Greenpeace ha instado a todos los partidos políticos de Castilla y León a priorizar la movilidad sostenible en el próximo ciclo electoral, proponiendo la adhesión al nuevo abono único de transporte. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la dependencia del vehículo privado en una región con alta dispersión territorial. La organización destaca la necesidad de reforzar las conexiones entre municipios y facilitar el acceso al transporte público, enfatizando que la movilidad debe ser considerada un derecho. Además, propone integrar el sistema de transporte autonómico en el abono único estatal para ofrecer un servicio más accesible y eficiente.
Greenpeace exige a los partidos de Castilla y León un compromiso con el transporte público
La organización ambientalista ha instado a que la movilidad se convierta en un asunto prioritario en el próximo ciclo político de la comunidad autónoma. En su propuesta, Greenpeace sugiere que Castilla y León se posicione como una región líder al sumarse al nuevo abono único, lo que beneficiaría tanto la calidad de vida de sus ciudadanos como su economía.
Este avance permitiría reforzar el transporte público y facilitar la movilidad, especialmente en áreas rurales, mejorando así la conectividad con otras comunidades. Con las elecciones programadas para el 15 de marzo, Greenpeace hace un llamado a todas las candidaturas para que, independientemente del resultado electoral, la movilidad sostenible sea un tema central en la agenda política.
Castilla y León es conocida por su alto grado de dispersión territorial, donde miles de personas dependen del vehículo privado para acceder a servicios esenciales como trabajo, educación o atención médica. La falta de alternativas adecuadas en muchos municipios, junto con factores como distancias largas y horarios inadecuados, ha llevado a una dependencia forzada del automóvil, generando desigualdad y pobreza en el acceso al transporte.
En este contexto, Greenpeace demanda que se reconozca la movilidad como un derecho fundamental. La organización aboga por mejorar las conexiones entre los municipios y sus cabeceras comarcales, así como entre las capitales. Es esencial coordinar mejor los horarios entre autobuses y trenes para facilitar la intermodalidad y responder efectivamente a las necesidades de la población.
Además, Greenpeace propone integrar el sistema autonómico en una única plataforma que permita planificar desplazamientos de manera más eficiente. Esto incluye el abono único de transporte recientemente implementado a nivel estatal. Este nuevo esquema permite viajar por todo el país con una tarifa plana mensual que combina trenes de Cercanías y Media Distancia con autobuses estatales.
No obstante, actualmente quedan excluidos los transportes autonómicos y municipales, lo que genera un sistema fragmentado. Greenpeace sugiere que Castilla y León integre su red en este modelo, incluyendo la tarjeta Buscyl y otros servicios locales de transporte.
"La Junta de Castilla y León ha dado pasos significativos hacia una movilidad más sostenible", afirma Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. "Con iniciativas como la tarjeta Buscyl y el bono rural para el transporte a demanda, hay potencial para convertir a esta comunidad en un referente nacional si se conecta adecuadamente con el nuevo abono único estatal."
Sin embargo, persisten desafíos como el aislamiento de muchos municipios y la baja frecuencia en algunas rutas. Por ello, Greenpeace insta a los responsables políticos a establecer estándares vinculantes sobre frecuencia, cobertura y accesibilidad.
Esto garantizaría una verdadera Garantía de Movilidad Sostenible, asegurando frecuencias adecuadas y tiempos razonables para viajar. De esta forma, vivir en áreas rurales no debería significar tener menos oportunidades de movilidad.
Greenpeace pide a todos los partidos que se comprometan con el transporte público y que prioricen la movilidad sostenible en el próximo ciclo político.
La organización propone que Castilla y León se sume al nuevo abono único, lo que beneficiaría la calidad de vida de sus ciudadanos y mejoraría el transporte público en la región.
El transporte público es fundamental para reducir el impacto del cambio climático, garantizar servicios de proximidad y facilitar la movilidad cotidiana, contribuyendo así al bienestar de la ciudadanía.
La comunidad tiene un alto grado de dispersión territorial, donde muchas personas dependen del vehículo privado debido a la falta de alternativas adecuadas en el transporte público.
Greenpeace sugiere mejorar las conexiones entre municipios, coordinar horarios entre autobuses y trenes, integrar el sistema autonómico en una plataforma única, y establecer estándares vinculantes para frecuencia y accesibilidad del transporte.
Integrar el transporte autonómico, urbano y rural en el abono único estatal facilitaría los desplazamientos, reduciría la dependencia del coche y convertiría a la comunidad en un referente en movilidad sostenible.