Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión del borrador del Real Decreto sobre la asignación de cuotas pesqueras. Exigen un enfoque que priorice prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Estas entidades destacan la necesidad de un reparto equitativo de las posibilidades de pesca, incentivos para prácticas responsables y mayor transparencia en el proceso. Además, abogan por establecer compromisos claros con plazos definidos para asegurar una transición hacia un modelo pesquero más sostenible y justo. Las organizaciones advierten que el actual texto podría perpetuar el statu quo sin generar cambios significativos.
Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un modelo de transporte público que priorice a las personas. En el marco del Día Mundial Sin Coches, la organización ecologista presentó su propuesta de Garantía de Movilidad, que busca garantizar un transporte justo, seguro y sostenible, reduciendo la dependencia del coche privado. Las actividades incluyeron la colocación de carteles en autobuses y marquesinas informativas, con el objetivo de dialogar sobre las necesidades de la ciudadanía y denunciar las deficiencias del transporte público. Greenpeace destaca que el sector del transporte genera el 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, subrayando la importancia de un sistema de transporte eficiente para alcanzar los objetivos climáticos.
El cambio climático ha sido responsable de casi el 75% de las muertes por calor en España durante el verano, según un informe de The London School of Hygiene and Tropical Medicine e Imperial College London. Greenpeace advierte sobre la urgencia de establecer un pacto de Estado que contemple la participación ciudadana y se base en la ciencia para abordar la crisis climática. En Madrid, el impacto es aún más severo, con un 93% de las muertes atribuidas al cambio climático. La organización hace un llamado a adoptar medidas ambiciosas para mitigar los efectos del calentamiento global y proteger a las poblaciones vulnerables.
Greenpeace ha documentado desde el aire la devastación causada por los incendios forestales en Galicia y Castilla y León, con imágenes exclusivas del fotógrafo Pedro Armestre. En 2025, se ha registrado uno de los peores veranos en la historia de España, con casi 400.000 hectáreas quemadas y un aumento significativo en el tamaño medio de los grandes incendios. Las fotografías muestran la magnitud de la destrucción en áreas críticas como Sanabria, El Bierzo y Ourense. La crisis incendiaria ha dejado un saldo trágico: ocho muertos, más de 50 heridos y miles de evacuados. Greenpeace advierte sobre la necesidad urgente de gestionar las masas forestales para prevenir futuros desastres, resaltando que el cambio climático está exacerbando estos eventos extremos.
El plan del Partido Popular presenta aspectos positivos, como el apoyo a poblaciones afectadas y una reforma fiscal para la gestión forestal. Sin embargo, Greenpeace critica que no aborda la crisis climática de manera efectiva ni propone medidas concretas en competencias autonómicas. La organización ecologista señala que muchas propuestas ya están en la legislación vigente y que el plan carece de soluciones estructurales al abandono rural y a la adaptación de ecosistemas. A pesar de reconocer la mención del cambio climático, Greenpeace insta al PP a asumir su responsabilidad y participar activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Greenpeace ha instado a los partidos políticos a implementar medidas consensuadas para prevenir grandes incendios forestales, tras un verano devastador. La organización destaca la necesidad de un cambio en el modelo de gestión forestal, proponiendo una inversión anual de 1.000 millones de euros para gestionar 260.000 hectáreas y evitar el abandono de montes. Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, enfatiza que la solución radica en acuerdos políticos y políticas a largo plazo, no en usar la crisis como arma política. Las propuestas incluyen una gestión sostenible del riesgo de incendios y reformas fiscales que incentiven la actividad en el monte.
Una inversión anual de 1.000 millones de euros en prevención de incendios forestales podría generar un ahorro estimado de 99.000 millones de euros en costos de extinción, según Greenpeace. Este monto permitiría gestionar hasta 9,9 millones de hectáreas, similar a la superficie de Portugal. En lo que va del año, los grandes incendios han causado un coste aproximado de 615,2 millones de euros. La organización enfatiza la importancia de la gestión forestal y la necesidad urgente de implementar planes preventivos para mitigar el impacto devastador de los incendios en España.
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Greenpeace ha celebrado la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Carboneras, que declara el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, permite avanzar hacia la demolición del controvertido edificio ilegal ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a solo 14 metros del mar. Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, destacó que aunque esta acción llega con 16 años de retraso, representa un paso significativo hacia la eliminación de un símbolo de la destrucción costera. La organización ha estado luchando legalmente durante dos décadas para lograr la desaparición de esta construcción.
