Greenpeace

Greenpeace ha revelado que el municipio de Tres Cantos no figura en el listado de Zonas con Alto Riesgo de Incendio (ZAR), lo que lo exime de implementar un Plan de Actuación Municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). Esta información, solicitada a la Comunidad de Madrid en 2022, no ha sido actualizada. La organización pide una revisión urgente de las ZAR y la aprobación del Real Decreto en tramitación para establecer criterios comunes en los planes anuales de prevención y extinción de incendios forestales. Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, enfatiza la necesidad de cumplir con la normativa vigente tras recientes incidentes relacionados con incendios.

Greenpeace ha hecho un llamado urgente a las administraciones para que actúen con mayor eficacia en la prevención de incendios forestales en España, donde este año se han registrado cuatro muertes, 14 heridos y 2000 evacuados. La organización destaca que, aunque la precaución ciudadana es importante, es fundamental que los gobiernos asuman su responsabilidad en la gestión forestal para reducir el riesgo de incendios. Los incendios actuales en regiones como Zamora, León, Ourense y Navarra están exacerbados por el cambio climático, lo que aumenta su frecuencia e intensidad. Greenpeace insiste en la necesidad de cumplir con las normativas de prevención y emergencia para proteger tanto a la población como al patrimonio cultural y natural del país.

Greenpeace ha expresado su escepticismo tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, un paso considerado crucial para la demolición del hotel de El Algarrobico. Esta modificación reconoce que el terreno no era urbanizable al momento de la construcción del hotel, aunque Greenpeace advierte que el Ayuntamiento aún debe cumplir completamente con las sentencias judiciales pertinentes. La organización ecologista insta al consistorio a anular la licencia de obras y a finalizar el trámite de modificación del PGOU. Además, solicita a la Junta de Andalucía que inicie el proceso de expropiación de los terrenos ubicados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, reafirmando su compromiso con la protección ambiental.

Greenpeace ha publicado un informe alarmante que revela que más del 70% de las capitales en España carecen de redes de refugios climáticos, esenciales para proteger a la población del calor extremo. Solo 16 de las 52 capitales disponen de estos espacios, y varias comunidades autónomas, como Extremadura y Castilla-La Mancha, no tienen ninguno. La organización destaca que los horarios de apertura son una gran deficiencia, ya que muchos refugios cierran durante las horas críticas de calor. Además, subraya la necesidad de mejorar la adecuación y accesibilidad de estos refugios para garantizar su efectividad. Ante el aumento de muertes por calor en el país, Greenpeace exige acciones urgentes para adaptar las ciudades y proteger a las personas más vulnerables.

Greenpeace ha expresado su descontento por el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, argumentando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista insta a la creación de una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas críticos como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Greenpeace también solicita la inclusión de diez medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, así como mejoras en el autoconsumo y proyectos de almacenamiento.

Greenpeace ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado información que podría facilitar la legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha utilizado un plano que clasifica la zona como urbanizable, a pesar de que múltiples procedimientos judiciales han declarado nula esta clasificación. Greenpeace considera que esta acción es un intento del ayuntamiento por eludir el cumplimiento de las sentencias y se ha personado en el expediente para supervisar el proceso y asegurar que se respeten las decisiones judiciales previas.

Greenpeace ha exigido que el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) se implemente según lo previsto el 30 de diciembre de 2025, tras la aprobación de una moción en el Parlamento Europeo que busca derogar un reglamento clave para la evaluación comparativa de países. La organización advierte que cualquier retraso en la aplicación del EUDR tendría graves consecuencias para la protección de los bosques y la credibilidad de las políticas ambientales europeas. Greenpeace critica además la propuesta de introducir una categoría de "riesgo insignificante", que podría facilitar el blanqueo de productos insostenibles. La transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro son esenciales para combatir la deforestación.

Greenpeace ha exigido al Gobierno español mayor contundencia en la regulación del oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con energías renovables, considerándola una medida peligrosa. Además, solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón reciente, abogando por la transparencia y la protección de los ciudadanos frente a los intereses del oligopolio. Greenpeace también pide medidas adicionales para acelerar la transición energética y regular el uso especulativo de las hidroeléctricas, enfatizando la necesidad de un sistema eléctrico 100% renovable para 2040.

Greenpeace ha denunciado la hambruna deliberada de la población palestina en Gaza, considerándola un crimen de guerra que debe cesar de inmediato. La organización informa que los palestinos están siendo asesinados y heridos mientras intentan acceder a alimentos en puestos de distribución militarizados, lo que ha llevado a una crisis de desnutrición generalizada. Greenpeace exige acciones concretas de la comunidad internacional para detener esta situación, incluyendo el levantamiento de restricciones a la ayuda humanitaria y un alto el fuego permanente. Además, solicita la liberación de detenidos palestinos y rehenes por parte de Hamás, así como sanciones selectivas contra Israel.

Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, tras la presentación por parte de Enagás de 15 iniciativas fragmentadas. Estas organizaciones denuncian que este fraccionamiento es inaceptable y podría vulnerar la legislación vigente. Solicitan al Gobierno que se realice un informe que contemple todas las infraestructuras relacionadas, argumentando que el desarrollo actual del mercado de hidrógeno es insuficiente y que la planificación carece de una visión global. Además, advierten sobre los riesgos de financiar infraestructuras privadas con fondos públicos sin demostrar su viabilidad o contribución a la descarbonización. La red aboga por una transición energética democrática y justa, con participación ciudadana y evaluación ambiental rigurosa.

Greenpeace ha presentado 32 propuestas clave para el anteproyecto de la nueva Ley Alimentaria en Cataluña, con el objetivo de transformar el sistema productivo y proteger el territorio. La organización aboga por la agroecología, la soberanía alimentaria y el acceso justo a la tierra, además de exigir el reconocimiento del derecho a una alimentación saludable y sostenible. Aunque valora positivamente las medidas sobre consumo, considera que las relativas a producción son insuficientes. Greenpeace propone establecer objetivos vinculantes para la producción ecológica y crear un fondo específico para la transición agroecológica. También destaca la necesidad de reformar la compra pública alimentaria, garantizar el acceso a la tierra y fomentar dietas más saludables. La organización hace un llamado a las instituciones catalanas para desarrollar esta ley con criterios sólidos que aborden los desafíos climáticos y sociales actuales.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando la incidencia de invierno. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas de Málaga, Valencia y Madrid, obligan a muchas familias a elegir entre costosas facturas eléctricas o soportar un calor extremo. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la promoción de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para las familias vulnerables, especialmente aquellas en régimen de alquiler.

Greenpeace ha lanzado un urgente llamado a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones netas cero para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por olas de calor y otros desastres climáticos. En España, se reportan casi 10.000 muertes relacionadas con el calor extremo en los últimos tres años. La organización destaca que el cambio climático está detrás de eventos extremos como incendios, inundaciones y sequías, que agravan la crisis sanitaria y económica. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales para abordar esta crisis global y proteger a las comunidades vulnerables.

La crisis climática ha provocado un aumento alarmante de las muertes por calor en Europa, triplicándose durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, según un estudio del Imperial College London. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. En España, se estima que entre 400 y 800 muertes están relacionadas con este fenómeno, además de restricciones laborales y cierres escolares. La organización destaca que una encuesta revela que el 90% de los españoles apoya gravar a estas empresas para mitigar los efectos del cambio climático.