España se sitúa por encima de la media de la OCDE en términos de integridad pública y lucha contra la corrupción, según el último Informe bienal de la OCDE. El informe destaca el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y su implementación como una estrategia integral reconocida. España muestra un cumplimiento destacado en varios indicadores, como un 89% en gestión de conflictos de intereses y un 81% en acceso a la información pública. Sin embargo, se identifican áreas de mejora, especialmente en la regulación y práctica relacionada con los grupos de interés y la financiación de partidos políticos. La evaluación resalta avances significativos en el marco normativo, aunque subraya la necesidad de mejorar en su implementación práctica.
En el marco del Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad organizado anualmente por la OCDE, se ha dado a conocer el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción, que incluye la ficha-país de España. Este documento destaca los resultados específicos para cada nación y sirve como herramienta de análisis comparativo.
España se posiciona por encima de la media de la OCDE en casi todos los indicadores evaluados. Entre los aspectos más destacados se encuentra el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, así como el Anteproyecto de Ley que lo implementará, considerados como una estrategia integral pionera reconocida por la OCDE. Además, se resalta el alto rendimiento en la gestión de conflictos de intereses, mientras que se señala como área de mejora la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en trámite parlamentario.
El informe revela varios indicadores clave sobre el desempeño español en materia de integridad pública:
Estrategia: España presenta un cumplimiento del 53% en su marco regulatorio y un 17% en su implementación práctica, superando las medias de la OCDE, que son del 38% y 32%, respectivamente. La adopción del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción por parte del Consejo de Ministros es valorada positivamente, al igual que su ejecución a través del APL de Integridad Pública, constituyendo este último el primer marco estratégico formalmente aceptado por la organización.
Conflictos de intereses: Con un cumplimiento del 89% tanto en el marco regulatorio como en la práctica, España supera significativamente las medias OCDE (80% y 43%). Se destaca la rigurosa gestión individualizada de las “declaraciones de intereses” por parte de altos cargos. El anteproyecto de ley sobre Administración Abierta se considera una oportunidad para mejorar aún más este aspecto.
Acceso a la información pública: España alcanza un 89% en normativa y un 81% en práctica, frente al 72% y 62% promedio en la OCDE. Los avances hacia el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos son especialmente valorados, así como la cantidad de información administrativa publicada activamente en el Portal de Transparencia.
Grupos de interés: En este ámbito, España cumple con un 40% en marco regulatorio y un 0% en práctica (en comparación con las medias OCDE del 43% y 38%). Esto se debe a que está pendiente la aprobación del Proyecto de Ley sobre Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés (conocida como ley de lobbies), aunque se reconoce el esfuerzo realizado para avanzar con su remisión a las Cortes Generales.
Financiación de partidos políticos: España presenta un cumplimiento del 70% en marco regulatorio y un 43% en práctica, comparado con el 76% y 58% promedio en la OCDE. Se valora positivamente el marco normativo que establece sanciones proporcionales a las infracciones cometidas y prohíbe contribuciones a partidos políticos provenientes de empresas públicas o extranjeras. Todos los partidos deben reportar sus finanzas durante campañas electorales.
Integridad judicial: Con un cumplimiento del 88% en materia regulatoria y un 64% en práctica (frente al 66% y 45% promedio en la OCDE), se celebra especialmente el marco regulatorio aplicable al Poder Judicial. La transparencia entre los miembros del CGPJ también es destacada junto con la reciente aprobación e implementación práctica de la ley que protege a quienes informan sobre infracciones normativas.
Integridad del Ministerio Fiscal: España logra un cumplimiento del 76% en ámbito normativo y un 74% en práctica, superando las medias OCDE (66% y 52%). Las medidas adoptadas incluyen el “Código Ético del Ministerio Fiscal” y un canal interno para denuncias.
Sistema disciplinario: El país obtiene un notable cumplimiento del 92% en marco regulatorio pero solo un 17% en implementación práctica. Aunque cuenta con un sólido marco normativo, se señala como área mejorable la creación y difusión de guías estandarizadas para procedimientos disciplinarios dentro de la Administración General del Estado.
Se ha publicado el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE, junto con la ficha-país correspondiente a España.
España puntúa por encima de la media de la OCDE en prácticamente todos los indicadores analizados relacionados con la integridad pública y la lucha contra la corrupción.
El informe destaca el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, el alto rendimiento en gestión de conflictos de intereses, y señala como área de mejora la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés.
España obtiene un 89% de cumplimiento tanto en marco regulatorio como en práctica para conflictos de intereses, superando las medias de la OCDE.
España tiene un 89% en normativa y un 81% en práctica para el acceso a la información pública, lo que también está por encima de las medias correspondientes en la OCDE.
El marco regulatorio sobre financiación política es robusto, con un 70% en marco regulatorio y un 43% en práctica, aunque hay margen para mejorar.
La integridad judicial tiene un 88% en materia regulatoria y un 64% en práctica, destacándose positivamente el marco regulatorio que afecta al Poder Judicial.
A pesar del alto porcentaje del marco normativo (92%), se indica que es necesario elaborar y publicar guías estandarizadas sobre procedimientos disciplinarios.