La Alianza por el Clima, que agrupa a más de 40 organizaciones ecologistas, sindicatos y ONG, se unirá a las movilizaciones globales en torno a la COP30 con acciones programadas para el 14 y 15 de noviembre en toda España. Esta iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de una transición justa ante los recientes récords de temperatura y desastres naturales en el país. La organización destaca que es crucial actuar ahora para enfrentar la crisis climática, instando a la ciudadanía a salir a las calles y presionar a los gobiernos para que tomen medidas efectivas contra el uso de combustibles fósiles. La movilización también está alineada con iniciativas internacionales que promueven justicia climática y equidad social.
Greenpeace ha presentado la propuesta "Garantía de Movilidad", que busca asegurar el acceso a transporte público seguro, asequible y sostenible para todos, independientemente de su ubicación o situación económica. En España, 25 millones de personas no tienen licencia de conducir, lo que resalta la necesidad de un sistema de movilidad inclusivo. La iniciativa se centra en transformar la movilidad activa y el transporte público como derechos ciudadanos fundamentales, estableciendo estándares vinculantes para frecuencia, cobertura y accesibilidad. Esta propuesta tiene como objetivo reducir la dependencia del automóvil, combatir la desigualdad social y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Además, se inspira en modelos exitosos de países europeos que han mejorado sus sistemas de transporte público.
La prevención de grandes incendios forestales en España requiere un enfoque integral que aborde la despoblación y transforme el modelo agroalimentario. Greenpeace destaca la importancia de la agricultura, ganadería extensiva y manejo silvopastoril como herramientas clave para gestionar los recursos naturales y mitigar el riesgo de incendios. Un reciente informe sugiere que un cambio hacia un sistema alimentario sostenible podría duplicar el empleo en el sector ganadero y aumentar en un 30% el empleo agrícola-forestal, además de capturar 10,7 millones de toneladas de CO₂eq anuales. Las comunidades más afectadas por los incendios son también las más despobladas, lo que agrava la situación. Para abordar esta crisis, es esencial implementar planes preventivos efectivos y dotar a los municipios de recursos adecuados. La recuperación del paisaje agroforestal tradicional es fundamental para reducir la carga de combustible y mejorar la resiliencia ante el fuego.
Un informe de Greenpeace revela que España es el segundo país de Europa con las conexiones en tren más caras en comparación con los vuelos, donde un trayecto como Barcelona-Londres puede costar hasta 26 veces más en tren. Este análisis destaca una movilidad ineficiente en Europa, donde el 92 % de las rutas transfronterizas son más económicas en avión. Las aerolíneas, favorecidas por privilegios fiscales, contribuyen a agravar la crisis climática al emitir cinco veces más CO₂ por pasajero-kilómetro que los trenes. Greenpeace exige reformas para hacer el transporte ferroviario más asequible y sostenible, incluyendo la eliminación de subvenciones a la aviación y la mejora de la infraestructura ferroviaria.
Greenpeace ha solicitado a la Junta de Andalucía que actúe para cumplir con la ley y derribar definitivamente el hotel Algarrobico, tras el reciente rechazo del Gobierno central al recurso de la promotora sobre su expropiación. Este emblemático edificio, símbolo de la especulación en las costas españolas, ha estado en pie durante 20 años a pesar de ser declarado ilegal. La organización ecologista destaca la necesidad de que se expropie la parte del inmueble que invade el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y asegura que su demolición debe marcar un cambio hacia una mayor protección del medio ambiente y un fin a la corrupción urbanística en las costas.
Greenpeace ha revelado que el municipio de Tres Cantos no figura en el listado de Zonas con Alto Riesgo de Incendio (ZAR), lo que lo exime de implementar un Plan de Actuación Municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). Esta información, solicitada a la Comunidad de Madrid en 2022, no ha sido actualizada. La organización pide una revisión urgente de las ZAR y la aprobación del Real Decreto en tramitación para establecer criterios comunes en los planes anuales de prevención y extinción de incendios forestales. Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, enfatiza la necesidad de cumplir con la normativa vigente tras recientes incidentes relacionados con incendios.
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