trump, afirmando que su apoyo a los combustibles fósiles pone en riesgo la salud pública y profundiza la dependencia energética de la Unión Europea (UE) hacia Estados Unidos. La organización exige que la UE rompa esta dependencia, especialmente tras firmar contratos de gas estadounidense por entre 190.000 y 210.000 millones de euros desde 2022, extendiéndose más allá de 2035, cuando se espera eliminar el gas fósil. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, activistas de Greenpeace realizaron una protesta simbólica para resaltar el peligro que representa esta relación con líderes autoritarios. En España, las importaciones de gas estadounidense han alcanzado récords, lo que agrava la situación climática y económica del país. Greenpeace advierte que mantener estos contratos perjudica la transición hacia un sistema energético renovable y aumenta la vulnerabilidad geopolítica.
Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses españoles, que están bajo una presión climática creciente y no diseñada para las condiciones actuales. Muchas presas han superado su vida útil teórica de 50 a 75 años, lo que afecta su eficiencia operativa debido a la acumulación de sedimentos. La organización enfatiza que el enfoque debe cambiar hacia la mejora y mantenimiento de estas infraestructuras en lugar de construir nuevas. Además, destaca la importancia de invertir en restauración hidrológico-forestal para mitigar la erosión y mejorar la gestión del agua. Sin una acción decidida, la "garantía de agua" en España podría volverse insostenible ante futuros desafíos hídricos.
Greenpeace Nordic expresa su profunda preocupación por las amenazas y la hostilidad del presidente Donald Trump hacia Groenlandia. La organización defiende el derecho del pueblo groenlandés a determinar su futuro sin coerción ni violencia, criticando las erróneas preocupaciones de seguridad internacional del régimen de Trump. Además, llama a la comunidad internacional a actuar para proteger el derecho internacional y evitar más daños, recordando la reciente intervención militar en Venezuela.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto acabar con el cambio estacional de horario a partir de 2026. María Prado, Responsable de Campañas de Greenpeace, ha celebrado esta iniciativa, destacando la importancia de reabrir el debate sobre el cambio de hora. Según Prado, este tema no solo afecta al bienestar social y la salud, sino que también es crucial para la eficiencia energética y el ahorro. Aboga por un consumo energético alineado con las horas de producción de energías renovables en España, lo que podría reducir la dependencia de fuentes contaminantes como el gas importado y la energía nuclear. La gestión adecuada de la demanda es esencial para avanzar hacia un sistema energético 100% renovable y eficiente.
España enfrenta una grave emergencia climática, evidenciada por las recientes lluvias torrenciales en Tarragona, Castelló y València, que siguen a un verano marcado por olas de calor extremo y devastadores incendios forestales. Greenpeace alerta sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos, que ya han causado miles de muertes y grandes pérdidas materiales. La organización exige medidas urgentes del Gobierno y la Unión Europea para abandonar los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia energías renovables y adoptar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto del cambio climático. La necesidad de un Pacto de Estado por la emergencia climática es crucial para proteger tanto a las generaciones actuales como futuras.
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Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización ambiental y la posible reducción de estándares que podrían comprometer la calidad de los ecosistemas acuáticos y la protección de hábitats y especies. Además, advierten sobre iniciativas legislativas que podrían debilitar normativas clave para la biodiversidad y el medio ambiente. Las organizaciones piden un refuerzo de las regulaciones existentes para asegurar una transición ecológica efectiva.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que desafíe el modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, se presentaron los 11 Pactos Ecosociales, que abordan áreas clave como energía, alimentación, agua, vivienda y democracia. Activistas destacados como Ada Colau y Fernando Valladares participaron en diálogos sobre la creación de un movimiento social más allá del crecimiento. El Foro busca promover un cambio colectivo que priorice el bienestar humano dentro de los límites ecológicos, enfrentando las crisis sociales y ambientales actuales.
Greenpeace ha reaccionado a la comparecencia del Presidente del Gobierno sobre la crisis ferroviaria, valorando positivamente el reconocimiento de los problemas y la preocupación social. La organización destaca la necesidad de elevar los estándares de calidad y recuperar la confianza en el tren mediante una comunicación transparente y un plan de inversión centrado en el mantenimiento y seguridad de la red existente. Greenpeace subraya que es esencial priorizar el mantenimiento preventivo y adaptarse a los riesgos climáticos para garantizar un servicio ferroviario seguro y fiable. Además, insta a la clase política a mantener un debate responsable sobre este medio de transporte vital para millones de personas, advirtiendo que sin un tren de calidad no habrá cohesión social ni transición ecológica.
Un informe de Greenpeace revela que en España, el 10% de los beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) recibe el 62% del total de las subvenciones, mientras que el 1% más rico acapara el 28%. Este desbalance se refleja en la concentración de ayudas, donde el 20% superior recibe un 79% del dinero. Los agricultores europeos están protestando en Estrasburgo para exigir una distribución más equitativa de las subvenciones. Greenpeace aboga por reformas que prioricen a pequeñas explotaciones y acciones climáticas, sugiriendo que al menos el 50% del presupuesto de la PAC se destine a iniciativas ambientales. La situación actual fomenta la desigualdad y amenaza la viabilidad de pequeñas explotaciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro agrícola en Europa.
El Gobierno español, bajo la dirección de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial en las negociaciones climáticas actuales. Se espera que impulse un acuerdo que proteja los bosques y termine con el uso de combustibles fósiles, además de asegurar la financiación necesaria para enfrentar la crisis climática. Greenpeace destaca la importancia de compromisos firmes para proteger ecosistemas amenazados como la Amazonía y los territorios indígenas. La COP30 se centra en lograr un plan concreto para una transición justa hacia energías sostenibles y aumentar la financiación internacional, especialmente para las comunidades más afectadas por el cambio climático. La necesidad de justicia fiscal también es fundamental, exigiendo que las grandes empresas contaminantes contribuyan a reparar los daños causados por sus actividades.
El 87% de la población española considera esencial proteger los bosques para combatir el cambio climático, según una encuesta de Greenpeace. Este estudio, realizado a nivel internacional, revela que un alto porcentaje de ciudadanos en España cree que el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para frenar la deforestación. A solo un mes de la Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, el 80% de los encuestados opina que es crucial la cooperación internacional para abordar esta problemática. Los resultados destacan una creciente conciencia social sobre la necesidad de acciones concretas y efectivas para preservar los ecosistemas forestales y mitigar el impacto del cambio climático.
Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión del borrador del Real Decreto sobre la asignación de cuotas pesqueras. Exigen un enfoque que priorice prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Estas entidades destacan la necesidad de un reparto equitativo de las posibilidades de pesca, incentivos para prácticas responsables y mayor transparencia en el proceso. Además, abogan por establecer compromisos claros con plazos definidos para asegurar una transición hacia un modelo pesquero más sostenible y justo. Las organizaciones advierten que el actual texto podría perpetuar el statu quo sin generar cambios significativos.
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